Fachas en la tierra

La Ley de Memoria Histórica busca justicia en la tierra. El aval del Tribunal Supremo a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que se producirá este jueves, ha avivado la lucha que mantienen diversas asociaciones en Sevilla y Toledo para retirar los restos de otros dos generales golpistas: Gonzalo Queipo de Llano y José Moscardó, respectivamente.

Ambos permanecen en lugares preeminentes. El primero, en la basílica de La Macarena y, el segundo, en la cripta principal del Alcázar -símbolo de la mitología franquista-. “Son los casos más flagrantes”, cuenta Emilio Silva, sociólogo y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La salida de Franco no es la única que reclama Silva en Cuelgamuros, también la de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador del partido fascista Falange de las Jons (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) -el partido único durante los 40 años de dictadura-. Las asociaciones de memoria histórica iniciaron la campaña #NiValleNiAlmudena para exigir la salida de los dos del Valle.

“Estos personajes no pueden tener ningún reconocimiento en el espacio público”, cuenta Silva. Aunque este sociólgo de la Universidad Complutense de Madrid asume que, en el caso de Queipo de Llano, “la Iglesia verá si quiere guardar los restos de alguien que animaba a violar a mujeres”.

Son conocidas sus alocuciones en Radio Sevilla: “Estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen”, aireaba.

Queipo está enterrado junto a su esposa en una capilla lateral del templo macareno, desde 1951. Su lápida ya no muestra signos franquistas, porque fue modificada con los años, sustituyendo el título de “excelentísimo Sr. Teniente General” por “hermano mayor” y la fecha del golpe de Estado de 1936 por el escudo de la hermandad. A eso se aferran los custodios de sus restos, que insisten en que lo mantendrán allí por su relación con la casa, no como militar golpista.

Pero eso no evita que siga siendo la tumba del llamado “Carnicero de Sevilla”, con no menos de 14.000 fusilados a sus espaldas. Las asociaciones en defensa de la memoria insisten en que es un reclamo fascista y que, con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía en la mano, debe ser retirada o eliminada, incluso aunque esté en un edificio privado, si tiene ”proyección a un espacio o uso público”. La familia, por supuesto, quiere mantener el statu quo.

Desde 2016, hay una moción aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla que insta a la exhumación y, aunque las negociaciones a cinco (Consistorio, Junta de Andalucía, Archidiócesis de Sevilla, Hermandad de la Macarena y familia Queipo) siguen abiertas, toca esperar a que un comité técnico determine si hay que trasladar la tumba o no.

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ahora en manos de la coalición PP-Ciudadanos, dice que ya está elaborando la orden para crear ese comité. Prisa no hay mucha, teniendo en cuenta que el presidente Juanma Moreno prometió derogar la ley autonómica y aprobar una de “concordia” que aparcaba el desmantelamiento de símbolos franquistas. Queda también la puerta abierta para que los restos se trasladen discretamente a un columbario dentro de la basílica, una opción que se analizará en el cabildo general de hermanos de noviembre.

La memoria apunta al Alcázar, hoy museo del Ejército. Tanto Podemos como Izquierda Unida presionan para sacar de allí a José Moscardó y han presentado proposiciones para ley en el parlamento autonómico y en el Congreso para lograrlo, aunque sin éxito.

Fuentes del Gobierno de Castilla La Mancha apuntan que al ser un edificio del Ministerio de Defensa, “es su responsabilidad y su competencia decidir si hay alguna cuestión que pueda afectar al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y decidir si hay algún problema con el hecho de que Moscardó esté allí enterrado”.

Es decir, es el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez el que debe actuar si piensa que la tumba de Moscardó incumple la ley. En cualquier caso, el Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García Page es partidario de “hacer los cambios sin mucho ruido”. Junto a Moscardó descansan los restos del teniente general Jaime Milans del Bosch, también golpista, pero de la intentona de febrero de 1981, cuando sacó los tanques en Valencia el 23-F.

Las exhumaciones de la polémica

Ya ha habido otras exhumaciones de militares sublevados en 1936. Los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo salieron del monumento a los caídos de Pamplona en noviembre de 2016 por orden del Ayuntamiento. Y lo hicieron con polémica.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra tuvo que revocar la orden de un juez que ordenó el año pasado la vuelta de los cadáveres para ser exaltados. Los huesos de Sanjurjo terminaron en el Panteón de los Héroes del cementerio de Melilla. “Los llevó allí un helicóptero militar”, cuenta indignado Silva. María Dolores de Cospedal (PP) era entonces ministra de Defensa. “¿Es un héroe alguien que dio un golpe de Estado?”, se pregunta.

Para despedir a Sanjurjo, en una ceremonia ”íntima”, se acercó el excomandante general de Melilla y actual diputado del PP por esta ciudad, Fernando Gutiérrez. Defensa alegó entonces que se eligió ese lugar porque Sanjurjo fue Comandante General de Melilla, estuvo al mando de fuerzas de Regulares y estaba en posesión de dos cruces Laureadas de San Fernando (1914 y 1926), la más preciada condecoración militar en España.

Los restos de Emilio Mola fueron incinerados. Su hija pidió que fuera un acto privado; solo con los técnicos estrictamente necesarios. Se hizo de noche y sin cámaras, algo parecido a lo que quiere hacer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con Franco en caso de que la exhumación del dictador llegue a buen puerto antes del 10-N.

Aquí están enterrados los principales golpistas del 36

Juan Yagüe. ‘El carnicero de Badajoz’, un apelativo que le llegó tras la represión en la ciudad extremeña y que se saldó con una cantidad de víctimas que algunas fuentes sitúan en 4.000. Está enterrado en su municipio natal: San Leonardo de Yagüe (Soria). Cuando murió, en 1952, el pueblo añadió su apellido al nombre. Lo mantiene, a pesar de los intentos por cambiarlo.

José Enrique Varela. Relevó a Yagüe al mando de las tropas en Extremadura y se dispuso a recuperar el Alcázar de Toledo, donde se encontraba el general Moscardó. Sus restos se encuentran en un panteón con una capilla del  cementerio de San Fernando de Cádiz.

Andrés Saliquet. Estaba retirado cuando Emilio Mola organizó el golpe, pero se sumó pronto a la conspiración. El 19 de julio de 1936 declaró el estado de guerra en Valladolid. El cementerio de Santa María de Madrid alberga sus restos.

Agustín Muñoz Grandes. Fue organizador de la Divisón Azul, las tropas franquistas que acudieron en ayuda de Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial. Está enterrado en el madrileño cementerio de Carabanchel.

Alfredo Kindelán. Exiliado en Roma tras el caer la dictadura de Primo de Rivera, en 1934 regresa a España para colaborar activamente en la preparación de la sublevación militar del 18 de julio. Sus restos se encuentran en el cementerio de San Isidro de Madrid.