La factura política

¿Qué está pasando con la luz? ¿Por qué la factura no deja de subir? ¿Quién está detrás? ¿Por qué no se logra bajar? ¿No se puede hacer nada más? ¿Por qué nunca se entiende? ¿Esto no va a parar? ¿Romperá a la coalición? ¿Quién es el culpable? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Eso siempre los consumidores…

La factura de la luz se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del verano, pero sigue al alza en septiembre. No es un tema que se olvide. Este viernes se fija en los 137,7 euros por megavatio hora, un 1,8% menos que el jueves, pero tras cuatro días de récords históricos consecutivos. Las causas se siguen explicando por el encarecimiento del gas (que marca el máximo del pool energético), la subida de los derechos por emisiones de CO2, las altas temperaturas y el incremento de la demanda por la recuperación económica.

Pero los ciudadanos ven cómo se paga en el mercado mayorista por la tarifa regulada se triplica respecto al mismo viernes de septiembre del año pasado. Y se ha convertido en el elemento central de la política durante estos días, con un Gobierno incapaz de controlar el precio y sumido en una fuerte división interna por el tema, mientras la oposición se ha echado al cuello de Pedro Sánchez para vampirizar la subida y convertirla en su principal arma de desgaste para el arranque del curso político.

El Gobierno señala en público que se han tomado medidas y que se seguirán tomando para intentar frenar la escalada, pero en privado la parte socialista empieza a dar por hecho que habrá que implementar nuevas porque las que hay son insuficientes. Hasta el momento se ha intentado con medidas relacionadas con la fiscalidad (como la rebaja del IVA de 21 al 10 por ciento y el impuesto de generación eléctrica). Pero eso no sirve y además la empresas eléctricas no están demostrando la empatía que les ha pedido la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En el Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, creen que deben hacer más “pedadogía” y explicar más los pasos que se han dado, pero siguen insistiendo en que hay que abordar esta situación “compleja” con todas las garantías jurídicas y respetando el marco jurídico europeo. Pero los socialistas, según varios dirigentes del partido consultados, son conscientes del desgaste electoral que tiene este problema entre los votantes más vulnerables, el corazón ideológico de los partidos de la coalición. No obstante, hay malestar entre socialistas por la forma de actuar de UP.

Desde Unidas Podemos siguen presionando al PSOE para acelerar y tomar nuevas medidas. “No es una cuestión personal con Ribera ni que no tenga buena intención, pero va lenta”, señalan desde el núcleo de poder de los morados. Y se quejan de la coletilla del “marco europeo” porque, en su opinión, esto se desmorona con casos como Francia, donde hay participación pública en EDF. El partido ha rebajado un poco la tensión respecto a las movilizaciones, pero la ha subido políticamente este jueves presentando una proposición de ley no consensuada con los socialistas sobre la empresa pública. Y, además, creen que terminará cediendo en algunas cuestiones relacionadas con la electricidad, como ha pasado en temas como el ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional.

¿Se puede llegar a romper la coalición? Las dos partes marcan sus diferencias pero ninguna habla de romper el Gobierno y su objetivo es aguantar hasta 2023, como ha apuntado el propio presidente Sánchez.

La Moncloa quiere que esa recuperación que ya se ve en los datos (el histórico bajón del paro en agosto o la previsión de crecimiento del 6,2% emitida por el FMI) se note también en los hogares y en las familias. Pedro Sánchez quiere estar más en la calle y habla de recuperación “justa”, pero la tarifa de la luz empaña ese discurso. No obstante, desde el Gobierno, como señalaba Félix Bolaños en la Cadena Ser, se discrepa de que esto pueda afectar a la recuperación (muchos pequeños negocios se quejan de que esto lastra la actividad).

El presidente hizo referencia al asunto en el arranque del curso político en la Casa de América y prometió seguir actuando, aunque no precisó nuevas medidas. Por el momento pide el apoyo para los dos proyectos legislativos que hay en la Cámara Baja y que pueden afectar a la factura, como el que tiene que ver con los beneficios caídos del cielo. Quiere que se tramiten lo más rápido posible (aunque se ha descartado hacerlo vía real decreto) y que cuenten con la mayor unidad (por ejemplo, el PP no apoyó en el Congreso el de la bajada del IVA del 21 al 10%). Sí hizo referencia al “marco europeo”, lo que se interpretó como una negativa a la regulación pedida por Unidas Podemos.

Los morados siguen con sus propuestas y han registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía pública para establecer un precio fijo al megavatio nuclear y un máximo al megavatio hidroeléctrico. 

La vicepresidenta Ribera compareció el pasado lunes en el Congreso prometiendo dar la batalla en Bruselas para buscar soluciones y con la receta de ir “integrando cestas de indicadores más estables” con el fin de propiciar “horquillas de precios más estables, menos volátiles”. Pero sus explicaciones se han quedado cortas para sus socios e incluso para una parte del PSOE, que esperaba algo más concreto para poder vender en un tema tan complejo.

Por eso los socialistas están intentando poner en la balanza el SMI durante estos días, una medida que afecta a los más vulnerables en el mercado laboral (mujeres y jóvenes) y demostrar la sensibilidad progresista. La vicepresidenta Ribera sí se siente dolida de las acusaciones de que no actúa ante la situación de la luz y de no atar en corto a las eléctricas.

La factura abre también una brecha con los socios de investidura, muy sensibles con este tema. De hecho, el PSOE se ha abierto a esa comisión de investigación impulsada por Compromís y Más País. El propio Sánchez le daba su bendición para poder escuchar, debatir y pactar posibles medidas. El Gobierno, además, advierte de la dificultad de tomar algunas medidas a través de reales decretos después de la sentencia del Supremo que hace que la administración tenga que devolver 1.400 millones a las eléctricas por uno aprobado durante la época de Mariano Rajoy.

Y, mientras, el PP hace tabla rasa de su pasado y se lanza contra el Gobierno por la factura de la luz (aquí se acuerda de los “vulnerables” mientras se olvida apoyar el salario mínimo interprofesional). Los populares quieren hacer bandera de la factura y atacar a La Moncloa. Creen que pueden hacer daño en temas económicos y de gestión frente a Pedro Sánchez. De hecho, dirigentes del partido piden a Pablo Casado que vaya mucho más por esta vía que por críticas en otros temas como Afganistán. El Partido Popular, a través de Pablo Montesinos, ha llegado a pedir que se convoquen elecciones por la subida de la tarifa. En Génova 13 piensan desplegar una ofensiva total con estos temas y no pactando nada con los socialistas, como ya se comprueba con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (que lleva mil días bloqueado).

El último, que apague la luz.