El CGPJ cuestiona la definición de consentimiento de la ley de Montero

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene ya en sus manos el  anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual para emitir su informe al respecto y las conclusiones no son buenas para el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Unidas Podemos), de quien depende la norma. Aunque el dictámen del gobierno de los jueces no es vinculante, pesa en cuanto a lo que supone de visión de los expertos, que sostienen que hay fallos en la redacción que añaden confusión a la conocida norma del sí es sí.

Según ha adelantado la Cadena SER, en el documento, que estará listo a finales de enero, se constata que “a los ponentes no les gusta la definición que hace la Ley del solo Sí es Sí del consentimiento y algunos de ellos apuestan directamente por suprimir el párrafo”.

Según las fuentes consultadas por la emisora, los vocales entienden que l”a reforma define el consentimiento en negativo, incluyendo conceptos jurídicos indeterminados y creen que es un error porque parece que busca meter al juez en vereda”. Además, se quejan de que está redactado de forma “encorsetada”, que no abarca todas las situaciones posibles en caso de relación o agresión y que eso puede dar lugar a que perjudique a la víctima ante determinados casos.

Tras un primer encuentro de los expertos, defienden que basta con establecer, como ya hace el proyecto, que será agresión sexual cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. A su juicio, añade la SER, “no hay un problema de seguridad jurídica ni de regulación y el mejor ejemplo está en la sentencia de la manada que dictó el Tribunal Supremo”.

Los magistrados han pedido un informe sobre derecho comparado para estudiar la regulación legal que han hecho sobre el consentimiento otros países europeos, como Suecia o Alemania, donde la cuestión también ha generado mucho debate. Por eso, aún queda tela que cortar en las reuniones que tenga el CGPJ hasta que entregue sus conclusiones.

Este grupo de trabajo “tampoco ve con buenos ojos que la reforma contemple que el juez, razonándolo y atendiendo a la menor entidad del hecho, pueda rebajar la pena de prisión de entre uno y cuatro años en un grado o sustituirla por multa”, añade la información.

Los vocales entienden que este es un problema derivado de haber suprimido la figura del abuso sexual y para solventarlo quieren proponer un subtipo atenuado de la agresión sexual con penas inferiores a tres años o sustituibles por multa. Una regulación distinta para que esos casos menos graves no se queden al arbitrio del juez que tendría que atenerse a una cláusula abierta en vez de ceñirse al principio de taxatividad de la norma penal.

El Ministerio de Justicia (que comanda el socialista Juan Carlos Campo) ya presentó también numerosas objeciones para tratar de corregir el texto, aunque aseguraban que aun quedaría mucho trabajo por hacer en el trámite de enmiendas de los grupos y de informes del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.