Españoles luchando por el reconocimiento de su nacionalidad… ¿a la tercera va la vencida?

Mucha de nuestra vida gira obligatoriamente alrededor de este minúsculo virus. Parece que nada fuera del ámbito de la enfermedad y la leyes y reglas a raíz de la COVID-19 sucede, y las noticias ajenas al virus pasan de puntillas por nuestros periódicos y televisiones.

Gran parte del foco mediático durante la semana pasada para el colectivo de la emigración española en todo el mundo fue sin duda la reunión en el Senado de la Comisión de Exteriores, con la asistencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Aránzazu González Laya.

En esta sesión la senadora de En Común Podem Sara Vilá volvió a defender a nuestro colectivo no solo en la reivindicación de la eliminación del voto rogado, que esperamos como agua de mayo, aun cuando volverá otra vez a llegar tarde para las elecciones en Euskadi y Galicia, también habló de otra ley más desconocida para nuestros compatriotas en suelo español, pero de gran importancia para los españoles, principalmente en Iberoamérica.

Sara Vilá ha sido la cabeza visible representando y defendiendo los intereses de aquellos españoles que no tienen reconocida su nacionalidad y que a través de organizaciones como el Centro de Descendientes Españoles unidos (CEDEU) han estado reivindicado corregir las injusticias que originó la última ley en esta materia, la Instrucción adicional 7ma de la  ley 52/2007 (Memoria Histórica) que se olvidó de las mujeres nacidas antes de 1978 o que perdieron la nacionalidad española al casarse con extranjeros, o aquellos jóvenes que no solicitaron su deseo de conservar la nacionalidad tras cumplir 21 años, o que dejaron familias divididas donde unos hijos son españoles y otros no por ser mayores o menores de edad… entre otros casos. Se vuelve necesaria una reforma al código civil que venga a reparar estos casos sin dejar atrás a aquellos reconocidos en anteriores leyes para poder estar a la altura de países como Italia, Portugal o Alemania, que han sido más generosos que España en estos reconocimientos de nacionalidad. 

Leyes que discriminaron a las mujeres que perdían su nacionalidad al casarse, pero no sucedía al igual con los varones, reflejando la misoginia de nuestros reguladores y el machismo en nuestras instituciones. Mejor tarde que nunca para rectificar errores pasados.

No una, ni dos, sino tres veces ya ha presentado la senadora la propuesta de ley para corregir la ley actual para descendientes de españoles nacidos en el exterior. El esfuerzo se repitió en junio de 2018 (aprobada por unanimidad en el Senado), septiembre de 2019, y la última el pasado 17 de diciembre.

La semana pasada, en la reunión en el Senado de la Comisión de Exteriores, Sara Vilá defendió determinadas garantías de la Ley de Nacionalidad española una vez que esta ley sea finalmente aprobada por las dos cámaras y logremos por fin acabar con una injusticia que no debió haberse cometido con nuestros compatriotas. ¿Estarán los consulados preparados cuando se apruebe la nueva ley?

Juan Manuel de Hoz, portavoz de CEDEU, ve “con esperanza esta proposición”, y en múltiples ocasiones que hemos discutido esta injusticia se ha mostrado implacable en la necesidad de tratar de cubrir todos los ángulos que reparen los problemas causados por una primera ley que aun con buena intención, dejó a muchos hijos, nietos y bisnietos de españoles sin la posibilidad de compartir la nacionalidad con sus padres, abuelos y bisabuelos.

Muchos de los españoles privados de nacionalidad son descendientes de emigrantes forzosos tanto por causas políticas como meramente económicas y que ayudaron a la España de la dictadura con remesas económicas que en muchos casos ayudaban a sus familias a subsistir durante largos años.

En las previas ocasiones que se presentó la propuesta, no llegó a fructificar o bien por nuevas elecciones que la metían en el congelador o por unos cambios por parte del PSOE en una ley que ya había tenido el visto bueno por las diferentes partes, incluido el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

La Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE tuvo que salir al paso para desmentir a la previa secretaria de Estado, Consuelo Rumi, que erróneamente informó que esta Comisión, de la que yo formo parte como consejero por Reino Unido, apoyó las enmiendas 14 y 19 del PSOE a la ley propuesta y aprobada en Pleno. Nunca esta Comisión se posicionó a favor de enmiendas que continuaban con la discriminación de parte de nuestros compatriotas.

La política debería estar para ayudar a sus ciudadanos y no como una serie de obstáculos que dificulten o nos impidan ejercer nuestros derechos.

El derecho a ser español va más allá de colgar banderas del balcón o de llevar pulseras. El derecho a ser español ha de ser respetado y se han de poner todas las herramientas para asegurarnos de que nadie se queda atrás, y mucho menos nadie es discriminado en base de tiempo pasado o el fallecimiento de un padre o abuelo que no tramitó en vida un derecho que debería ir más allá de papeles y certificados.

La propuesta de ley es, junto a la derogación de voto rogado y la ampliación de aulas ALCE (aulas de lengua y cultura española), parte del conjunto de demandas de la diáspora española, que han de ser tomadas en serio por el Gobierno, que hasta ahora ha mostrado una sensibilidad mayor por las medidas sociales.

Los españoles en el exterior, a no ser que nos digan lo contrario, somos españoles con los mismos derechos, y esperamos que se nos trate de la misma manera y que las instituciones que nos representan sean igualmente respetadas.

Nuestra voz está en el CGCEE y allí es donde podemos tratar de asegurarnos de que a la “tercera provincia” en España, con más de 2.7 millones de habitantes, podamos influir y ayudar a mejorar nuestra relación con nuestro país, del que muchos fueron expulsados hace 70 años, otros hace solo 10 años, y que sigue creciendo en número.

Al número de emigrantes actuales le falta incluir a aquellos que ahora sí podrán demostrar que son españoles tras la aprobación de la nueva propuesta de ley…si los señores políticos de verdad quieren respetar unos derechos que les fueron arrebatados injustamente.