El Constitucional alemán ha hecho su parte, ahora le toca a España

Ayer fue un día importante para Europa. El Tribunal Constitucional alemán levantó su veto a la ratificación del fondo de recuperación y dio luz verde al Next Generation EU, los 750.000 millones de euros de deuda común europea —un concepto sin precedentes, no lo olvidemos— que irán a los Estados miembros en forma de ayudas y préstamos para transformar sus economías y afrontar la crisis de la covid-19.

Esa es la buena noticia: Alemania ya no va a retrasar la llegada a España, en los próximos seis años, de los 140.000 millones de euros que le corresponden. Hay dos datos a tener en cuenta para moderar nuestro entusiasmo. Por una parte, el Constitucional estudiará a fondo el asunto y no descarta decidir en algún momento que es una medida excepcional, es decir, que la UE no podría repetir una operación de endeudamiento similar. Por otra, son 10 los países que tienen aún que completar los procedimientos de ratificación de Next Generation UE.

Pero volvamos a lo importante: las repercusiones de esta decisión son enormes para nuestro país. Ahora, si España hace bien su trabajo con respecto a un dinero fundamental para la recuperación y la transformación de la economía, es posible que a finales de julio aterricen los primeros fondos. Para que esto suceda, el Gobierno tiene que presentar un plan de recuperación de acuerdo con las condiciones que exige la UE; un plan transparente y que permita a nuestros socios, que tienen la última palabra, entender cómo se va a emplear el dinero.

Europa no es un cajero automático. Las instituciones comunitarias deberán aprobar los planes de cada país y los países tienen capacidad de escrutinio sobre los planes de los otros socios comunitarios. No son caprichos ni imposiciones. Es un sistema de filtros y garantías para evitar, en la medida de lo posible, arbitrariedades, politiqueo, amiguismo, opacidad y corrupción. Y España tiene que saber cómo funciona este sistema para hacer las cosas bien.

Primero, la Comisión Europea deberá analizar los planes y valorarlos individualmente. Es aquí donde entran la reforma laboral y la reforma de las pensiones, entre otras, que el Ejecutivo comunitario lleva varios años pidiéndole a España a través de las denominadas recomendaciones específicas. Y atención: el fondo Next Generation implica un cambio de paradigma para la Comisión. Ya no recomienda; ahora, exige. No son suficientes meras promesas sin calendarios vinculantes, ni hechos probados.

Una vez superada esta primera fase, la Comisión le hará llegar su valoración a los gobiernos de los 27, que determinarán si están de acuerdo con las conclusiones del Ejecutivo comunitario o si, por el contrario, consideran que se ha equivocado. España no puede confiarse tampoco aquí, y hay datos para la preocupación: no han pasado inadvertidos escándalos como el de los 53 millones de Plus Ultra, los vaivenes sobre la reforma laboral y las pensiones o el dictamen del Consejo de Estado asegurando que la gobernanza del plan elimina controles contra el fraude y la corrupción.

Hay Gobiernos europeos con muchas ganas de demostrar a su electorado que son duros con un sur de Europa que arrastra aún una imagen, justa o injusta, legada de la anterior crisis. Estos mismos países tienen poco que perder echando atrás unos planes de recuperación que puedan considerar sospechosos. Da la casualidad de no tienen dinero en juego y que todavía no han presentado sus propios planes ante la Comisión.

La decisión del tribunal de Karlsruhe, está claro, es un motivo de celebración. Pero el Constitucional alemán no puede hacernos olvidar que la carrera no ha hecho más que empezar. Sin ser claros y transparentes sobre cómo acceder al dinero del fondo de recuperación y asegurarse de que llegue a quien verdaderamente lo necesita, el plan de recuperación español no saldrá adelante. El Gobierno debe superar los límites partidistas, incorporar más opiniones y experiencia y desterrar las prácticas de amiguismo, las operaciones sospechosas y la ausencia de información a responsables regionales y locales si quiere de verdad aprovechar la oportunidad para forjar un nuevo modelo de país.

El Constitucional alemán ha cumplido. Ahora nos toca a nosotros. Y no se entiende que un reto tan importante para la sociedad y para el futuro de los españoles, una oportunidad en la que tanto nos jugamos, se aborde con ópticas y procedimientos de vuelo gallináceo, en lugar de hacerlo con perspectivas integradoras y visión estratégica.