El confinamiento no lo es todo

Confinamiento: Pena que consiste en obligar a alguien a residir en un lugar diferente al suyo, aunque dentro del área nacional, y bajo vigilancia de la autoridad. 

“Un encierro es algo muy extremo. Prefiero hablar sobre las limitaciones de movimiento. Dado que los números están aumentando bastante rápido en la mayor parte de Europa, serán necesarias fuertes restricciones de movimiento mientras los países implementan los servicios de salud pública necesarios para evitar que el virus vuelva a crecer” (David Nabarro, enviado de la OMS para la covid-19 en Europa). 

Después del nuevo estado de alarma, aprobado por amplia mayoría, pero con duras acusaciones por exceso en su duración y por la delegación de la gestión en las comunidades autónomas, ahora resulta que nos hemos quedado cortos y para algunos solo cabría volver al confinamiento total, y cuanto más tardemos en tomar la decisión más larga será la pandemia y más lejos estará la recuperación. 

El argumento es por un lado epidemiológico, ya que la incidencia sigue siendo excesiva y no se nota todavía la influencia de las medidas de mitigación adoptadas, y también sanitario debido a la alta ocupación de las camas hospitalarias y de las UCIs, aunque la situación de la incidencia de la covid-19 y de la ocupación hospitalaria no es uniforme en España. Eso explica que unas comunidades autónomas como Asturias, Euskadi o la ciudad de Melilla soliciten el confinamiento, mientras otras como Cataluña o Madrid lo rechacen. 

Sin embargo, nadie de entre las comunidades autónomas ni entre los portavoces de los grupos parlamentarios, ni siquiera entre los medios de comunicación, consideró en el decreto de 29 de octubre cortas las medidas incluidas en el tercer decreto de alarma. A nadie se le pasó tampoco por la cabeza que el confinamiento total fuera una posibilidad o que pudiera ser objeto de delegación por parte del Gobierno central en las comunidades autónomas. Muy al contrario, se consideró excesivo tanto el plazo de un semestre, aunque al final fuese objeto de control mensual, como la delegación de medidas limitativas en las comunidades autónomas, precisamente por quienes habían reclamado una legislación al efecto. 

Ahora, vuelve de nuevo entre nosotros, como en la primera ola, el reproche a la tardanza y la debilidad en las medidas, fundamentalmente en comparación con otros países europeos que han optado por distintos niveles de confinamiento ante la fuerza de la segunda ola, pero sobre todo ante la demanda, sin solución de continuidad, al Gobierno central de un nuevo decreto de alarma que de cobertura a los confinamientos por parte de varias comunidades autónomas de distinto signo político, con un ambiguo apoyo del Partido Popular, aludiendo a las prórrogas de la primera ola de la pandemia. 

La primera en solicitarlo ha sido Asturias que, aunque con una incidencia que sube rápidamente, mantiene sin embargo una incidencia por debajo de la media y una buena tasa de positividad, pero que a pesar de ello sufre ya un alta ocupación hospitalaria y casi una situación de plétora en las UCIs debido básicamente al envejecimiento de su población y a la alta prevalencia de patologías respiratorias de origen laboral.

El término talismán que une a todas estas demandas es el confinamiento, aunque a su amparo se cobijen situaciones diferentes en cuanto a su grado y extensión. No es lo mismo el confinamiento total incluido el teletrabajo y cierre de las escuelas, que el confinamiento con esas mismas materias como excepciones, como tampoco lo es el confinamiento de un bloque de viviendas que el de un barrio o de toda una ciudad región o país.

Lo cierto es que lo que predomina hoy en Europa no es un confinamiento estricto, al modo del adoptado en España en la primera ola, sino que se combinan desde las restricciones a la movilidad mediante cierres perimetrales, toques de queda, más o menos amplios, y cierres de la restauración y la hostelería, hasta cierres comerciales totales salvo los servicios esenciales, y como máximo, el llamado confinamiento propiamente dicho, que aunque con las excepciones del trabajo y la educación, sería aún hoy minoritario.

La norma en Europa es sobre todo la restricción de la movilidad mediante el toque de queda, el cierre perimetral, los cierres de locales al público y los confinamientos parciales o locales. El ejemplo es el Gobierno de Merkel, que ha decretado el cierre de todos los locales de ocio, como bares, restaurantes, teatros, cines y otras actividades culturales. No confinamiento.

Entre ambos extremos, se ha abierto un debate, más nominal que real, entre la restricción de la movilidad y el confinamiento total. Se trata de qué hacer ante la transmisión comunitaria: si un proceso gradual y proporcionado de disminución de la movilidad para primero doblegar y luego reducir paulatinamente la incidencia, con la consiguiente presión continuada sobre los servicios sanitarios, o por el contrario un corte radical con un confinamiento con alguna excepción para, ante todo, impedir el colapso sanitario, en particular de hospitales y UCIs. En este caso habría que incluir también el momento posterior al confinamiento, debido al riesgo conocido desde la primera ola de perder en una desescalada precipitada y todo lo ganado con el confinamiento, con el consiguiente efecto rebote.

Al debate de expertos se suma el debate político basado en la experiencia de confinamientos anteriores y de las medidas de reducción de movilidad en la transición entre la primera y la segunda ola, y que quizá por ello ha optado en España por adoptar las medidas incluidas en el cuadro de mandos del semáforo de riesgos, sin descartar que en un determinado momento y en un territorio determinado pueda ser necesario un confinamiento más estricto. Un debate que ya hace un tiempo se ha producido en el mundo anglosajón, con el llamado break, como antes lo fue el de la inmunidad de rebaño, felizmente abandonado y descalificado recientemente por la OMS. El confinamiento total del modelo de la primera ola (Francia, Irlanda y Gran Bretaña) es, sin embargo, minoritario.

Sin embargo, en mucha menor medida aparece en este debate la cuestión esencial de lo que podríamos denominar el qué hacer mientras tanto. De nuevo el debate nominalista sobre el confinamiento nos hurta el qué hacer mientras tanto para que una vez doblegada la transmisión comunitaria, seamos capaces de contener la transmisión del virus mediante la atención primaria a los casos, el rastreo de los contactos y las medidas sociales para garantizar el efectivo confinamiento. Lo mismo nos ocurrió en las prórrogas previas a la desescalada de la primera ola. Al final, entre la nueva normalidad de uno y la inmunidad de rebaño de otros, no garantizamos el cumplimiento de los indicadores de salud pública y atención primaria de respuesta temprana.

Ni que decir tiene que la cuestión de los grupos de riesgo y los determinantes sociales tampoco aparece con la misma fuerza en el debate público, quizá porque hayamos renunciado a incidir en la sindemia, entendida ésta como la sinergia de la covid-19 con las pandemias de enfermedades crónicas y la de las desigualdades sociales. Con eso, las patologías de riesgo siguen quedando relegadas en relación al circuito urgente de la covid-19, y la precariedad laboral, los transportes públicos, los lugares cerrados de hacinamiento y contagio y las condiciones para el aislamiento de contactos siguen a la espera.

De eso, sin embargo, deberíamos estar hablando para no tropezar de nuevo en la misma piedra en una hipotética tercera ola y para no seguir presionando al límite nuestros servicios sanitarios, tanto en el caso de que finalmente terminemos en un confinamiento menor o mayor, más parcial o global. Es verdad que tiene el morbo del y tú más y del debate y votación en el Congreso, pero no es lo fundamental.

Lo que tiene todo el sentido epidemiológico y también legal es que el Gobierno central se reserve la decisión sobre el cierre total del confinamiento. Si hiciera lo contrario, incumpliría la Constitución y no habría cogobernanza.