El Supremo juzga este martes a Alberto Rodríguez (Podemos) por atentado contra la autoridad
La Fiscalía pide seis meses de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra este martes en sesión única el juicio contra el ex secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, quien se sienta en el banquillo por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones. La defensa del dirigente niega los hechos y enmarca la causa en su contra en “la criminalización de la protesta social”.
La Fiscalía pide para el dirigente ‘morado’ una pena de seis meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y una multa de 180 euros, así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014.
El Supremo admitió todas las pruebas propuestas por el Ministerio Público para el juicio oral, entre ellas la testifical de tres policías que participaron en la protesta y sus respectivos partes médicos. Rechazó, por su parte, las presentadas por la defensa al considerar que no tienen relación con los hechos.
Rodríguez pedía la testifical de dos sanitarias, la reproducción de vídeos de la protesta o las pruebas practicadas y la sentencia dictada por un juzgado de Tenerife de la que dimana esta causa. Según el tribunal, estas últimas ―al proceder de otra sede judicial― no son valorables en el presente procedimiento.
Los hechos instruidos en el Supremo, dada la condición de aforado de Rodríguez, ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna con motivo de una manifestación contra el entonces ministro ‘popular’ José Ignacio Wert. Según la Fiscalía, en el marco de aquella protesta el ahora diputado presuntamente propinó una patada a un agente.
En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, se relata que el 25 de enero de 2014 se organizó por las autoridades competentes un dispositivo policial en el centro de la localidad de La Laguna, con ocasión de la inauguración de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, a la que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert porque se tenía conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema “Rechazo a la LOMCE”.
Según el relato del Ministerio Público, unas 500 personas se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales y comenzaron a gritar: “Perros, hijos de puta”, “quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos”.
La Fiscalía sostiene que en plena protesta una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla. Sin embargo, una vez que los agentes le negaron el acceso al interior del templo, volvió al otro lado del vallado. Fue entonces cuando, según el Ministerio Público, el grupo comenzó a lanzar a los policías diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.
En este contexto el fiscal sitúa a Rodríguez, a quien se acusa de propinar una presunta patada a un policía que ―de acuerdo al relato de Fiscalía― sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo asistencia y cinco días de recuperación.
La defensa del diputado, que aportó un soporte digital con la grabación de algunos momentos seleccionados de la manifestación en que se sitúan los hechos, solicitó que se decretase el archivo de la causa acordándose el sobreseimiento libre por no haber quedado suficientemente acreditada la comisión de infracción penal alguna.
El magistrado que instruyó este asunto, Antonio Del Moral, justificó su decisión de llevarle a juicio en “las declaraciones del agente policial que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos”.
Durante su declaración ante Del Moral el pasado 4 de marzo, Rodríguez negó los hechos por los que fue imputado y enmarcó las investigaciones en su contra en “la criminalización de la protesta social”.
El dirigente sostiene que se limitó a participar “junto a miles de canarios en una manifestación por la educación pública y contra los recortes”, aseverando que “ni siquiera estaba en ese momento” en el que se produjeron las agresiones a los agentes.