Escrivá plantea sostener las pensiones de los 'baby boomers' con impuestos de "todos"

Impuestos de “todos”. Esa es la clave para sostener las pensiones de quienes nacieron entre 1960 y 1975, la generación más populosa de España que está llamando a las puertas de la jubilación, según el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El ministro ha defendido que el sistema público de pensiones es “muy sólido”, pero que afronta un problema acotado en el tiempo: la jubilación de la la generación del baby boom, que generará un mayor gasto hasta 2050 y que hay que decidir cómo se paga.

“Llegado el momento (...) si hubiera que allegar nuevas fuentes de financiación al sistema, que en cualquier caso son muy pequeñas (...), la disyuntiva es si se paga con impuestos que los pagan todos o si podría contemplarse la posibilidad de un mecanismo más selectivo”, ha afirmado este miércoles en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

De esta forma, el ministro ha abierto el debate sobre una cuestión que cree que hay que decidir en el ámbito social y político, después de que la semana pasada le costara una rectificación plantear la posibilidad de que los baby boomers tuvieran que asumir o bien algún pequeño ajuste en la pensión o bien unos meses más de trabajo.

Este miércoles no hay querido que se pudieran malinterpretar sus palabras y se ha limitado a poner la cuestión encima de mesa, aunque ha incidido en que es un elemento muy importante a tener en cuenta, dado que la generación más joven incorporada al mercado laboral sufre una precariedad y una elevada tasa de desempleo que no han sufrido generaciones anteriores.

“Del mismo modo que ya nadie discute que la consideración de género es una cuestión fundamental de justicia y equidad que hay que incorporar a las políticas públicas, yo estoy convencido que con el tiempo (...) plantear el mecanismo de equidad intergeneracional probablemente tenga también elementos de justicia y equidad”, ha afirmado.

“Esto es lo que hay detrás del acuerdo y nada más que eso, es un concepto”, ha dicho el ministro, que ha reivindicado la vuelta al consenso de la reforma de 2011, en la que ya se planteaba la necesidad de un factor de sostenibilidad que no llegó a desarrollarse.

Escrivá ha recordado también la importancia de haber derogado el factor de sostenibilidad “mal diseñado” de la reforma del PP de 2013, que penalizaba la esperanza de vida con un efecto creciente en el tiempo sobre los más jóvenes, que a partir de 2050 hubieran tenido una merma en su pensión mayor a la de quienes se jubilaran en 2030.

Este factor, inicialmente previsto para entrar en vigor en 2019 y suspendido hasta 2023, hubiera supuesto un recorte de 291 euros para una pensión de 1.500 euros de un trabajador que se jubilara a los 67 años en 2070 y de solo 101 euros para quien en las mismas circunstancias se jubilara en 2030, según los cálculos presentados por Escrivá.

La reforma del PP alimentó la idea de “problema gordísimo”

Escrivá ha explicado que en los últimos años las previsiones más alarmistas han alimentado la inquietud de la sociedad y la creencia de que cada vez las pensiones serán menores, algo que validó la reforma del PP de 2013 con el mensaje de que existía “un problema gordísimo”.

Por el contrario, el acuerdo suscrito con los agentes sociales la pasada semana cree que da certidumbre a los pensionistas actuales y futuros al garantizar su poder adquisitivo y reforzar la sostenibilidad del sistema.

El ministro ha considerado que el mayor problema del sistema es el de los gastos impropios, algo que se soluciona con el acuerdo firmado con patronal y sindicatos que traslada el gasto no contributivo (alrededor del 2 % del PIB anual) a los presupuestos generales del Estado.

Según ha explicado, esa es la razón de que España tenga un mayor déficit en el ámbito de la Seguridad Social que otros países europeos con sistemas de similares, a pesar de tener un gasto en pensiones inferior y unas cotizaciones sociales más altas.

Las críticas de la oposición

Los grupos parlamentarios han sido en general bastante críticos con este primer paquete de medidas presentado por el Gobierno para reformar el sistema de pensiones, que han considerado hecho “con brocha gorda” y derivado de un “acuerdo parcial” con la parte “fácil” de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En respuesta, el ministro se ha mostrado “bastante optimista”, ya que ha calificado las críticas de “escenificación” sin sustancia detrás y ha recordado que responde a sus recomendaciones y que podrán hacer aportaciones al mismo durante su trámite parlamentario.

Ha lamentado que a la portavoz popular, Cuca Gamarra, “por razones políticas le hayan construido un discurso que afecta a los pensionistas” y que “haya encontrado una aliada perfecta” en la portavoz canaria, Ana Oramas, quien le ha calificado de “mentiroso” generando una llamada al orden de la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio.