El reto de 'resucitar' la Agenda para un futuro sostenible

Cuando la Agenda de Desarrollo Sostenible fue aprobada en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, muchas organizaciones que habíamos participado y acompañado su negociación teníamos una sensación ambivalente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) implicaban importantes avances respecto a los anteriores; eran más completos y conllevaban una visión universal e interrelacionada de los retos globales, pero parecían poco creíbles por estar desde su nacimiento desacompasados. Digamos que era una Agenda del siglo XXI en su visión pero del siglo XX respecto a las instituciones que debían hacerla realidad y a los medios. Me refiero a que el sistema de Naciones Unidas del año 1945, ligeramente modificado, sería la entidad a cargo de impulsar la agenda global para su cumplimiento y que la financiación quedaba postergada a la Conferencia sobre Financiación del Desarrollo, un laberinto del que no termina de emerger con fuerza ningún acuerdo global que genere mecanismos de redistribución más eficaces. Es más, los Derechos Humanos aparecían como inspiradores en el preámbulo de los ODS, pero luego los objetivos no se formulaban como Derechos, lo que limita cualquier opción de que sean vinculantes jurídicamente para las instituciones y exigibles para la ciudadanía.

En el año 2017, esos vicios de nacimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible se ven acrecentados por un funesto cambio en el contexto internacional. Cuando la agenda empezó a diseñarse en 2011, se enmarcaba en una visión del mundo liberal y globalizadora, en su versión más humana y social, bebiendo del optimismo que inspiró la Declaración del Milenio a finales de los 90. Y esa visión del mundo está quebrada.

En estos seis años, espacios de poder claves en la escena internacional empiezan a estar ocupados por actores en los que predomina una visión del mundo nacionalista y proteccionista que no reconoce las interdependencias y para los cuales no se trata tanto de regular la globalización liberal con normas internacionales comunes, sino de defender intereses particulares de un Estado por encima de los de otros, a los que ven como competidores; y por supuesto, por encima de los intereses colectivos globales.

En este marco ideológico, la solidaridad internacional queda relegada a un espacio de menor recorrido. Prima lo propio y lo cercano frente a lo global y lo común y se justifica esta visión, basada en el miedo y la protección, para legitimar políticas racistas y xenófobas y abrir la puerta a que la agenda de la seguridad (centrada en la lucha antiterrorista y el control de fronteras) se convierta en el valor dominante para abordar los problemas globales, que en todo caso se perciben como particulares. Es decir, prima la seguridad propia, el "sálvese quien pueda y, en todo caso, primero yo".

Así, mientras la Agenda de Desarrollo Sostenible se basó en la construcción colectiva de alianzas entre diferentes actores, la tendencia política actual contribuye a la fragmentación y polarización de las sociedades, como por ejemplo ha quedado patente en países tan diversos como USA, Reino Unido, Guatemala o Colombia.

Esta combinación de los mencionados vicios de diseño y el nuevo contexto dejan a la Agenda 2030 fuera de juego, sin utilidad política, tanto para las instituciones como para los actores sociales. Para las primeras, porque puede quedar en un requisito menor que cumplir en el papel; y para los segundos, porque difícilmente puede transformarse en una herramienta de control o presión para el cambio de políticas, y por tanto, de la realidad.

Desde esta perspectiva, es importante reflexionar sobre cómo hacerla políticamente útil y efectiva. En el caso de España, creo que la mejor opción sería generar una pasarela entre las políticas nacionales y la política exterior, como recoge la Agenda 2030. Y más en concreto, el Objetivo 10 ("Reducir la desigualdad en y entre los países"), que es el que mejor nos permitiría cumplir con la universalidad.

Conviene recordar que España, en los últimos 40 años, ha conseguido importantes logros en la reducción de sus desigualdades internas y tiene una valiosa experiencia en la articulación de un sistema fiscal y de políticas e instituciones públicas que le permitieron avanzar en cohesión social. Esto es un know-how sobre el que construir la acción exterior española. Además, y dado que la gestión de la crisis desde el 2008, tanto aquí como en Europa, ha hecho mella en muchos de los avances conseguidos, creo que un Plan de Desarrollo Sostenible que se articulara en torno a este Objetivo 10 sobre la reducción de las desigualdades cobraría una gran relevancia. Asumir este compromiso, no solo a nivel nacional sino internacional, contrarrestaría las enormes tentaciones e incentivos para que la política exterior, e incluso la cooperación al desarrollo, responda a cuestiones de seguridad y de control migratorio, como estamos viendo de manera cada vez mas evidente.

Pero además, esa apuesta permitiría trabajar la interrelación entre políticas públicas que están vinculadas al mismo objetivo y que han sido claves en la cooperación al desarrollo. En torno a ese Plan, se podría priorizar el trabajo en otros objetivos vinculados a igualdad de género, agua y saneamiento, lucha contra la pobreza, ciudades sostenibles y cambio climático, etcétera, dándoles una coherencia interna. Permitiría, además, tener una agenda de trabajo muy pertinente para los Países de Renta Media donde España tiene su mayor experiencia en cooperación al desarrollo.

Finalmente, se daría relevancia política a la Agenda 2030. Tanto las instituciones estatales como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos podrían encajar en el plan una parte importante de su trabajo. Y el mismo efecto produciría en las organizaciones sociales españolas, no solo ONGD sino también otras de acción social. Sería un espacio político donde la diversidad de las organizaciones locales de mujeres, vecinales, consumidores, de infancia, religiosas, de jóvenes, de diversidad sexual, étnica, de inmigrantes, etc.. y los fuertes movimientos sociales que existen en España podrían reflejar sus sensibilidades y preocupaciones. Y es que todos estos actores trabajan agendas que tienen vínculos directos con un Plan de Desarrollo Sostenible basado en la reducción de las desigualdades. Sería el marco adecuado para asumir responsabilidades reales con la Agenda 2030 y para ejercer su labor de control de las instituciones. Finalmente, presentaría un marco interesante para influir en la política migratoria -contrapeso adecuado a su excesivo foco en las cuestiones de seguridad- y como guía para orientar las decisiones sobre Sector Privado y Desarrollo.

Dejar caer la Agenda 2030 en el olvido y la irrelevancia es un error que siembra el camino a esa creciente percepción ciudadana de que las instituciones y los consensos internacionales no valen para mucho. Y es algo muy peligroso en los tiempos que corren.