Guerra de espías en el Estrecho de Taiwán
Lejos de mejorar, la atmosfera en las relaciones a través del estrecho de Taiwán se enrarece cada día más. La guerra de los espías ha puesto la guinda a un año especialmente tenso entre Beijing y Taipéi que podría agravarse en el curso de 2018.
El primer asalto se inició con la detención en Taiwán del estudiante de postgrado de China continental, Zhou Hongzu, acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional. Al parecer, Zhou intentó reclutar a miembros del ejército taiwanés a través de un sistema de recompensas con el propósito de recabar información confidencial de redes y bases de datos digitales. Zhou se había matriculado en septiembre de 2012 en la Universidad Nacional Chengchi. En septiembre de 2017, fue declarado culpable de cargos de espionaje y condenado a 14 meses de cárcel.
La réplica del continente llegó con la detención de Lee Ming-che en marzo y su condena en noviembre a cinco años de cárcel por intentar "subvertir el poder del Estado". De Lee, activista próximo al gobernante Partido Demócrata Progresista, no se sabe ni la cárcel en la que ha sido recluido, según relata su propia esposa. La sentencia supone el primer caso de extraterritorialidad judicial en el que se embarcan las autoridades chinas ya que las actividades por las que fue encausado eran llevadas a cabo desde territorio taiwanés aunque en contacto con ciudadanos del continente.
Y la contrarréplica no se hizo esperar. Días atrás, varios dirigentes del Partido Nuevo, incluyendo al portavoz Wang Ping-chung, fueron detenidos por colaborar en unos supuestos programas de espionaje que estarían financiados por la Oficina de Asuntos de Taiwán de China continental. El Ministerio de Defensa confirmó recientemente que hasta seis militares (dos ya retirados) están siendo investigados.
A esto debemos sumar la guerra psicológica derivada de la intensificación de la presencia de aviones de combate y de navíos chinos que ha ido en aumento exponencial desde el pasado agosto, conformando una estrategia múltiple que combina la presión internacional, militar, económica y política y todas ellas, previsiblemente, irán en aumento a lo largo del año que ahora empieza con el objetivo de provocar un vuelco en el mapa político resultante de las elecciones locales previstas para finales de noviembre.
Ante la política de hechos consumados de Beijing, las autoridades taiwanesas dosifican su reacción, fustigando selectivamente a las fuerzas afines al PCCh en la isla, ya sea el citado Partido Nuevo, sin representación parlamentaria, como también el principal partido de la oposición, el Kuomintang. A su vicepresidente Tseng Yung-chuan le fue denegada recientemente la autorización para visitar el continente. Y tanto la ley de memoria histórica como la de clarificación de los activos de los partidos políticos pueden llevar a dicha formación a un vía crucis de difícil salida.
Aunque tanto la presidenta Tsai como el primer ministro Lai Ching-te siguen insistiendo en que "no nos inclinaremos ante la presión", en Beijing se confía en el resultado de sus acciones. Las posibilidades de apaciguamiento son remotas.
