De derechos y deseos
Cuando hablamos de derechos hablamos de todas aquellas cosas a las que el ser humano tiene acceso por la mera condición de serlo y en igualdad de condiciones, sin importar ni el nivel económico, ni la orientación sexual, ni el género en el que se identifique, ni su lugar de origen, ni su cultura, ni su religión y mucho menos su etnia. Algo que per se parece tan evidente en ocasiones se vuelve una clarificación de la estratificación social en la que seguimos encapsulados y que parece no tener fin.
Deseamos todo aquello que queremos tener de una manera más o menos clara. Queremos porque creemos necesitar. Necesitamos porque creemos querer. Deseamos porque sabemos que lo podemos conseguir. Y nos ocurre a todos. Desde el deseo más lícito, como por ejemplo alcanzar un estatus social mediante el trabajo y el esfuerzo o un nivel cultural más alto, hasta los más ilícitos como, por ejemplo, comprar la voluntad de las personas a golpe de cheque.
En la pasada Feria del Libro de Madrid me regalaron Identidad Borrada (de Garrad Conley), un libro en el que el autor relata la terapia de conversión de la homosexualidad a la que el principal de la trama es sometido a deseo de su familia, fervientes creyentes y pertenecientes a una escisión de la Iglesia Católica, porque sienten el deseo de que su hijo, su único hijo, no sea gay. Ser gay, lesbiana, intergénero, trans, bisexual o queer como objeto de la burla, como pecado a erradicar. Erradicar o querer erradicar algo tomándolo como un derecho personal y no como lo que es, un deseo rancio y casposo de quien no ha entendido que sí, que tenemos el derecho de vivir nuestra sexualidad y manifestar nuestra identidad de género como la sintamos.
Deseo y derecho son dos conceptos que no siempre se comparten. Según el artículo 20 de nuestra Constitución, la ciudadanía española tiene el derecho a estar debidamente informada de una manera objetiva. Es decir, estar debidamente informado no es un deseo lícito, sino un derecho constitucional. Por otra parte, entendiendo que el concepto de objetividad ha quedado de lado y que ahora los periodistas hablamos de neutralidad ¿hasta qué punto debemos exigir que los medios de comunicación social nos informen y no nos desinformen?
¿Y cuando hablamos del ente público? Supeditar qué dicen nuestras radios y televisiones públicas, ya sean de ámbito local, regional o, como es el caso que traslado en este texto, nacional, debería ser objeto de la lucha de todas y de todos. Y no con el deseo de que exista una autocensura como sí ocurrió con la Ley Fraga, de 1966, sino porque entendemos que la televisión y la radio que pagamos con nuestros impuestos no puede trasladar el deseo de quien informa, sino la realidad del asunto que ha sido aprobado por su relevancia social, económica, política e informativa.
Hace unas horas leí en redes que la periodista Montse Boix estaba siendo acosada por Lluís Guilera, editor del telediario de TVE en fin de semana. Esta situación ha tenido lugar porque Boix se ha lanzado a denunciar el tratamiento que se le dio el pasado 17 de febrero a la información relativa a los vientres de alquiler que contratan las parejas españolas en Ucrania y a los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado poner freno. La periodista no denuncia sólo en calidad de periodista, sino como secretaria de Igualdad de UGT RTVE; es decir, como líder sindical. Ante la cuestión, el citado editor consideró que la información se había trasladado con equilibrio, matizando al final de la conversación que se trata de una cuestión personal. Como nota aclaratoria y tal y como recoge la revista Shangay, Lluís y su pareja acudieron a la técnica de la gestación subrogada para conformar su familia.
El deseo de una pareja de formar una familia no puede anular el derecho de una mujer de ser libre. Y libre significa entender que la libertad se adquiere cuando todas y todos nos encontramos en una situación de iguales, tanto económica como socialmente. Cuando una pareja decide formar una familia o aumentar la que ya tiene y para ello acuden a la maternidad subrogada o vientre de alquiler, existe una situación de predominancia de quien adquiere un bebé por una cantidad cuantificada de dinero frente a quien presta su cuerpo a cambio de un rédito económico.
Si convertimos la vida en economía, la vida en mero objeto de intercambio, ¿qué nos queda como sociedad? Si convertimos la salida de la pobreza en permitir que utilicen nuestro cuerpo para que otras personas alcancen sus deseos, ¿en qué punto quedamos como humanidad?
La mercantilización del cuerpo es el último resquicio que nos queda a quienes defendemos que la economía no tiene que ser la respuesta a todo, debe ser uno de los puntos clave en la denuncia social que realizamos los periodistas no sólo en virtud de nuestras funciones como informadores, sino también como educadores. Juan de Dios Heredia, ante un aforo bastante completo, nos exigió a los periodistas allí presentes ser subjetivos con las injusticias; no mantenernos impasibles sino tomar parte activa como garantes, en primera y última instancia, de que la democracia esté sana y fortalecida.
El trabajo de Boix no sólo es un alegato al sentido común. Pone de manifiesto la extendida sensación de la predominancia del hombre cis y hetero frente a la mujer. Expone la falta de responsabilidad de un alto cargo, un editor, en el ente público que utiliza la información que todas y todos consumimos para manipular y hacer creer que la víctima es el comprador y no quien ha sido objeto de la compra. Montse pone de manifiesto que la dignidad está por encima del poder adquisitivo y que las leyes son el marco jurídico que nos hemos dado todas las personas de una sociedad para poder desarrollar nuestra actividad diaria.
El periodismo no se puede basar en la censura de la opinión formada a través de una educación continua de una profesional que, por otra parte, ha demostrado una brillante carrera profesional en RTVE. Gracias por la coherencia Montse; gracias por no mantenerte impasible.
