De brechas digitales y suturas sociales

“Esta pandemia supone un desafío no solo para los sistemas sanitarios de todo el mundo, sino también para nuestro compromiso con la igualdad y la dignidad humana”.

Antonio Guterres

 

Del parque particular de ordenadores al nivel público de lo telemático, nuestro tránsito de lo analógico a lo digital está siendo errático y, en definitiva, deja mucho que desear. 

En España, en plena pandemia telemática, hay 700.000 familias (datos oficiales) que no pueden proporcionar un ordenador y conexión a sus hijos. Y, sin embargo, ahí están las declaraciones de nuestro ministro de Universidades poniendo en duda la actualidad de la brecha digital y el hecho de que desde algunas administraciones autonómicas se abrace acríticamente la enseñanza online, como si se tratase de un designio para los nuevos conversos de nuestra época. 

Tampoco nuestro lugar en el mundo en innovación y digitalización está cerca de los países avanzados de nuestro entorno. Y, sin embargo, nuestra Administración pone el acelerador en lo telemático sin que se avance, ni mucho menos, en facilitar los trámites burocráticos ni en la accesibilidad de los ciudadanos. 

No queremos simplificar. Ni se trata, tampoco, de que nosotros estemos abrazando un nuevo ludismo. Es decir, es evidente que la tecnología ha sido de gran ayuda en la pandemia y que necesitamos reforzar nuestra vertiente innovadora y recuperar cuanto antes nuestro nivel de inversión en I+D de antes de 2008. Eso nadie lo pone en duda. Lo que queremos es llamar la atención sobre una serie de cuestiones que no se pueden dejar de lado. 

Tanto la Administración, como la enseñanza y la medicina telemáticas, tienen dos caras que es necesario conciliar: la de la modernización y la de la desigualdad. 

Para empezar, tiene que haber un nuevo equilibrio de fuerzas con un mayor protagonismo del sector público en relación al sector privado. Hoy, este último se beneficia de una manera desleal de las inversiones públicas, y eso es así tanto si hablamos de la industria farmacéutica cómo de la tecnológica, y tanto si hablamos de los avances en Internet como en inteligencia artificial. Es un hecho que la mayoría de los productos más innovadores, tanto farmacéuticos como tecnológicos, que hoy generan un gran beneficio privado, se han basado en un gran esfuerzo de personal y presupuesto público en su proceso de investigación y desarrollo.

En este sentido, son interesantes los datos de la AIReF sobre el deterioro de nuestro parque tecnológico sanitario y la caída de las inversiones públicas, pensando en su necesaria modernización. Y del alto gasto farmacéutico y los amplios márgenes de eficiencia en compras, genéricos y biosimilares. Se echa en falta un organismo modelo NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) británico que evalúe fármacos y tecnologías, y oriente a los gobiernos en relación con los fármacos y las tecnologías más adecuados para el sector público. También, a raíz de la pandemia, una planificación de la industria sanitaria y de la producción de medicamentos y vacunas.

Como no se trata de exponer aquí un catálogo exhaustivo de cuestiones, trataremos solo algún aspecto más que dificulta el entendimiento entre los dos sectores. Otra forma de colocar al sector público por debajo de lo privado consiste en promover comisiones independientes de evaluación externa para realizar una auditoría sobre la pandemia, formadas por expertos y científicos, cada uno con sus propios intereses en juego y expuestos a grandes presiones externas, como la que se solicita en The Lancet, opuestos a los profesionales de la salud pública que están sobre el terreno. Ese tipo de comisiones no debería sustituir el lugar de una comisión técnica de la propia Administración, por ejemplo en organismos públicos de investigación y universidades, también formada por expertos a los que su carrera funcionarial les hace tanto o más objetivos, libres e independientes de cualquier presión como cualesquiera otros.

Estamos seguros, en cualquier caso, de que habrá una multiplicidad de evaluaciones y de enfoques en la evaluación de esta pandemia. Lo que no tiene sentido es hacerlo en plena segunda ola y con recursos escasos sometidos a tensión y ahora, además, a juicio. La evaluación operativa, para corregir acciones en marcha, le corresponde a los servicios de salud pública y epidemiología.

No es casual que también en los últimos días arrecie la descalificación de la política y la exigencia de una gestión técnica y neutral, tanto de la pandemia como incluso de los mismísimos fondos europeos de reconstrucción. Poniendo con ello en duda la legitimidad democrática del Gobierno para decidir y del Parlamento para controlar.

Cuando todavía no estábamos recuperados de la crisis de 2008, en la que todas las ayudas fueron a parar al sector financiero, y que había abierto una brecha entre ricos y pobres que todavía no hemos cerrado, vino la pandemia de la covid-19 a dejarnos al desnudo con nuestro maltratado sector público y con la aceleración del ámbito digital, en el que unos por no poder acceder y otros por no tener formación para ello se quedan fuera del proceso, con el consiguiente incremento de las desigualdades (millones de personas han caído ya en pobreza extrema durante la crisis sanitaria). Paralelamente, por si lo anterior fuese poco, las compañías tecnológicas hacen negocio con nuestros datos personales y amenazan sistemáticamente nuestro derecho a la privacidad.

Todo esto sucede mientras en el mundo China va tomando el protagonismo y las posiciones que los EEUU van dejando atrás. Frente a esa gran confrontación que están librando las dos potencias, la UE, muy tocada por el caos del desabastecimiento de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia y la lentitud de sus toma de decisiones, trata de reconstruir su autonomía estratégica, industrial y digital para recomponer y defender su actitud civilizadora (democracia y estado social). Recordemos que el capítulo anterior se inició en 1945, y tiene un trasfondo histórico en el que un papel clave correspondió a los líderes de las grandes potencias, que construyeron un sistema basado en Yalta y las Naciones Unidas y que dos años más tarde sustituyeron en la lógica de la guerra fría por la OTAN y el plan Marshall (fundamentalmente para contener la expansión de la URSS). Ese mundo de ayer es el que hoy está en un gran proceso de cambio. Entre el carbono y el silicio y entre el mundo unipolar, el bipolar y el multipolar.

Los retos que tenemos que afrontar en los próximos años, sin caer en dramatismos, también son de gran envergadura y exigen colaboración mundial entre las democracias. En nuestro caso, eso es así además porque la combinación de la crisis financiera de 2008 con la crisis del nuevo coronavirus ha dejado desnudo a nuestro sector público, como hemos dicho, y nos han dejado con un estado social al borde del precipicio. En ese caldo de cultivo han crecido los populistas y los oportunistas, y estos, con Trump a la cabeza, amenazan seriamente a las democracias.

Y es justamente mientras escribimos este artículo cuando el propio Trump acaba de declarar que padece coronavirus. Y, mientras esto sucede en USA, Ayuso (la nueva secesionista) acata pero recurre la orden ministerial de acciones coordinadas ante la transmisión comunitaria del virus sars-cov2 en buena parte de la Comunidad de Madrid. Ambas noticias son metáforas de un fracaso; es la agonía ruidosa y todavía peligrosa del negacionismo y la fracasada inmunidad de rebaño ante la pandemia.

Por eso, las elecciones de EEUU de noviembre merecen capítulo aparte. No sabemos que pasará si Trump obtiene un segundo mandato. Pero lo que sí es cierto es que el 3 de noviembre todos nos jugamos mucho. Estaremos atentos.