El Ministerio de Consumo prohibirá los 902

Objetivo: acabar con los 902. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, va a prohibir estos números telefónicos de tarificación adicional porque entiende que estos servicios de atención al cliente “no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”.

Así lo adelantan a El HuffPost fuentes del Ministerio de Consumo, que entienden que se trata de una medida “de justicia social” que pondrá fin “a un abuso generalizado y agravado en el contexto del Covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad”.

El Ministerio que pilota Garzón ya está manos a la obra preparando una ley para modificar el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para adaptarlo a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se busca “evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica”, precisan las fuentes.

Ahora se va a abrir un proceso de consulta a la ciudadanía y se trabajará con las asociaciones de consumidores y la sociedad civil. La idea es que vaya al Consejo de Ministros en los próximos meses.

Desde Consumo recuerdan que toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica con el objetivo de que sea una comunicación rápida y eficaz. Y legalmente se debe disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica. 

Pero hasta ahora existen discrepancias, precisan desde el Ministerio, sobre la interpretación del concepto de “tarifa básica” y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman. Los más comunes son los 902 que “tienen costes muy altos” y “suponen unos elevados sobrecargos en las facturas mensuales de los hogares”.

Los 902 son más caros que una llamada provincial pero más baratos que una llamada nacional. El precio se estableció así con el fin de que si un usuario llamaba a un 902 localizado fuera de su provincia pagaba algo más que por una llamada provincial pero menos que por una nacional, argumentan desde el departamento de Garzón. El Gobierno entiende que estos números han quedado a día de hoy obsoletos porque los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles.

Actualmente, la ley de defensa del consumidor dice en su artículo 21.2: “En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica (…). A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”.

Sobre las dudas que conlleva esta “tarifa básica” se pronunció el propio Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia de marzo de 2017, en la que falló: “El concepto de tarifa básica (…) debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar. Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante”.

Esta modificación que quiere llevar a cabo Consumo, basándose en estos preceptos, también responde a la idea que tiene el Ministerio de que ese acceso a la información de los consumidores de manera directa y transparente no puede estar condicionada por los recursos económicos y no se pueden ver reducidos como consecuencia del ejercicio de un derecho básico. Es decir, “justicia social”. Además, el departamento de Garzón trabaja en una medida que las asociaciones en defensa de los consumidores llevan pidiendo desde hace años. “Informarte, consultar o reclamar a una empresa no puede suponer un sobrecargo en las facturas mensuales, sean clientes o no”, entienden.

Por todo ello se va a prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente (los más extendidos son los 902). En el proyecto en el que trabaja Consumo se recoge que los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas. Objetivo: acabar con esos abusos y sobrecostes en las facturas mensuales, beneficiando especialmente a los que menos recursos tienen.

Esta será una de las medidas estrella de Consumo para el nuevo curso político, en el que además espera sacar adelante su regulación sobre la publicidad de juego on line, que ahora mismo entra en fase de estudio por parte del Consejo de Estado. El Ministerio de Consumo fue uno de los de nueva creación con el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y estas medidas que tiene en cartera serán respaldadas previsiblemente por los socios de Gobierno sin choques como ha pasado con otras durante estas semanas.