Un país colgado de los abogados

Nunca un país se ha quedado tan colgado por unos abogados. La formación de Gobierno en España depende de que la Abogacía del Estado se moje por tercera vez sobre la inmunidad del líder independentista Oriol Junqueras, que cumple una condena de 13 años por sedición y malversación. Ese documento es la llave para que los 13 diputados de ERC se abstengan y Sánchez supere la investidura. O no.

El problema es que ese dictamen, cuyo plazo de presentación ante el Supremo expira el 2 de enero, impide a PSOE y ERC desvelar las claves del acuerdo que están negociando y que, previsiblemente, marcará la acción del futuro Gobierno de coalición de socialistas y morados.

Según ha avanzado El Confidencial, la Abogacía tampoco presentará el escrito este viernes. Lo dejará, previsiblemente, para el próximo lunes, día 30. De llegar ese día, las opciones de que el debate de investidura se celebre antes de Reyes son escasas.

El Ejecutivo mantiene la esperanza de que ese mismo día ERC apruebe el pacto y desencadene la convocatoria de Pleno por parte de Meritxell Batet para los días 2, 3 y 5 de enero. Todo un juego de esperas en el que entra, además, la intención de PSOE y Unidas Podemos de hacer público los detalles de su acuerdo de Gobierno.

El mutismo es absoluto y los republicanos se escudan en la “seriedad y discreción”. Mientras, el Gobierno espera que la demora del informe no afecte a las negociaciones con los republicanos para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

El pacto que persiguen socialistas e independentistas “no está ni mucho menos cerrado”, según el presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, aunque fuentes socialistas precisan que lo que queda por resolver son “flecos”. El silencio es total desde que comenzaron las negociaciones y han sido solo los republicanos quienes han ofrecido casi a diario su versión.

Tampoco ha trascendido qué trató antes de Navidad Pablo Iglesias, futuro vicepresidente de ese Ejecutivo, en la reunión que mantuvo con el president de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y con la diputada independentista Carolina Telechea. Un giro importante, porque el grueso de las negociaciones con los grupos del Congreso las ha llevado la socialista Adriana Lastra.

La portavoz del PSOE en la Cámara Baja mantiene contactos permanentes con intercambio de documentación sobre reivindicaciones autonómicas, regionales o locales para atraer el sí del resto de partidos de la Cámara, la más fragmentada y con más partidos regionalistas y nacionalistas desde 1977, informa Efe.

Todo, por tanto, depende de las tesis que la Abogacía utilice para responder a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia; una resolución que pidió el propio Tribunal Supremo y que ha metido al PSOE en este embrollo. ¿Cómo ha llegado a este lío?

Los jueces de Luxemburgo esgrimieron que Junqueras gozaba de inmunidad cuando se le impidió salir de prisión, en la que se encontraba de manera preventiva, para recoger su acta de eurodiputado el pasado mes de junio. Algo que no debió ocurrir, según la justicia europea.

La Fiscalía, que junto a la defensa de los independentistas procesados por el 1-O y Vox —acusación particular—, ya se ha posicionado sobre el fallo de Luxemburgo. Y lo ha admitido. Pero sostiene que esa inmunidad de Junqueras no le protege de cumplir la condena, porque el juicio terminó antes de que se proclamaran los resultados de las elecciones europeas.

En busca de una victoria política

Los independentistas catalanes de ERC quieren que la Abogacía del Estado reconozca el error de interpretación que cometió antes de que el Supremo dictara la sentencia del procés, que Junqueras ya ha pedido que se declare nula por esa vulneración de sus derechos.

Con ese reconocimiento, ERC busca una victoria política que permita al independentismo legitimar su causa contra el Estado, y presionar para que el resto las instituciones europeas intercedan en el “conflicto político” entre Cataluña y el resto de España. Un asunto que Bruselas siempre ha despachado como un “asunto interno” español.

El propio president de la Generalitat, Quim Torra, lo ha dejado claro en su réplica al discurso de Nochebuena de Felipe VI: “El problema es España, que vulnera los derechos humanos”.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que aunque se considera independiente sigue la estela del Gobierno, no tendrá que desdecirse, porque en los dos informes previos se mostró partidario de permitir la salida de Junqueras de la cárcel para que recogiera el acta en la Junta Electoral Central y acatara la Constitución.

Los letrados del Estado, sin embargo, erraron el tiro, porque defendieron que no existía duda de que “los derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión de la Cámara y no se extienden a los candidatos electos”. Y el TJUE les ha contrariado, ya que esos derechos se adquieren desde la proclamación de los resultados.

Un órgano con personas “ultraconservadoras”

Fuentes socialistas conocedoras del funcionamiento de las altas instituciones del Estado advierten de que la Abogacía, dirigida por Consuelo Castro, es un órgano en el que “abundan personas ultraconservadoras”. El encaje de la respuesta que dé a la sentencia europea no es sencillo.

El Gobierno contaba con que llegara esta semana, pero el tiempo pasa y la posibilidad de que el Congreso celebre el pleno de investidura antes de que acabe es casi nula. No obstante, la ministra de Defensa y responsable de Asuntos Exteriores en Funciones, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que “no hay ninguna explicación política” al hecho de que aún no se conozca el informe de la Abogacía.

Esas fuentes socialistas explican que la carrera para ejercer como abogado del Estado es difícil y requiere dedicación completa para preparar una oposición con un temario amplio que, en parte, debe superarse en inglés o francés.

Robles ha recordado que el plazo se extiende hasta el 2 de enero y ha subrayado que “los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimiento políticos”.

El Congreso, asun así, tiene habilitados de forma preventiva los días 28, 29 y 30 de diciembre como jornadas hábiles, ante la posibilidad de que se produjera una campanada en esas fechas y se celebre el debate de investidura.

Las otras peticiones de ERC

Una de las condiciones de los republicanos es que se establezca una mesa de diálogo “de igual a igual” entre el Gobierno central y el catalán para hablar de “todo”, lo que incluye el derecho de autodeterminación al que Cataluña no se puede acoger, según Naciones Unidas, y de amnistía para los presos del procés.

El Gobierno contempló mantener esos encuentros a través de la Comisión Bilateral entre ambos Ejecutivos, que es el marco de relación entre la Generalitat y el Gobierno del Estado que marca el Estatut, pero no es suficiente para el independentismo.

Otra de las peticiones de ERC es un encuentro entre el presidente en funciones y el president Quim Torra. Sánchez ha intentado superar ese órdago llamando a sus 17 colegas autonómicos para invitarles a una Conferencia de Presidentes si es investido y mantener encuentros bilaterales con cada uno de ellos.

Pero para que todo eso llegue, Sánchez debe desbloquear el primer nivel de su investidura y conseguir la abstención de ERC. Ese desbloqueo pasa por un grupo de altos funcionarios del Estado que ha dejado al PSOE colgado cuando está a punto de terminar el año, porque los socialistas tienen prisa y quieren tener ya en marcha el motor de la primera coalición desde la Segunda República.