Dos años de la sentencia que encendió las calles catalanas

La sentencia del procés cumple dos años con los líderes independentistas indultados y la entrega del expresident Carles Puigdemont pendiente de la justicia europea, mientras los tribunales siguen sumando causas por los disturbios tras el fallo, que dejaron más de 200 detenidos en Cataluña.

Penas de más de dos dígitos por la “sedición” del procés

El 14 de octubre de 2019, la víspera de que los “Jordis” cumplieran dos años de prisión, dictó el Supremo su sentencia, en la que descartaba que el procés fuera rebelión y se decantaba por una condena por sedición, un delito que la Abogacía del Estado había puesto sobre la mesa a última hora, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa.

En concurso con el delito de malversación, la sentencia disparó la condena de los líderes independentistas: el exvicepresidente del Govern y presidente de ERC Oriol Junqueras recibió el mayor castigo, de 13 años de cárcel, a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa se les impusieron 12, 11 y medio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y 10 años y medio a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull.

Los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron condenados a 9 años de cárcel, mientras los tres exconsellers que llegaron a juicio en libertad provisional -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- fueron sentenciados a 1 año y 8 meses de inhabilitación.

La sentencia asumía que en Cataluña hubo “indiscutibles episodios de violencia”, pero concluía que el procés no fue una rebelión, sino un “alzamiento público y tumultuario” que impidió la aplicación de las leyes en Cataluña y obstaculizó el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Para el Supremo, no obstante, los acusados nunca pusieron en riesgo el orden constitucional con el referéndum del 1-O, que según los jueces no era más que un “artificio engañoso” y una “ensoñación” para movilizar a los ciudadanos con el fin de forzar una negociación con el Gobierno. Y la DUI, meramente simbólica.

Horas después de notificarse la sentencia, el juez del Supremo Pablo Llarena dictaba una nueva orden internacional de detención y entrega contra Puigdemont, que el expresidente catalán y eurodiputado de JxCat en el Parlamento europeo ha logrado sortear hasta ahora.

Protestas multitudinarias y disturbios en las calles

La sentencia puso en pie al independentismo que, a la hora de saber que sus líderes habían sido castigados a penas de cárcel de hasta dos dígitos, organizó una multitudinaria protesta que provocó el colapso del aeropuerto de El Prat, a través de las instrucciones que daba por teléfono móvil la plataforma anónima Tsunami Democràtic.

Durante días de movilizaciones nunca vistas en Cataluña, los CDR tomaron el relevo de Tsunami en la organización de las protestas callejeras, que sembraron las calles de las principales ciudades catalana de disturbios, barricadas y enfrentamientos con la policía.

Más de 200 personas fueron detenidas en el episodio de protestas contra la sentencia del procés, lo que ha dado pie a múltiples causas por desórdenes y atentado a la autoridad en los juzgados de Cataluña.

En paralelo, la Audiencia Nacional sigue investigando, en una causa bajo secreto de sumario, quién estaba detrás de Tsunami Democràtic y centra sus pesquisas en el entorno de Puigdemont y en tres empresarios miembros del “estat major” que organizó el 1-O: el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí y Oriol Soler, próximo a ERC.

Indultos...y una última bala para tumbarlos

Tras alternar períodos en semilibertad por el artículo 100.2 o el tercer grado que les concedió la Generalitat -y revocó después la justicia-, los líderes del procés abandonaron la cárcel el pasado 23 de junio, gracias a los indultos parciales que les concedió el Gobierno.

Una medida de gracia que volvió a unir en una manifestación en la plaza Colón de Madrid a PP, Vox y Cs, sin que su indignación por los indultos se trasladara a las calles de Cataluña.

El capítulo de los polémicos indultos no está cerrado. Organizaciones civiles, partidos políticos e incluso particulares recurrieron la medida de gracia ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en un último intento por revocar la decisión del Gobierno.

No obstante, la capacidad de revisión del Supremo está limitada a analizar que se cumplan los requisitos formales y que “el indulto no sea arbitrario, es decir, absurdo, ilógico o caprichoso”. Aquí la clave de bóveda se sitúa en la legitimación activa para recurrir la medida de gracia, dado que solo pueden ir al Supremo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe ven complicado que el Supremo revierta el fallo del Ejecutivo porque hasta la fecha son escasísimos los casos en los que ha echado para atrás un indulto. Por el momento, el tribunal rechazó ya la suspensión cautelar de la medida de gracia que solicitaron los recurrentes y contempla resolver los recursos no antes de la primavera del próximo año.

¿Y qué ocurre con Puigdemont?

Pues que el escenario jurídico se complica aun más. El expresident, fugado hace cuatro años, tiene un procedimiento abierto en Bélgica donde reside y otro en Italia, cuyas autoridades le detuvieron en ejecución de la euroorden hace unas semanas.

Ocurre que ambos casos están supeditados a lo que decida la Justicia europea en dos cuestiones que determinarán de una vez por todas la forma de actuar ante Puigdemont, habida cuenta de los reveses recibidos por la Justicia española en Bélgica y Alemania.

El Tribunal de Justicia de la UE debe resolver la cuestión prejudicial sobre el alcance y ejecución de la euroorden planteada por el juez Pablo Llarena, que acudió a este órgano para evitar que Puigdemont acabara como el exconseller Lluis Puig, a quien la justicia belga denegó la entrega porque entienden que no es el Supremo el competente para juzgarle, sino un tribunal catalán.

Y, además, el Tribunal General de la UE tiene que pronunciarse definitivamente sobre la inmunidad que le retiró el 30 de julio. Bélgica e Italia aguardan sendas decisiones para poder actuar mientras el Supremo confía en que la justicia europea conceda el respaldo a sus actuaciones que le niegan otros colegas comunitarios.