España hoy es más justa

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Este reflexión de Montesquieu ilustra el enorme salto que en justicia social ha dado España con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la mayor conquista social desde la Ley de Dependencia, un fortalecimiento de nuestro estado del bienestar para avanzar hacia un país más decente y honesto con las personas más vulnerables. No es una ‘paguita’, como desde la derecha se ha pregonado con severa insensibilidad, sino una medida de protección imprescindible para combatir la desigualdad y evitar que nadie se quede atrás, y más cuando nos estamos enfrentado a una crisis económica y social como consecuencia de la pandemia del covid-19.

El viernes pasado a 74.119 hogares españoles llegaba el primer abono del INM. 32 millones de euros que harán la vida menos difícil, de momento, a más de 250.000 personas, más de la mitad de ellas son menores. Y ésta es sólo una remesa inicial de los potenciales beneficiarios, que pueden alcanzar unos 830.000 hogares y 2,2 millones de personas cuando culmine el proceso de análisis y aprobación de solicitudes. Una medida con tanto impacto social debería enorgullecer a cualquiera que tenga un mínimo de empatía y visión solidaria de la vida. Es un avance que nos hace mejores como país, esto sí que es patriotismo, y nos fortalece como sociedad justa e inclusiva que no deja a nadie en la cuneta.

El Ingreso Mínimo Vital no es sólo una ayuda económica. La norma incorpora una amplio abanico de instrumentos e incentivos para el empleo y la inclusión social. Frente a la reforma laboral del PP, que tanto precarizó el mercado laboral y devaluó el poder adquisitivo de los trabajadores, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha levantado un nuevo pilar de nuestro Estado social de derecho, una medida de dignidad para los que peor lo están pasando ahora en esta crisis y una herramienta para combatir la pobreza en el futuro. Basta con atender al grito de organizaciones sociales sobre las colas para acceder a alimentos, en apenas dos meses la demanda ha crecido un 30%, para justificar su oportunidad y su calado humanitario.

La actitud del Partido Popular con el IMV ha sido rocambolesca, mientras la extrema derecha y sus bulos se descalifican por sí solos. La formación que dirige Pablo Casado ha desplegado una campaña de desprestigio y banalización para luego sumarse a última hora, cuando ya era conocido que una mayoría del Congreso de los Diputados iba a dar luz verde a esta conquista social impulsada por el Gobierno. Un giro de 180 grados en toda regla por conveniencia, pura pose, y a renglón seguido un intento de apropiarse de la misma. Lo que viene siendo hacer política sin principios y sin complejos. Marca de la casa. No es la primera vez que intentan patrimonializar una ley que no apoyaron. El caso más paradigmático es el de la Constitución.

En el fondo, la derecha está desubicada por las recetas sociales desplegadas por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. El centro de toda la acción política lo conforman hoy las personas. Muy al contrario de que lo que hizo Rajoy y su gabinete en la crisis anterior, con medidas de austericidio que anteponían los datos macroeconómicos al bienestar ciudadano, decisiones que suponían la inyección de un diluvio de millones al sistema financiero mientras se metía las tijeras sin piedad a los servicios públicos, posiciones de rigor economicista sin alma social y que atentaban contra la igualdad de oportunidades.

En esta crisis ha quedado de manifiesto que no da igual quién ocupe el Palacio de La Moncloa. Este Gobierno progresista ha dado una respuesta integradora, humana, decente y que persigue el bien común, no el beneficio de unos pocos y el ‘sálvese quien pueda’. Hasta el liberalismo más ortodoxo ha tenido que reconocer que el Estado ha de jugar un papel activo en tiempos de crisis sanitaria, social y económica. El mercado ya no se puede regular solo. Bienvenidos a la socialdemocracia.