El retorno de lo políticos huidos por el 'procés' no está asegurado con los indultos

El Consejo de Ministros dará luz verde, este martes, a la concesión de los indultos a los políticos condenados por la sentencia del procés. No obstante, esta es solo un parte del conflicto, puesto que a los 9 encarcelados por el referéndum ilegal del 1-O se suman aquellos que abandonaron España antes de su detención. Los indultos no variarían la delicada situación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y varios de sus exconsejeros, según recoge El País en su análisis.

De hecho, las medidas que el Gobierno de España estudia para desbloquear esta parte del problema se concentran en la reforma del delito de sedición, una cuestión en la que han venido trabajando y a la que ahora aboca hasta el Consejo de Europa. Sin embargo, tal y como apuntan fuentes a EFE, esta modificación normativa tampoco les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.

Se trata de los casos de Toni Comín y Clara Ponsatí, que acompañan como eurodiputados a Puigdemont, pero también del exconseller de Cultura Lluís Puig -acusado de malversación-. También entra en este escenario la integrante de ERC Marta Rovira, quien se halla en Suiza. En cuanto a la política de la CUP Anna Gabriel, que se trasladó al país helvético, ella solo fue citada por desobediencia.

¿Qué supondrá la reforma del delito de sedición?

Hay quien confía que la reforma del delito sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España, cuya situación personal constituye para su partido, JxCat, uno los principales escollos que impiden desbloquear el conflicto catalán.

Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Podemos -para quienes la sedición se basa en un “concepto predemocrático” del orden público-, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas que lleva aparejadas.

Una reforma poco profunda del precepto legal -cuya derogación temen algunos sectores porque despojaría al Estado de esa herramienta penal ante otro eventual procés en el futuro- dejaría a los líderes independentistas huidos en manos del Supremo y posiblemente con la cárcel como horizonte, han apuntado fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Por eso, cabe destacar que el sector del independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía. En este ámbito, se presenta como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés y las protestas que lo apuntalaron desde la calle.

De hecho, varios voces en el Gobierno y el PSOE han apuntado que Puigdemont deberá ser detenido si regresa a España, voluntariamente o a raíz de la euroorden emitida por el Supremo, y juzgado como lo fueron otros miembros de su Govern.

Los consellers de su Govern más implicados en el referéndum fueron condenados por el Supremo a un delito de sedición, aunque en concurso con el de malversación de caudales públicos, lo que disparó hasta los 13 años de cárcel la mayor pena, de Oriol Junqueras.

En consecuencia, aunque el delito de sedición fuera suprimido o rebajado a penas mínimas, el expresidente catalán, junto al exconseller Toni Comín, se arriesgarían a ser condenados por malversación de caudales públicos, delito castigado con entre dos y seis años de cárcel.

Caso distinto es el de la consellera Meritxell Serret, que regresó el pasado mes de marzo a España tras tres años huida a Bélgica y está a la espera de ser juzgada en el Supremo por los delitos de malversación y desobediencia, pero con unas perspectivas menos gravosas. Como Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, los departamentos a su cargo no destinaron fondos al referéndum del 1-O.

Otra es también la situación de la exconsellera Clara Ponsatí huida a Escocia, que está procesada solo por sedición, la del exconseller Lluís Puig, acusado de desobediencia y malversación y al que la Justicia belga descartó ya entregar a España, y la de la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesada por rebelión pero contra quien ahora no pesa euroorden alguna.

¿En qué afectaría la reforma de sedición a los otros encausados?

Si las esperanzas de la reforma de la sedición son limitadas para los huidos, su impacto sería nulo sobre las causas que afrontan otros políticos a raíz del procés, desde el expresidente del Parlament Roger Torrent, investigado por desoír al Constitucional, a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la organización del 1-O.

Por la logística del referéndum están procesados además por hasta cuatro delitos otros 29 empresarios y cargos del Govern acusados de participar en los preparativos del 1-O, entre ellos la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

A ellos se suman la decena de alcaldes encausados por su apoyo al referéndum -el exconseller de ERC y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé ya está inhabilitado por ello- o los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de ERC Tània Verge, absueltos en primera instancia pero pendientes de que la Audiencia resuelva el recurso de la Fiscalía.

Y engrosan la lista de los llamados “represaliados” por el procés centenares de independentistas con causas pendientes por el apoyo desde la calle: manifestantes acusados de montar disturbios tras la sentencia o miembros del entorno de Puigdemont a quienes la Audiencia Nacional investiga por integrar la cúspide de Tsunami Democràtic.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas reclama sumas millonarias a medio centenar de cargos públicos del Govern por los gastos derivados del referéndum del 1-O y de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, entre ellos al propio Puigdemont, al expresident Artur Mas o al que fuera conseller de Economía Andreu Mas-Colell.