Delitos electorales y delitos en elecciones
La democracia representativa, para serlo, se basa, entre otros, en el principio de que cada persona mayor de edad tiene derecho a emitir un voto libre y secreto. Votar es la actividad más importante que el ciudadano hace en política, ya que va a decidir quién gobierna en los próximos cuatro años, influyendo así en la tendencia que va a seguir el gobierno y la administración. Por eso está tan protegido y regulado.
Nadie está obligado a decir qué ha votado o va a votar y, por supuesto, nadie puede obligar a otro a que elija una candidatura determinada, porque entonces quien tuviera la capacidad de amenazar a más ciudadanos obtendría más representación y la democracia se convertiría en caciquismo o algo peor.
En cada cita electoral tenemos algunas noticias de personas que son descubiertas forzando a otras a introducir una papeleta que no quieren, como, en la última, estas monjas de Bilbao, por ejemplo. Intentan ser discretas para que su presunto delito pase desapercibido y, así, quede sin castigo. Pero Twitter es un mundo que se rige por otras leyes no escritas, en el que lo que no se cuenta no ocurre y, en ocasiones, se cuentan cosas que no han ocurrido. No sabemos si es por lo primero o por lo segundo, dos personas de signo político opuesto han publicado mensajes que, de ser ciertos, podrían acarrearles penas de prisión.
Supongamos que son simples gracietas para obtener notoriedad, pero analicémoslas como si los hechos fueran reales, para ver qué relevancia penal tendrían.
El 26 de abril, una usuaria explicó que le había escondido el DNI a su padre para que no pudiera ejercer su derecho al voto, en este caso a Vox. Consiguió seis mil retuits, que se dice pronto. Si el sujeto pasivo del delito disponía de pasaporte o permiso de conducción, la autora no habría cumplido su propósito —se puede identificar con ambos documentos en la mesa electoral— y su acción, por tanto, sería atípica —es decir, no cumplía el tipo, lo que el código penal exige para castigar—. Si, por el contrario, lo consiguió, podría haber cometido un delito de coacciones, que consiste, entre otras cosas, en impedir a otra persona realizar lo que la ley no prohíbe. En este caso le está vedando el ejercicio del sufragio activo que, además, es un derecho fundamental que reconoce la Constitución Española en su artículo 23. Por eso, de ser condenada le correspondería una pena mínima cercana a los dos años y una máxima de tres, además de ganarse unos antecedentes penales que le iban a limitar su acceso a puestos de la Administración y no digamos si alguna vez se quiere dedicar a algún trabajo que requiera una imagen social impoluta.
En su favor juega que estas infracciones exigen denuncia del autor. Si el padre, por el amor que le pueda profesar, no acudiese a la Policía, la muchacha no sería juzgada por su delito.
Dos días después, otro individuo publicó un hilo en el que narraba cómo había intimidado a su hijo para que votase a Vox aunque él no quería hacerlo. Acababa rematando diciendo que en su «casa no hay democracia. Se hace lo que manden tu padre y tu madre y punto en boca». Tan agresivos eran sus mensajes que Twitter eliminó dos de ellos por incumplir sus normas. Este caso es todavía más grave que el anterior, porque los hechos se realizan con intimidación —aunque la pena es la misma—. Para ver su castigo tenemos que acudir a la Ley Orgánica 5/85, del Régimen Electoral General que castiga esta conducta en su artículo 146, donde leemos que podría ganarse hasta tres años de prisión. En este caso, además, el delito es perseguible de oficio, por lo que, de ser una historia real, no es descartable que en algún momento cercano su responsable se vea ante un juez para responder por él. Además, si el tuitero es un funcionario público, por el régimen que les es propio, cometer un delito doloso, como sería el caso, puede acabar con su expulsión del cuerpo al que pertenezca.
Más importante que su paso por la cárcel representa la mentalidad que estas personas tienen en ambos casos y que, aunque es una tendencia minoritaria, sus representantes la enseñan con orgullo y desinhibición en las redes sociales: que lo único correcto es lo que ellos entiendan como tal. Que tener opiniones diferentes es peligroso y debe ser combatido de forma activa o pasiva.
Debemos hacer una reflexión que nos sirva para entender lo que es España, por qué somos una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo —incluso por delante de vecinos nuestros como Francia o Bélgica—. Eso se consigue con tolerancia al diferente y respeto por todos los ciudadanos. En el momento en que empecemos a imponer nuestra visión única, la de cada cual, caminaremos hacia el desastre y la violencia. No hay que mirar demasiado atrás en el tiempo para encontrar ejemplos en nuestro país
No creo que eso sea bueno para ninguno. Tampoco para nuestros dos ejemplos de más arriba, porque igual que ellos quieren imponer, se pueden encontrar con quien les imponga. Sigamos siendo tolerantes con nuestros vecinos, entendiendo que el respeto es la base de la convivencia, que tener opiniones políticas opuestas no significa ser enemigos y, quizá, seguiremos siendo un ejemplo para todo el planeta.
