El Día Nacional del Orgullo cumple un año
Cuatro fechas han marcado el último medio siglo de la lucha de la comunidad LGTBI en la conquista de sus derechos. En 1969, los disturbios de Stonewall (Nueva York); en 1979 el colectivo LGTBI tomó las calles de Washington para manifestarse por primera vez a favor de una igualdad real y legal; en 1989 se derogó en España aquella perversa ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, y en 2005 se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Recordar aquellos hitos pone de relieve la necesidad de valorar la memoria, y, sobre todo, la memoria histórica. Saber cómo hemos logrado aquellas conquistas, de qué forma se ha hecho y qué rol hemos cumplido los dirigentes políticos en cada momento. Preguntas que la política, parcialmente, puede responder. Al fin y al cabo, fueron conquistas que la sociedad española impulsó a través de las múltiples asociaciones y activistas en su afán de construir un país más libre y democrático. Pero si miramos a las fuerzas políticas, fue el PSOE el único que tuvo la valentía de presentar dos proyectos de ley (Matrimonio Igualitario e Identidad de Género) ante la Cámara, que transformaron la realidad española. Y en la actualidad, también ha sido un gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, quien el año pasado impulsó y propuso al Consejo de Ministros la Declaración del día 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGBTI, la recuperación del derecho de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida de mujeres solas y lesbianas, o la facilitación del cambio del nombre de los menores trans.
Esta mirada a la historia que habitualmente los grandes aniversarios nos obligan a realizar, nos permite valorar el presente (y defenderlo), pero también reflexionar acerca de lo que está pendiente, en lo que aún la clase política y las instituciones están en deuda.
En este sentido, quisiera aprovechar este nuevo aniversario del Orgullo LGTBI para llamar la atención sobre las dificultades que afrontan las personas mayores de este colectivo, en línea con uno de los lemas de este año. Unos meses atrás, Federico, un amigo activista de Madrid que integra esta comunidad, comentaba que, a pesar de la apertura que ha habido hacia el universo LGTBI en los últimos años, la visibilización y aceptación de la diversidad sexual que se ha logrado en general en nuestra sociedad no es equivalente entre las personas de su generación, que a día de hoy, y tras 50 años de lucha, siguen sufriendo discriminación por gay, lesbiana, trans, bisexual o intersexual y también por “viejo” o “vieja”.
Muchos de ellos y ellas permanecen en las sombras, temerosos de sufrir una vez más el rechazo que padecieron durante los tiempos de la dictadura franquista. Muchos carecen de la libertad y la aceptación con que los jóvenes pueden vivir libremente su sexualidad, y ni siquiera cuentan con espacios en los que transitar su vejez con la transparencia que les gustaría hacerlo.
Federico, que también preside la Fundación 26 de Diciembre, nos recuerda que es necesario continuar el trabajo de reconocer y ampliar los derechos de la comunidad LGTBI. Las personas, independientemente de su edad, orientación sexual o identidad de género, deben tener garantizados sus derechos a una vida plena e independiente. Incluso si logramos que los y las mayores de la comunidad LGTBI se integren libremente, la sociedad se beneficiará de su indudable aporte.
Para lograrlo, no basta con condenar cualquier tipo de discriminación relacionada a la edad, orientación sexual o identidad de género, sino que debemos avanzar y dotarnos de normativas actualizadas que prevengan el famoso “discurso de odio” -que intenta invadir la agenda pública desde las derechas- y que ofrezcan protección a las víctimas y estipulen sanciones administrativas a quienes la cometan. En definitiva, tenemos el reto de alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación de nuevas leyes como la igualdad de trato y no discriminación y la igualdad LGTBI.
Al mismo tiempo, debemos consolidar unos servicios públicos que favorezcan el mantenimiento de su salud y bienestar físico, mental y emocional. Las instituciones deben velar por todas las personas mayores y establecer políticas que compensen las situaciones especiales en las que pueden encontrarse algunos colectivos como el LGTBI.
Es también nuestra tarea invertir en políticas municipales a favor de la diversidad sexual y la no discriminación a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, sensibilización, formación y concienciación, que conviertan nuestras ciudades en espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Ciudades en las que personas como Federico puedan vivir plenamente a lo largo de toda su vida.
Pero si solo protegemos nuestras ciudades viviremos en una isla donde constantemente recibiremos solicitudes de ayuda ante miles de persecuciones a lo largo (y ancho) del mundo. En ese sentido, será muy importante el desarrollo de las políticas LGTBI en el marco comunitario que garanticen protección de toda la ciudadanía de la Unión Europea y combata las brechas de derechos que existen entre los distintos Estados miembros. Una tarea que también debemos llevar más allá de nuestras fronteras, para impulsar políticas de cooperación y defensa de derechos humanos en el marco de la agenda 2030 que velen por la defensa de las libertades individuales de las personas.
