El Supremo abre causa a Alberto Rodríguez (UP) por supuesto atentado a la autoridad
El magistrado Antonio del Moral, vinculado al Opus Dei y con plaza en el alto tribunal desde 2012, será el instructor del caso.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto este lunes una causa penal al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, aforado por su condición de representante en el Congreso, según ha informado el propio tribunal. El Supremo considera que existen indicios de que el morado cometió, supuestamente, un delito de atentado contra un agente de la autoridad y lesiones hace seis años, durante una protesta contra la Lomce en la que pateó a un policía y le provocó contusiones.
Fuentes oficiales de Unidas Podemos manifiestan a este diario su “asombro” por la noticia de la apertura de esta causa al diputado, quien desde que llegó a la Carrera de San Jerónimo, tuvo que enfrentar críticas por su aspecto, por su vestimenta y por su corte de pelo.
El magistrado Antonio del Moral, vinculado al Opus Dei y con plaza en el Supremo desde 2012, será el instructor del caso. El juzgado de instrucción 4 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) remitió en diciembre de 2019 al Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos, en virtud de un atestado instruido por la policía de la La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
La Fiscalía presentó previamente un escrito de acusación contra Rodríguez, al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones. El ministerio público también pidió un año de prisión. El juzgado de instrucción acordó la apertura de juicio oral contra él por los hechos, pero al acreditar su condición de diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.
El Supremo ya abrió una causa en 2017 contra Rodríguez por un presunto delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos también en La Laguna el 25 de diciembre de 2006. El alto tribunal declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.
