PSOE y Unidas Podemos terminan una "reunión constructiva", pero sin acuerdo sobre la reforma laboral
Y se emplazan a seguir dialogando.
La decisiva mesa de seguimiento del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ha finalizado tras casi dos horas de encuentro y sin una solución, de momento, sobre la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que era uno de los puntos clave.
A su salida, fuentes del PSOE han calificado la cita de “constructiva y con un buen tono” y han añadido a que se emplazan a seguir hablando.
Por su parte, desde Unidas Podemos, se ha señalado que por el momento no se ha logrado un consenso respecto a legislación laboral y que “será necesario seguir negociando”.
En la primera reunión de la coalición desde enero, han participado, por parte del PSOE: la vicesecretaria general Adriana Lastra; el portavoz del Grupo parlamentario Héctor Gómez; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños; y la ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero.
En el otro lado, en UP, se han sentado a dialogar: Josep Vendrell, jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez, secretario de Estado, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; la número dos del partido y ministra de Igualdad, Irene Montero; y el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Sobre la ausencia de Díaz, fuentes de la vicepresidencia han justificado a la agencia Efe que en este tipo de reuniones no participan “los líderes de la coalición”.
El anuncio de la reunión fue clave para entender que algo no funcionaba a lo interno del Ejecutivo. En la mañana del viernes 22 de octubre, Ione Belarra publicaba el anuncio por el cual solicitaban una reunión urgente porque necesitaban “abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición” entre el PSOE y UP.
Una reunión crucial
En los primeros días de octubre, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz representaron la foto de coalición tras llegar a un consenso con los presupuestos generales de 2022 y la primera ley de vivienda de la democracia.
Sin embargo, los aires cambiaron en los siguientes días y sus posiciones se alejaron alrededor de dos cuestiones: la derogación de la reforma laboral y la retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez que terminó con su salida partidaria de Podemos.
Todo comenzó con la denuncia de Yolanda Díaz contra Nadia Calviño por supuesta injerencia en las negociaciones de la reforma laboral. Esto llevó al presidente Sánchez a tener que respaldar a la ministra de Economía públicamente desde Bruselas, ya que se encontraba en el Consejo Europeo.
Durante el pasado fin de semana, tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos se han atribuido la derogación de la reforma laboral. Incluso, horas antes de la mesa, Yolanda Díaz reconocía que la situación de la coalición era “delicada”, mientras que Pedro Sánchez trataba de apaciguar las aguas y mencionaba que el gobierno en su totalidad tenía el compromiso de “modernizar” la legislación laboral.
Con Alberto Rodríguez, de fondo
El segundo cable tensado de la reunión tenía nombre y apellido: Alberto Rodríguez. El exdiputado de Podemos, ha generado la división en la coalición, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retirara su acta de diputado cumpliendo con lo dictado por el Tribunal Supremo.
La acción llevó a tal revuelo, que hasta miembros del Gobierno, como Ione Belarra criticaron la acción de los magistrados y respaldaron la querella de Rodríguez contra Batet.
Finalmente, Rodríguez ha anunciado que no presentará esa acción legal contra la presidenta parlamentaria, sin embargo, desde el Congreso aún se siguen acordando de su figura.
Es el caso de su compañero, el diputado Rafa Mayoral, que ha sustituido a Rodríguez como portavoz de la comisión parlamentaria y ha asegurado que “ha sido su intervención más difícil” y ha criticado que se ha gestado “un ataque a la soberanía popular”.
Recientemente, Rodríguez, junto a su nuevo equipo legal formado por Isabel Elbal y Gonzalo Boye, ha anunciado que presentará un incidente de nulidad ante el Supremo contra la sentencia de inhabilitación. Esta será su primer paso para poder recurrir la condena ante el Tribunal Constitucional.
