El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas ha citado al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras para el 28 de enero de 2020 para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal de Cuentas ha citado a las 09.30 horas del próximo 28 de enero a una treintena de exconsellers y altos cargos del Govern en aquellas fechas para “la práctica de la liquidación provisional” en relación con los “gastos y pagos por el referéndum ilegal” del 1-O.

Además de Puigdemont y Junqueras, también han sido citados los exconsellers Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Lluís Puig, Meritxell Serret y Santi Vila.

Entre los entonces altos cargos también citados figuran Amadeu Altafaj, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva Maria Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Serra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal y Aleix Villatoro.

Embargo de bienes

Según afirma Societat Civil Catalana (SCC), que al igual que la Fiscalía presentó una denuncia contra los responsables de la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 con la finalidad de que estos políticos devolvieran el gasto que conllevó, el Tribunal de Cuentas requerirá a los citados para que paguen o avalen estos gastos y, en caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes.

El tribunal especifica que los citados pueden comparecer personalmente o “por medio de representante debidamente acreditado para la defensa de sus derechos o intereses”.

También han sido citados ese día los representantes legales de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

En su notificación, el Tribunal de Cuentas advierte a los citados que las actuaciones se encuentran a su disposición para que en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que reciban la resolución puedan aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen que deban ser tenidos en cuenta.

En un comunicado, SCC considera “absolutamente necesario que los líderes de este proyecto, que genera división y enfrentamiento y que está llevando a Cataluña a la ruina económica, paguen hasta el último céntimo de dinero público que han utilizado para ejecutarlo”.