De cortar carreteras a reunirse en el Ministerio: las protestas del campo alcanzan una nueva dimensión

Dos imágenes en contraste de una misma lucha. De un lado, agricultores y tractores cortando el tráfico, una fotografía casi rutinaria de los últimos tiempos. Por otro, organizaciones agrícolas y el Gobierno reunidos en sede oficial. Este martes, el campo español ha dado un paso más en sus protestas y ha llegado al Ministerio de Trabajo para ser oído.

Horas después de que los trabajadores volviesen a colapsar Extremadura y parte de Almería, esta tarde representantes de ASAJA, COAG y UPA, los tres grandes referentes del ramo, se han reunido con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El mensaje, en cambio, no parece unitario y al término de la cita las entidades han transmitido versiones bien diferentes.

El encuentro ha comenzado sobre las 16:15 horas, con las disculpas de la propia ministra después de que la pasada semana estas asociaciones fueran excluidas del encuentro que mantuvo el Gobierno con los sindicatos para abordar la rebaja de las peonadas del PER.

Dos horas después era turno para las valoraciones. El más explícito ha sido Lorenzo Ramos, de UPA: “Las palabras del vicepresidente ‘seguid peleando, tenéis razón, el Gobierno sabe que tenemos que ayudaros’ significan que están sabiendo ver nuestras protestas. Creo que en pocos días vamos a tener concreción por parte del Gobierno. Si recibimos un documento con medidas suyas para presentar a los agricultores en unos diez días, habremos conseguido un objetivo fundamental y desconvocaríamos las manifestaciones”, ha reconocido.

Su compañero de sector Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha sido notablemente más escéptico y ha mostrado su disconformidad con el resultado de la conversación. “Solo nos ofrecen dialogo, no podemos estar satisfechos. Puede ser el inicio de algo más... sí, pero de momento no lo es”. En la misma línea de incredulidad se ha movido Miguel Blanco, de COAG.

Sin embargo, unos y otros han coincidido en que su interlocutor prioritario no debe ser el Departamento de Trabajo, sino “Agricultura”. “Y en torno a él debería convocarse una reunión interministerial con los representantes competentes: vicepresidencia de Transición Ecológica, ministerios de Trabajo, Consumo, Seguridad Social y hasta de Asuntos Exteriores por su negociación de presupuestos comunitarios y la PAC”, ha añadido Ramos.

El salario mínimo, las cotizaciones sociales y la PAC

A lo largo de las dos horas han sido muchas las medidas debatidas pero todas orientadas a la cuestión económica. Al sector no les salen las cuentas por mucha reunión que convoquen. En esta han ratificado sus dudas en torno al aumento del salario mínimo mensual de 950 euros. “Es inviable hacer frente a esa cantidad en estos momentos”, lamentan distintas voces, que abogan por una rebaja de las cotizaciones para aliviar las cuentas.

Durante su encuentro, al igual que en la previa, las organizaciones agrarias han exigido al Ejecutivo medidas para amortiguar la subida del salario, como la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, en la línea de lo planteado en la reunión sin ellas de una semana atrás.

También han surgido serias dudas con el futuro de los fondos europeos con la anunciada rebaja de un 14% en la partida presupuestaria de la Política Agrícola Común (PAC), como ha propuesto el Consejo Europeo en su plan de cuentas para la UE. “Una barbaridad” que debe intentar evitar a toda costa el presidente español, han señalado desde las principales asociaciones.

Un conflicto que se enquista a falta del “documento” del Gobierno

El cara a cara en sede gubernamental llega en la cuarta semana de ‘ruido’, con tractores, cortes de carretera, tirada de productos y hasta fuegos en plena calle. A falta de ese documento programático que las asociaciones han exigido al Gobierno, el conflicto amenaza con alargarse en tiempo y espacio, con decenas de provincias, millares de agricultores en pie y centenares de tractores en liza dando fuerza a las imágenes para un sector que se reconoce “abandonado”.

Esa ha sido una de las palabras “estrella” para los manifestantes. El abandono por parte de las instituciones, el abandono en la cadena alimentaria y el abandono social que invisibiliza su día a día. Deficitario en muchos casos, denuncian.

Más allá del lamento por ese “abandono”, los objetivos y hasta los términos utilizados por los trabajadores del sector primario han sido idénticos en Extremadura, Andalucía, Madrid o Valencia. La crítica a los ”ínfimos precios en origen” frente a los “altos costes de producción” que dan lugar a las llamadas “ventas a pérdidas” (a menor cantidad que los propios costes). Las “insuficientes ayudas de Europa”. La “desprotección de los gobiernos” o la “inutilidad” de los seguros agrarios. “En 20 años que llevo en el campo no he visto un duro de seguros. ¿Para qué sirven entonces?”, se quejaba un participante en la protesta celebrada en Madrid.

Mayor peso político

La voz de este agricultor individual, como la de miles de “compañeros”, ha llegado ya al Ministerio. No es el único gesto por parte del Gobierno, que ha comprendido la gravedad de los hechos tras ver al campo unido “por primera vez”.

El propio Pedro Sánchez ha ido lanzando mensajes de tranquilidad a agricultores y ganaderos: “Contad con vuestro Gobierno”, “no miraremos para otro lado”, ha señalado en diversas ocasiones. Más apreciado por el sector fue el anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas: la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para “dignificar” a todos los agentes del proceso y el debate de la venta a pérdidas. “Es un paso, veremos en qué queda”, confesaba un líder sindical a El HuffPost frente al Ministerio de Planas el pasado 5 de febrero. Un día antes había tenido lugar la primera Mesa de Diálogo Gobierno-agricultores.

Pasos aún insuficientes, explican desde el ámbito rural, pero que poco a poco muestran cómo el campo va calando en la política. También en el Congreso, donde llegan los ecos del resto de España. Este mismo martes, las tres asociaciones sindicales se han reunido con los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Ciudadanos para pedir que apoyen la tramitación urgente de los cambios legales que prepara el Gobierno en apoyo al sector.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha reclamado saber “exactamente hasta dónde llega el compromiso en contratos, costes, precios y márgenes comerciales”, mientras el presidente de ASAJA ha insistido en que “pedimos al Gobierno que concrete los puntos para negociar y mueva ficha cuanto antes”.

Las protestas de momento van a seguir y desde UPA insisten en la necesidad de verse, incluso, con el presidente Sánchez “para evidenciar el compromiso del Gobierno”. El calendario de movilizaciones sigue llenándose de fechas marcadas en rojo. Mañana se mueven a Granada; el viernes vuelven a Jaén tras la fuerte manifestación del olivar; después Sevilla, Huelva, A Coruña...

El órdago del campo al Ejecutivo es claro: si no hay medidas concretas seguirá habiendo pelea en las calles.