Feijóo es el nuevo Casado

“Este es el nuevo PP, ¿no?”. Esto ironizaba una de las personas de máxima confianza del presidente del Gobierno tras la angustiosa votación. El Gobierno al final respiraba y sacaba adelante este jueves al mediodía el decreto de medidas anticrisis, con un Félix Bolaños que mostraba su inquietud con el movimiento de su dedo en el escaño. El ministro y el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Héctor Gómez, apenas había dormido entre llamadas, mensajes, negociaciones, síes y noes.

En la noche del miércoles, según fuentes gubernamentales, Moncloa daba por hecho que el Partido Popular se iba al ‘no’. ERC tampoco se movía de esa posición. Muchos nervios, el decreto anticrisis estaba en el aire. Se avenían a tramitarlo como proyecto de ley, pero antes había que convalidarlo. No se trata de una norma cualquiera, sino de un paquete ambicioso y esencial en medio de esta crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.

El decreto contiene hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas y 10.000 millones a través de créditos ICO). Entre las medidas: reducción de 20 céntimos en cada litro de combustible, la limitación al 2% de la subida de los alquileres, la prohibición de despedir si se está aplicando un ERTE, incremento del 15% en el salario mínimo y la extensión a más de 600.000 beneficiarios del bono social.

Este el plan dibujado por el Gobierno de coalición en un momento delicadísimo, con una inflación disparada (aunque se ha rebajado 1,4 puntos en el último mes, sigue estando en un elevado 8,4%) y tras semanas de tensión social con huelgas como las de los transportistas, además de protestas en sectores claves como la agricultura y pesca. Con un espejo francés también: la ultraderecha, a pesar de haber perdido frente a Macron, ha arrancado 2,6 millones de votos más gracias al descontento de la Francia obrera, rural y desindustrializada.

Cuando se aprobó el real decreto por parte del Consejo de Ministros, parecía que todo el camino estaba despejado. ¿Cómo se iba a votar en contra de estas medidas?, se preguntaban directamente en La Moncloa. Pero dos factores no se calcularon bien: hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alberto Núñez Feijóo y la irrupción del caso Pegasus con el espionaje a más de sesenta personas vinculadas al independentismo.

Este segundo supuesto fue infravalorado en un primer momento por el Gobierno, en cuanto a sus repercusiones políticas, pero el independentismo cree que es muy grave y, además, se va a utilizar hasta el final. La relación con la Generalitat ha quedado bajo mínimos y este fin de semana reaccionaba el Ejecutivo, marchando de urgencia hasta allí el ministro Félix Bolaños. Pero la propuesta del Gobierno no convence al soberanismo: investigación interna en el CNI y otra llevada a cabo por el Defensor del Pueblo, además de la reactivación de la comisión de secretos oficiales con la inclusión de miembros de Esquerra y de Bildu.

ERC se ha ido a ese ‘no’. Esto supone un durísimo golpe para el Gobierno, cuya estabilidad durante esta legislatura ha pasado en casi todos los momentos por los votos de los de Gabriel Rufián. Se ha salvado el match ball, pero si el decreto no hubiera salido, la legislatura hubiera estado al borde del precipicio. Este grupo es muy difícil de controlar, con muchas familias en Cataluña y con intereses muy variados. Además, supone el segundo gran varapalo desde los republicanos a Sánchez, después de haber votado hace unos meses en contra también de la reforma laboral.

En el Gobierno siguen insistiendo en que no se puede perder ese clima de diálogo en Cataluña, que no tienen nada que esconder y que no dan por roto el vínculo con Esquerra. Pero a los independentistas también les interesa políticamente esta situación, y también se quejan de son un partido ahora mismo espiado y menospreciado. Y les han sentado muy mal las explicaciones dadas por el momento por la titular de Defensa, Margarita Robles, en el punto de mira y la cabeza que quieren cortar desde Barcelona. Pero ella cuenta con el apoyo del presidente: “Por supuesto”, ha dicho el propio Sánchez al salir de la sesión.

Tal ha sido la tensión que el propio presidente se quedaba en España y suspendía su viaje a Moldavia para votar el decreto. Todas las miradas llevan semanas también en el Partido Popular, con el estreno de Alberto Núñez Feijóo, con un debate interno dentro del propio Partido Popular sobre qué hacer y con dirigentes defendiendo internamente una abstención.

Pero Feijóo se ha apuntado finalmente al ‘no’, aunque se vaya a tramitar como un proyecto de ley como pedía el propio Partido Popular. “Tenemos la conciencia tranquila”, apuntan fuentes de Génova, y se justifican en que no se ha aceptado la rebaja de impuestos, además de que se dé entrada a Bildu, ERC y Junts en la comisión de secretos oficiales.

Desde el Gobierno se habla de “mala política” del PP, que sigue en el “cuanto peor, mejor”. Incluso algunas fuentes monclovitas explican que los populares jugaron a la “confusión” incluso durante unas horas y se sospecha que pudiera ser para que el Ejecutivo se confiara y dejara de buscar apoyos, lo que hubiera dejado en manos del PP todo y hubiera terminado cayendo el decreto. 

Los populares se quejaban de que sólo hubo dos contactos: una llamada entre María Jesús Montero y Juan Bravo (el nuevo hombre fuerte en economía de Alberto Núñez Feijóo) y entre Cuca Gamarra y Félix Bolaños. La dirección del PP cree que el Gobierno tenía decicidido sacarlo con el bloque de investidura (cosa que no ha pasado tal cual porque ERC ha ido en contra) y defienden que su voluntad de acuerdo era “máxima”. Pero, según estas fuentes, el Ejecutivo nunca aceptó algunas de sus medidas y mareaba diciendo que no había tenido tiempo de leer el documento de Feijóo. Al final el PP se ha hecho un Pablo Casado; todo al no. El gallego trae menos decibelios pero las mismas acciones que su hundido predecesor.

Y la clave para la luz final ha estado en… Bildu. Este grupo vasco ha decidido respaldar al Gobierno, en contra de sus cercanos ERC. Las negociaciones se produjeron hasta el último minuto, según fuentes vascas, y han optado por el pragmatismo: dicen que no podían volver a Euskadi y decir a los vecinos que habían tumbado una norma que les permite rebajar en 20 céntimos cada litro de combustible o limitar el precio del alquiler ante una desbocada inflación. Desde Podemos se recuerda que fue un empeño de Pablo Iglesias que Bildu participara activamente en estas votaciones y que ahora esto tiene sus frutos. La realidad es que gracias a Bildu se podrá amortiguar ese precio del combustible y no por el PP, Vox o ERC. 

El Congreso hoy ha hecho frente a las consecuencias económicas de la guerra… pero varios grupos estaban a otras cosas, aunque juego se les llenen la boca a Cuca Gamarra o Gabriel Rufián sobre las necesidades de los ciudadanos. Esto recuerda a cuando ERC dejó caer los primeros presupuestos de Pedro Sánchez o cuando Cristóbal Montoro decía por los pasillos aquello de que caiga España que ya la levantaría el PP. “Al final la política, es el resultado”, como decía un miembro del Gobierno al acabar.