El Gobierno echa el freno a Cabify y Uber, pero da 4 años de prórroga

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto ley que permitirá que comunidades autónomas y ayuntamientos pongan fin a las licencias de VTC en el transporte urbano, pero, en compensación, con un período de gracia de cuatro años en el que podrán seguir operando, aunque con restricciones.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comparecido ante la prensa en La Moncloa y ha admitido que su solución es salomónica y que no dejará muy satisfechos ni al sector del taxi ni al de los vehículos alquilados con conductor.

Una queja que cuanto más generalizada sea, ha dicho Ábalos, más "evidencia que se ha actuado con la mayor objetividad y racionalidad", ya que es un conflicto larvado durante años y necesitaba una nueva orientación.

El nuevo enfoque será diferente en cada ciudad, ya que cuando termine la moratoria de 4 años cada comunidad y cada municipio o área metropolitana podrán establecer los límites que decidan para las licencias de VTC, como ya hacen con otros medios de movilidad urbana: taxi, coches compartidos, bicis y patinetes de alquiler.

Eso no hará que caduque ninguna de las licencias actuales, ya que conservarán todas las VTC la posibilidad de hacer recorridos interurbanos: entre dos comunidades autónomas por seguro y entre dos municipios de una misma comunidad si así se regula en la normativa autonómica.

Durante el período transitorio las licencias de VTC estarán blindadas y los entes autonómicos y locales no podrán suprimirlas, pero serán permitidas regulaciones sobre cómo hacen la recogida de clientes, sobre los horarios y turnos de los conductores o sobre los requisitos de los vehículos.

Eso, en la práctica, puede suponer grandes limitaciones en algunas ciudades, y, de hecho, el origen de la última fase del conflicto entre taxi y VTC se debe a los requisitos impuestos antes del verano por el Área Metropolitana de Barcelona, cuya norma fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La moratoria de 4 años servirá como indemnización por los derechos que pierdan las licencias si no pueden hacer transporte urbano a partir de 2022.

"Si alguien entiende que le constituye un perjuicio con respecto a la perspectiva que tenían, estos cuatro años adquieren naturaleza indemnizatoria", ha subrayado Ábalos, quien ha resaltado que la Abogacía General del Estado ha avalado los cálculos de Fomento sobre la posible responsabilidad patrimonial que correspondería.

Hay unas 11.000 licencias de VTC actualmente y se esperan otras 9.000 cuando acabe el goteo de resoluciones judiciales a su favor, ya que fueron concedidas en un período, entre 2009 y 2015, en el que eran legales.

Luego se estableció por ley que debía haber un ratio de una VTC por cada treinta taxis, pero este no se cumple, y en la realidad es de alrededor de una cada cinco, que se acercará a una cada tres cuando terminen las tramitaciones judiciales.

Ese ratio uno/treinta quedará superado en octubre de 2022, pues cada comunidad autónoma podrá establecer los suyos.

Todo ello, siempre que el decreto ley hoy aprobado, que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, sea convalidado por una mayoría parlamentaria en el plazo de 30 días, ya que, si no, decae.

El mayor grupo parlamentario, el del PP, ha criticado que el decreto ley alargue el problema cuatro años y lo traslade a las comunidades autónomas.

Según la patronal Unauto-VTC, el Gobierno ha cedido al "chantaje" del taxi y ha creado "inseguridad jurídica" para los miles de trabajadores que dependen de las licencias de VTC.

Las principales asociaciones que representan al taxi, como Fedetaxi o Antaxi, no han emitido una reacción pública al decreto ley en las horas siguientes a conocerlo, pero ya habían advertido de que una moratoria no resolvería el problema y mantenían en suspenso y sin desconvocar los paros que protagonizaron a finales de julio.

En cada ciudad habrán quedado más beneficiados los taxis o los vehículos con conductor, en función de si las restricciones municipales que se hagan -tanto las temporales como las que se fijen tras la prórroga- limitan mucho las VTC o las permiten continuar como hasta ahora.