El Gobierno intenta abaratar el recibo de la luz en pleno caos por la nueva factura
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un anteproyecto de ley para recortar los 'beneficios caídos del cielo' y rebajar la factura un 5%.
La factura de la luz no deja de subir. El recibo de electricidad se ha disparado un 45,4% en mayo respecto al mismo mes del año pasado, según la organización de consumidores Facua. Ante este complejo escenario, el Gobierno ha pisado el acelerador para aprobar la reforma eléctrica con el objetivo abaratar el recibo.
El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes a un anteproyecto de ley para reducir una parte de la retribución que reciben actualmente las centrales eléctricas no emisoras de dióxido de carbono (CO2), como firmaron el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo para conformar el Gobierno de coalición en diciembre de 2019.
El objetivo de esta iniciativa es recortar los denominados “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) que se llevan supuestamente las tecnologías más baratas —las centrales hidráulica y las nucleares— al ser remuneradas como las más caras —los ciclos combinados de gas—.
¿Por qué ocurre esto? El mercado eléctrico está diseñado de forma que el precio en el mercado regulado cambia cada día según la demanda existente y el tipo de energías disponibles.
¿Quién decide cuánto cuesta? El precio final del mercado eléctrico diario —conocido como pool— lo marca la energía más cara que entre ese día en el mercado, que suele ser el gas. Si la demanda se cubre solo con las renovables y la nuclear, el recibo se abarata mucho.
Así ha evolucionado el precio en el mercado diario eléctrico:
El precio de la luz, en niveles de Filomena
Este precio del mercado diario eléctrico representa aproximadamente el 35% del recibo de la luz que pagan los consumidores. El resto se corresponden a los peajes (40%) y a impuestos (25%).
Una subida de precio en el mercado mayorista afecta directamente al bolsillo de los más de 11 millones de clientes que tienen la tarifa regulada, llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Un incremento en el precio conlleva automáticamente un alza en sus recibos.
Así lo han notado los consumidores. Si hace un año un usuario pagaba 56,47 euros por un kilovatio hora (kWh) ahora abona 82,13 euros, casi 26 euros más. Los precios de este lunes se asemejan a los que se vivieron durante la borrasca de Filomena. Un auténtico despropósito.
El precio del C02 dispara la factura de la luz
Las compañías eléctricas suelen atribuir estas subidas de precio en el mercado mayorista al incremento de precio de los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), que tienen que pagar por contaminar.
“El coste de generar 1 megavatio-hora (MWh) de electricidad para un ciclo combinado de gas viene determinado por la evolución del mercado de gas natural (materia prima) y del de emisiones de CO2 (precio por contaminar). El encarecimiento de estos dos factores ha elevado su coste de producción desde los 39 euros por MWh a finales de febrero a los 64 euros por MWh actuales”, explican desde Grupo ASE.
A pesar de que la producción con gas es muy pequeña, acaba afectando a todo por el sistema de precios establecido. “Incluso cuando solo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista hace que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras”, aseguran desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
El Gobierno intenta con este proyecto compensar el impacto del alza del precio de los derechos de emisión de CO2 sobre el recibo de luz. El Ejecutivo calcula que los cambios implicarán que la factura se rebaje un 5%.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha recordado este lunes que el precio de las emisiones “ha aumentado muchísimo en los mercados”, en una entrevista en COPE.
“En principio va mañana [por este martes] al Consejo de Ministros justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas”, ha asegurado.
La propuesta diseñada por el departamento que dirige Teresa Ribera afectaría solo a las centrales nucleares e hidroeléctricas anteriores a 2005. “La propuesta no afecta, por tanto, a ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura”, apuntan.
Las principales afectadas son las grandes compañías eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que son las propietarias de esas centrales. El Gobierno calcula que esta medida tendría un impacto para las eléctricas de entre 800 y 1.000 millones.
Ante esta previsible pérdida económica, empresas como Endesa, Acciona e Iberdrola han caído este lunes en Bolsa por su exposición a hidráulicas y nucleares.
Iniciativas para bajar el recibo a largo plazo
La elección del 1 de junio para aprobar esta reforma del mercado eléctrico en el Consejo de Ministros no es casual. Ese mismo día entra en vigor la nueva factura de la luz, que dividirá en varios tramos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la nueva factura podrá abaratar un 3,4% el precio de la luz a los consumidores acogidos a la tarifa regulada sin discriminación horaria. Sin embargo, tendrán que adaptar sus hábitos para consumir más en las horas con menos demanda.
No es la primera vez que el Gobierno intenta abaratar el recibo de la luz. El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo ya aprobó la creación del fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Aquella propuesta pretendía sacar el coste de las primas a las energías renovables del recibo de la luz. Esta maniobra permitiría reducir la factura de la luz un 13% durante los próximos cinco años.
El problema es que tanto la iniciativa aprobada en diciembre como la que tiene previsto sacar adelante este martes tardarán unos meses en notarse en los bolsillos de los consumidores, ya que tienen que completar su tramitación parlamentaria. Mientras tanto, tocará poner la lavadora durante los fines de semana y el lavaplatos al irse a dormir.
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