El Gobierno fija un mínimo de 50 años para guardar "altos secretos" de Estado

El Consejo de Ministros tramitará este lunes el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que incorporará cuatro categorías, fijará un mínimo de 50 años para guardar los “altos secretos” de Estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia.

La aprobación del anteproyecto será en la última reunión del Consejo antes del paréntesis veraniego, que se celebra por la tarde para que pueda presidirla el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al regreso de su gira por los Balcanes Occidentales.

Sánchez, en una conversación informal con los periodistas que cubren esta visita, ha avanzado la aprobación de ese proyecto y ha recalcado la relevancia de que vaya a sustituir a la ley vigente en la actualidad y que data de 1968.

La denominación será Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, y fijará cuatro categorías de protección: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.

En función de la categoría, los plazos para la desclasificación oscilan entre los 50 años para los altos secretos (la información que se considerará más sensible) y los 4 años para la información restringida, aunque ese periodo podrá prorrogarse en algunos casos.

Actualmente no existe plazo límite alguno para la desclasificación de la información de carácter reservado.

Fuentes del Gobierno subrayan que el establecimiento de esas cuatro categorías de protección se hace conforme a las normas comunes entre los socios de la UE y la OTAN y recalcan que se trata de adaptar el tratamiento de la información clasificada al ordenamiento constitucional.

La ley establece una autoridad nacional para la protección de la información clasificada, con competencias, entre otras, de garantizar el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Cambio de competencias

Hasta ahora era Defensa la autoridad responsable de la información clasificada en España, pero el anteproyecto otorga ahora esta competencia al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a cuyo frente está ahora Félix Bolaños.

Una decisión que el Ejecutivo señala que está también en línea con lo que ocurre en la gran mayoría de países de la UE y la OTAN porque se trata de un departamento transversal y de coordinación interministerial.

El hecho de que esta competencia deje de estar en manos de Defensa no ha provocado queja alguna de la ministra de este área, Margarita Robles, ya que, según Sánchez, ella misma le mostró su apoyo la semana pasada para que el texto previsto prosperara.

La aprobación de una nueva ley de secretos oficiales ha venido siendo reclamada desde hace años por diversos grupos políticos, y uno de los más activos en esa demanda ha sido el PNV.

Después de que su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban volviera a plantear la necesidad de esa ley en el pasado debate sobre el estado de la nación, Sánchez, en su contestación al dirigente vasco, avanzó que el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales se aprobaría durante el mes de julio.

Previamente, el jefe del Gobierno ya había anunciado que habría una nueva normativa el 26 de mayo, cuando también dio a conocer su plan de reformar la ley del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la crisis surgida por el caso de espionaje político mediante el sistema Pegasus a dirigentes independentistas catalanes.

Sánchez ya señaló entonces que el objetivo de la nueva ley es adecuar al ordenamiento jurídico la desclasificación de documentos confidenciales y adaptarla a los estándares internacionales.

“Nos va a homologar a las democracias más avanzadas, cumpliendo con los requerimientos de la normativa de la UE y de la OTAN y con los tratados internacionales suscritos por nuestro país”, destacó entonces el presidente del Gobierno.

En su conversación con los informadores en la gira balcánica, el presidente del Gobierno ha subrayado que confía que cuente con el respaldo de los grupos parlamentarios porque con la ley se va a sustituir a una aprobada antes del periodo democrático.