El Consejo de Ministros aprueba otro plan de choque: ayudas al alquiler o moratoria de cuotas a autónomos
El Gobierno prevé también aprobar ayudas para empleadas del hogar o reforzar la protección de las mujeres maltratadas.
El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros un aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19.
Además, prevé aprobar un plan para el mercado del alquiler que contempla una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
“Hoy vais a conocer cómo hay muchísimas medidas, como moratorias en las cuotas sociales”, que muestran cómo el Gobierno “empatiza con un sector hiperrelevante de la economía” y soluciona “la vida también de estos trabajadores”, ha afirmado este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz -en Telecinco-.
Todas estas medidas forman parte del plan de choque del Ejecutivo para mitigar el impacto económico del coronavirus.
Moratoria de cotizaciones
El Gobierno aborda de urgencia el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, extremo que ha confirmado este martes Díaz. La medida podría ser de seis meses.
El aplazamiento de cuotas, reclamado especialmente por las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y también por las organizaciones empresariales, ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, el que se encargará de articular la posible medida y establecer las condiciones, requisitos y parámetros de la moratoria.
El Gobierno ya estableció hace dos semanas una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que pueden acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Dicha prestación es incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social y tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, con una duración de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.
Además, el tiempo de su percepción se entiende como cotizado y no reduce los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.
Ayudas para empleadas del hogar
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro como consecuencia del coronavirus.
La ayuda extraordinaria duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que las asociaciones del colectivo ven “insuficiente”.
La prestación también podría dirigirse a desempleados que hayan agotado el paro y personas que cuiden de dependientes, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Refuerzo de la acogida a las víctimas de violencia machista
El Gobierno dará también luz verde en su reunión de este martes a un Real Decreto-ley para reforzar los servicios de acogida a las víctimas de violencia machista.
Las medidas, impulsadas por el Ministerio de Igualdad y que abarca también a las mujeres víctimas de explotación sexual, pretenden garantizar una alternativa de alojamiento seguro para estas mujeres -informa EP-.
Las víctimas de violencia de género podrían alojarse en hoteles si los servicios de acogida no tienen disponibilidad.
Los servicios de atención a las víctimas de violencia de género ya se consideraban servicios esenciales desde que comenzó el estado de alarma.
Ayudas al alquiler
El Ejecutivo prevé también aprobar un lote de medidas para ayudar a las familias que no pueden pagar el alquiler por la crisis.
De este modo, el Estado avalará microcréditos sin intereses -a devolver en un periodo de entre tres y seis años- para los inquilinos más afectados por la actual coyuntura. Además, paralizará durante medio año todos los procesos de desahucio por impago de rentas, incluidos los iniciados antes de la pandemia.
La propuesta, proveniente del Ministerio de Transportes, supone la movilización de 700 millones de euros e incluye la prórroga automática durante seis meses de los contratos de alquiler que vayan a vencer. Asimismo, incluye una moratoria de cuatro meses en el pago de la renta si los propietarios de los pisos son “grandes tenedores”, es decir, fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos.
En estos casos, la deuda acumulada se prorrateará para que los inquilinos la puedan pagar en un periodo máximo de diez años, han explicado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
¿Quiénes son inquilinos vulnerables?
El borrador de decreto que debate el Consejo de Ministros establece que son inquilinos “vulnerables” los que tienen que destinar más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler y distingue entre vulnerables “coyunturales” y “estructurales”.
Los primeros serían el grueso de familias, trabajadores, autonómos y pequeños comerciantes que han visto reducidos sus ingresos por la decretada paralización de la actividad económica, pero que se recuperarán cuando finalice el estado de alarma.
Para estos afectados, el texto prevé microcréditos avalados por el Estado, a través de una línea del ICO (Instituto de Crédito Oficial), cuyos intereses sufragará el Mitma con cargo al Plan Estatal de Vivienda.
En cuanto a los colectivos vulnerables estructurales, los pagos de sus rentas los cubrirá el ministerio con cargo a los fondos previstos en los planes estatales.
Aunque no hay datos oficiales, el Mitma calcula que entre el 85% y el 90% del mercado residencial de alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades.
Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra al 95% o 96%, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16% de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una “necesidad económica urgente”.
Discrepancias internas
La propuesta del Ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos busca el apoyo de la vicepresidencia social que encabeza el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con medidas como la paralización de los desahucios.
Sin embargo, Unidas Podemos ha abogado en los últimos días por suspender el pago del alquiler a todos los afectados por el coronavirus, en la línea de lo que reclaman los sindicatos de inquilinos, que han convocado a una huelga de alquileres a las familias, autónomos y pequeños comerciantes afectados.
Según sus datos, más de 8.000 personas han avisado, desde el pasado 19 de marzo, de que no podrán hacer frente al pago del alquiler en abril por haber visto reducidos sus ingresos o haber perdido su empleo.
La medida que finalmente parece haberse caído del orden del día del Consejo de Ministros de este martes es el ingreso mínimo vital.
