377 asesinatos sin resolver, la impunidad de ETA que trata de mitigar el Parlamento Europeo

Hay 377 asesinados por ETA que maldescansan sin justicia. Hombres, mujeres y niños muertos por la banda terrorista, y las familias que los sobreviven, que no tienen ni siquiera la reparación de que los culpables paguen su pena en la cárcel. Suponen el 44% de todas las víctimas mortales de Euskadi Ta Askatasuna (864 muertos), un número altísimo de casos en los que no ha habido juicio o sentencia firme, que se han bloqueado por falta de pistas, errores judiciales o defectos en la investigación.

Para ellos sigue buscando desagravio la asociación Dignidad y Justicia, que entre otras iniciativas, comenzó a llamar a la puerta del Parlamento Europeo en 2016 para entregarle su lista de casos irresueltos y reclamar una investigación impulsada desde Bruselas. Cuando que se cumplen los diez años del cese del terrorismo etarra, una delegación de la Comisión de Peticiones del Europarlamento (presidida en estos momentos por la popular española Dolors Montserrat) se prepara para viajar, este noviembre, a España. La visita fue aprobada en enero del pasado año, pero la crisis del coronavirus la ha retrasado. Ahora llega el momento.

Los eurodiputados, según fuentes comunitarias, centrarán su visita de una semana en el País Vasco y su plan es entrevistarse con víctimas, supervivientes y allegados, autoridades judiciales y policiales y autoridades políticas. Instituciones como la Audiencia Nacional han preparado informes específicos con los casos pendientes y los flecos que quedan sueltos, que son muchos.

Dignidad y Justicia denunció en su propuesta que, más allá de los fallos puntuales en cada caso, faltaba empuje para resolverlos. El autor del documento que sustenta la petición de la asociación es el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, forjado en batallas de justicia universal como la querella contra el franquismo en Argentina o los bebés robados. En sus palabras: “El peticionario denuncia el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una investigación oficial, eficaz e independiente, sin poder procesar a los autores e indemnizar a las familias de las víctimas”.

De ahí que reclamase al Parlamento Europeo “que pida al Gobierno español una explicación satisfactoria en relación con tantos asesinatos sin resolver cometidos por ETA y que formule recomendaciones para evitar una mayor impunidad y buscar justicia” y que “informe a (...) Dignidad y Justicia sobre los avances en la investigación”.

La iniciativa de Dignidad y Justicia fue elevada por el grupo parlamentario Renew Europe (Renovar Europa), los liberales en los que se encuadra Ciudadanos, que fue quien apadrinó la propuesta.

Para qué puede servir

Muchos de los autores de estos atentados pueden estar ya muertos o huidos, por lo que detenerlos o procesarlos es tarea compleja, si no imposible, pero el documento que elaboren los europarlamentarios puede servir para impulsar que se juzgue a decenas de dirigentes de ETA a través de la vía de crímenes de lesa humanidad, porque lo suyo no fue sólo un delito ordinario de terrorismo.

La idea es, más allá de condenar a los ejecutores de los atentados, actuar contra los jefes de la organización por su responsabilidad en el mando jerárquico. A ellos se les puede perseguir por estos crímenes que nunca prescriben, y que se definen como aquellos “de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Se suele aplicar esta etiqueta a conflictos abiertos y guerras y, sobre todo, a dirigente o gobiernos, pero Dignidad y Justicia defiende que ETA, como organización, también puede ser enjuiciada por esta vía a causa de sus delitos, como avala el artículo 7 del Estatuto de Roma, fundacional de la Corte Penal Internacional. Su persecución unas veces acababa con un tiro en la nuca o un coche cargado de amosal y, otras, con la expulsión forzosa de ciudadanos, amedrentados por su amenaza (se calcula que la banda perpetró durante años una “limpieza nacional del territorio” y consiguió expulsar a entre 60.000 y 200.000 seres humanos como recoge el Informe Retorno del Instituto Vasco de Criminología y citaba Rodríguez en conversación con El HuffPost).

Tanto la eliminación física como la geográfica son variantes contempladas en dicho estatuto y aplicables a los cabecillas etarras, insisten. A ello se suma la llamada “socialización del sufrimiento”, la estrategia de ETA y HB para tensionar a la sociedad vasca y que, más allá de matar a guardias civiles, policías nacionales y militares, abrió el abanico de víctimas a políticos, empresarios o jueces no nacionalistas, un ataque “generalizado y sistemático contra la población civil”.

El terror en cada rincón es lesa humanidad y constatarlo en los tribunales es un golpe simbólico que evidencia la verdadera dimensión del daño de la banda y que deslegitima a los terroristas a ojos de las nuevas generaciones, más despegadas de lo ocurrido.

El problema es que en España sólo se pueden perseguir estos delitos contra la humanidad cometidos a partir del 1 octubre de 2004, que es cuando se incorpora al Código Penal el delito de lesa humanidad. Una limitación contra la que pelean las víctimas y que las ha llevado incluso a presentar una denuncia en Argentina, como con los casos de la dictadura y el inmediato postfranquismo. Han recurrido a la justicia universal para pedir allí lo que aquí no se puede. En este caso concreto, la querella se centró en los intentos de expulsión forzada y posteriores asesinatos selectivos de José Luis Caso (1997, disparo) y Manuel Zamarreño (1998, moto bomba), ambos concejales del PP en Rentería. El procedimiento sigue vivo, pero sin noticias recientes.

Esta vía ya tiene un camino andado en la Audiencia Nacional, donde se presentó la primera denuncia de este tipo en 2013. Entonces se logró un auto de procesamiento que abría la puerta a procesar a los jefes de ETA por su responsabilidad en los crímenes, pero el camino está siendo muy lento. En 2018, se pudo armar al fin el primer juicio contra dirigentes con esta base. Se trataba de José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, Ata; y Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz, principales jefes de ETA del siglo XXI.

Dignidad y Justicia impulsó también este proceso, al que osteriormente, se sumaron como acusación particular Antonio Salvá, José Antonio Sáenz (padres de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, los últimos guardias civiles asesinados por ETA en Palma de Mallorca, un caso sin resolver) y la Fundación Luis Portero García.

En paralelo a la vía de la lesa humanidad, se ha peleado por condenar a ETA por genocidio, pero la propia Audiencia cerró esa vía en 2015, ya que entendía que “no es posible identificar al grupo formado por las víctimas de ETA como grupo nacional, pues víctimas y victimarios son tan españoles unos como los otros” y este otro delito requiere de “una determinación e individualización del grupo racial, étnico o religioso”. Un callejón sin salida.

Al menos ahora queda la esperanza de la visita del mes próximo, aunque por ahora no se pueda conocer el alcance real de su misión. El objetivo es lograr un final de ETA “sin impunidad”.

Y los expedientes incompletos

En paralelo a estas iniciativas, desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se ha realizado una investigación para “esclarecer si los crímenes de

ETA que el Estado considera resueltos por la existencia de juicios y sentencias, realmente lo están o no. Es decir, si se ha juzgado y condenado a todos los individuos que estuvieron implicados en los atentados con resultado de muerte de los que hay sentencia: autores intelectuales, cómplices, colaboradores necesarios y autores materiales”.

Sus conclusiones, indican en un informe sobre estos diez años sin ETA remitido a El HuffPost, son “demoledoras”: se han revisado 572 sentencias y de los atentados 100% resueltos, en 24 está aclarada tanto la autoría intelectual como la material, lo que cubre apenas a 76 víctimas. Que tengan la autoría material resuelta hay 471, más 76 que tienen también la intelectual, pero hay 395 donde no se ha podido aclarar nada de nada.

Hay terroristas que fueron amnistiados en la Transición y también investigaciones en los primeros años de democracia basados en atestados incompletos en lo referente a las pruebas periciales, que complican notablemente, sobre todo, que se aclaren los casos más lejanos en el tiempo.

La reparación, aún, queda lejos.