El Gobierno pide que se investigue a las agencias de vientres de alquiler que operan en España

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país “se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países”.

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

En declaraciones a Efe, la titular de Justicia, Dolores Delgado, ha detallado que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, “no a todas”, aunque no ha precisado a cuántas.

Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

“Es un tema muy, muy grave”, ha enfatizado la ministra, quien ha insistido en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén “negociando con el vientre de las mujeres” y estén “traficando con menores”.

Además, ha recalcado que ya se están investigando a algunas en otros países y ha precisado que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.

La legislación española declara “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría “a las mafias” que trafican con los vientres de las mujeres “aquí y dónde sea”, mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con “la compra venta de niños.

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada “solo hay amor, vida, libertad y respeto” y que recurrir a los vientres de alquiler es “un derecho”.

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a este método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los “vientres de alquiler” participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España “se penaliza el tráfico de personas”.

Qué hacen estas agencias

Entre España 2010 y 2016, según las cifras del Gobierno, se han tramitado un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, aunque la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.

En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada.

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

En declaraciones recientes a Efe, David Monje, responsable de la agencia Go4baby, detalló que el proceso puede durar entre 12 y 18 meses y explicó que su empresa ofrece “paquetes” que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres.

“Los programas más caros son los cerrados: pase lo que pase durante el proceso -varias transferencias, incluso algún aborto-, se reinicia y no tiene sobrecoste para los padres.

Monje, cuya empresa opera en Ucrania, reconoce que son los padres comitentes los que deciden si la mujer gestante aborta y que determinados programas cubren el reinicio del proceso si el bebé muere.

Cuando el niño nace, los padres lo recogen del hospital, se hace la prueba genética del progenitor para demostrar la paternidad y se inscribe en el registro consular. Una vez en España, la madre comitente solicita su adopción.

Un negocio “lucrativo y repugnante”

A juicio de la abogada Núria González, autora del libro Vientres de Alquiler, se trata de “un negocio lucrativo que tiene a un bebé como producto y que alquila el cuerpo de una mujer”, compromete su dignidad.

Según la letrada, estos contratos abusivos están basados en la “extrema vulnerabilidad” de las gestantes, que suelen ser mujeres pobres.

En este sentido, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, ha manifestado que los contratos por gestación subrogada “resultan sorprendentes y repugnantes”, ya que se plantea lo que la mujer puede hacer y abren “una comercialización, una mercantilización de algo natural que es tener un hijo”.

Una opinión que comparte gran parte del feminismo, que entiende la gestación subrogada como “una forma de esclavitud, sobre todo de las mujeres pobres”, como asegura la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo.

Por el contrario, la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, considera que todas las críticas hacia la gestación se acabarían si se regulara en España con garantías: “cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros”.