El jefe de la Guardia Civil al mando de la investigación califica de "insurreccional" el clima en Cataluña tras el 20-S

El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, ha calificado de “periodo insurreccional” el transcurrido en Catalunya partir de la actuación en Unipost —donde el Instituto Armado se incautó de miles de tarjetas censales— y, sobre todo, desde la operación de registros del 20-S y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 28 de septiembre. “Aquello era literalmente un polvorín”, ha dicho.

Así lo ha señalado este testigo clave ante la sala que juzga el procés en el Tribunal Supremo, incidiendo en la existencia de un antes y un después en el ambiente que rodeó las investigaciones que su equipo de policía judicial llevaba a cabo por orden primero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ―desde noviembre de 2015― y después a raíz de las diligencias iniciadas en marzo de 2017 por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.

“Detectamos las cartas de Unipost y ahí ya fue un golpe duro”, ha señalado, para añadir que un día después, con motivo de la operación del 20 de septiembre, hubo que montar un dispositivo especial para que los registros no fueran conocidos con anterioridad y las pruebas que se buscaban pudieran ser “difícilmente obtenibles”. “A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional”, ha añadido.

Dentro de este clima de acciones hostiles a la investigación, el teniente coronel ha señalado que se contabilizaron un total de 88 actuaciones contra la Guardia Civil, tan sólo dos antes del 20-S, 84 entre esa fecha y la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de nuevo dos después de dicho momento. En el caso de la Policía Nacional, los ‘escraches’ y acciones contra el cuerpo fueron 25 ―23 en el “periodo insurreccional”―, mientras que contra los Mossos d’Esquadra se contabilizaron tan sólo dos.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal ―cuyo interrogatorio ha merecido varias protestas de las defensas por la terminología utilizada, como la mención a “asedios” cuando el testigo había mencionado ‘escraches’―, el teniente coronel ha situado el periodo de “máxima conflictividad” entre el 20 de septiembre y el “paro de país” del 3 de octubre de 2017.

Así, en cuanto a los ‘escraches’, el testigo ha contabilizado un total de 47 durante dichas fechas en casas cuarteles de la Guardia Civil, en las que viven los agentes junto a sus familias y hay niños, según ha subrayado a requerimiento de la fiscal, añadiendo que uno de los casos, en Igualada (Barcelona), se llegó a arrojar una prenda con líquido inflamable.

Los cortes en carreteras y vías férreas, sin embargo, fueron más numerosos a raíz de la aplicación del 155 según este testigo ―se contabilizaron un total de 193―. Lo que cambió radicalmente tras la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy fue la respuesta que encontraron cuando acudían a las sedes de la ANC o a Òmnium Cultural para ejecutar alguna diligencia, ya que entonces no se encontraban con la resistencia ciudadana que en jornadas anteriores era la tónica general.

Sensación compartida en los tres grupos

“Aquello era literalmente un polvorín, los policías con un mínimo de responsabiidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podría derivar en una escalada incontrolable y afortunadamente no fue así”, ha añadido. “Pero los tres cuerpos policiales coincidíamos que era un polvorín, eso era incuestionable”.

Ha dicho también que la celebración del referéndum no era solo el objetivo, sino “la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso, la condición ‘sine qua non’ para la declaración de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto”, y que de toda su investigación se deriva la “unidad de propósito de los actores implicados”.

La testifical del teniente coronel, conocedor de toda la investigación realizada en torno a la organización del referéndum ilegal, ha ocasionado también varias intervenciones del presidente del tribunal, Manuel Marchena ―avisado por las defensas― para advertir al testigo de que debía evitar realizar valoraciones sobre su conocimiento del caso que pudieran hacer derivar esta prueba hacia una pericial.

Baena, que al inicio de su declaración ha reconocido haber sido condenado con multa por un delito contra la integridad moral ―un asunto “personal” ya cancelado―, ha dicho también durante el interrogatorio de la Fiscalía que las diligencias ordenadas por Ramírez Sunyer en diferentes sedes del Govern el 20 de septiembre pudieron realizarse satisfactoriamente, si bien a costa de poner en marcha “acciones extraordinarias de seguridad”.

En este punto ha revelado una circunstancia hasta ahora desconocida, el hecho de que tenía orden del juez de utilizar ese día la fuerza si la seguridad e integridad física de los componentes de la comisión judicial en la sede de la Conselleria de Economía se hubiera visto comprometida. “Lo valoré, pero no lo adopté porque no se llegó a entrar dentro de la Conselleria”, ha concluido sobre esta cuestión.

Llamada de Puigdemont al CTTi

Durante su declaración, el teniente coronel ha ido corroborando todas las líneas de investigación que se han presentado ante el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona sobre los encargos de la Generalitat para celebrar el referéndum, como el reparto de cartas certificadas para formar las mesas electorales incautadas en Unipost; la elaboración de campañas de publicidad llamando a votar; o el desarrollo de soporte informático para el recuento de votos por parte del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (CTTI).

Sobre este departamento tecnológico de la Generalitat ha relatado que el 30 de septiembre y el 1 de octubre, la Guardia Civil tumbó 15 aplicaciones vinculadas al referéndum y que eso fue lo que provocó que la Generalitat activara el censo universal.

En este sentido, ha recordado que uno de sus subordinados le comentó que el mismo día 1 el director del CTTI, Joan Angulo, recibió una llamada del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para pedir explicaciones por los problemas informáticos y que éste le informó que estaba siguiendo las instrucciones de los agentes del Instituto Armado que estaban con él.