El fiscal sospechó del Ayuntamiento de Madrid en la estafa de las mascarillas
El Ministerio público comenzó la investigación con un informe que recogía la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos en el Consistorio madrileño.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina comenzó con sospechas de malversación de caudales públicos contra altos cargos del municipio.
El fiscal aceptó analizar la contratación, a raíz de un informe realizado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
En el documento se apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consistía en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario; en este caso se habría tratado de altos cargos del municipio.
En unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pide a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.
El fiscal exigió en el escrito detalles “sobre los eventuales intermediarios, incluida la persona que presentó al proveedor y su oferta” y, además de copia de todas las comunicaciones mantenidas en relación con la firma del contrato, pidió también información “sobre la existencia de posibles comisionistas”.
El representante de la empresa municipal aportó los datos al Ministerio Público, defendiendo que el Consistorio desconocía “la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado a la empresa suministradora”.
Una explicación que sirvió para que el fiscal descartara un posible delito de malversación por parte de responsables públicos y la Justicia admitiera al Ayuntamiento de Madrid como parte perjudicada.
