El Pequeño Nicolás, al juez: "Yo quería tirarme el pisto"

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados por el viaje que hizo a Ribadeo (Lugo) en agosto de 2014 haciéndose pasar presuntamente por un enlace entre el Gobierno y la Casa Real. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros.

En su declaración ante el juez, Gómez Iglesias se ha defendido explicando que “yo quería tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje”, alegando que “con esa inmadurez quería asemejarme a los mayores y creerme poderoso”.

De igual forma, el Pequeño Nicolás ha admitido que él “estaba al corriente de la política” y que era consciente de que no existía el cargo entre Casa Real y el Gobierno. No obstante, también ha remarcado que “no quería dar impresión de una autoridad, sino de persona importante”.

Gómez Iglesias ha esgrimido que en el momento del viaje a Ribadeo su estado emocional era otro completamente distinto, lo que le provocó esa necesidad de querer ampliar su poder personal. “En esa época no tenía el tratamiento psiquiátrico que tengo desde hace años”, ha reseñado.

El juicio se celebra en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid y se prolongará durante varios días. El joven, de 27 años, se enfrenta a delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo.

Junto a él se han sentado en el banquillo de los acusados el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge G. H., y el policía municipal de Torrijos (Toledo) Carlos P. L. D., para cada uno de los cuales el Ministerio Público pide cinco años y medio de prisión.

A lo largo de la jornada de este martes prestará declaración el propio Gómez Iglesias, así como los dos policías que supuestamente le ayudaron en la farsa para, presuntamente, intentar sacar rédito económico a un empresario al que pretendía engañar.

Las suspensiones del juicio

Será la cuarta vez que se intente celebrar este juicio por el viaje a Ribadeo, tras una suspensión en 2019 por un cambio de letrada del Pequeño Nicolás porque recibió presiones, la segunda por la pandemia del coronavirus en 2020 y la tercera el pasado mes de enero por contacto directo de covid de uno de los letrados.

La Fiscalía pide para Gómez Iglesias siete años de prisión y una multa de 81.000 euros, mientras que la acusación popular que ejercen la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos, 11 años de prisión. La Abogacía del Estado pide 21 meses de cárcel y una multa, y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de prisión.

El miércoles declararán varios testigos como el empresario Jorge Cosmen y un brigada de la Guardia Civil. Y el jueves darán su testimonio otros testigos como el inspector jefe de la Policía Municipal de Ribadeo, se practicarán varias pruebas periciales y se conocerán los informes finales, todo antes del derecho a la última palabra de los acusados.

El viaje a Ribadeo

El Ministerio Público detalla que a principios del mes de agosto de 2014 el Pequeño Nicolás propuso organizar una reunión a un empresario asturiano, al que le hizo creer que era un funcionario público, enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.

El 13 de agosto ambos almorzaron juntos en un restaurante de Ribadeo al que, según el acusado, “asistiría una persona muy importante de la Casa Real”, algo que nunca ocurrió.

Para llevar a cabo su plan, Gómez Iglesias había contactado previamente con dos policías municipales, a los que pidió que le proporcionaran los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público, a cambio de una gratificación por sus servicios.

Este martes está prevista la tramitación de las cuestiones previas, los interrogatorios de los tres acusados y la declaración en calidad de testigos de tres policías nacionales.

El pequeño Nicolás también se sentará en el banquillo nuevamente a finales de mayo –los días 20, 21 y 25– por la presunta trama por la que un amigo le hizo la selectividad en 2012. La Fiscalía pide para él en este proceso cuatro años y seis meses de cárcel.

Este joven fue detenido en octubre de 2014, cuando tenía 20 años, acusado de falsedad, estafa y usurpación de identidad por hacerse pasar por miembro del Gobierno. Tras esto se le abrieron varios procesos judiciales, algunos ya finalizados, como la causa en la que estaba imputado por injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia, en la que fue absuelto.