De bienes embargables a "seres sintientes": así cambiará la ley española para dar mayor cobertura a la protección animal

En España, uno de cada tres hogares posee un animal de compañía, lo que asciende a un total de más de trece millones registrados. Aun así, aproximadamente el 50% de los existentes se encuentran fuera del control oficial, pero la sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de garantizar una protección suficiente a los animales en general, y a los que viven en el entorno humano en particular, no deja de crecer en nuestro país.

El Congreso se ha hecho eco de las demandas y este jueves ha dado luz verde a Ley de PSOE y Unidas Podemos para la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, con el objetivo de que dejen de ser considerados como objetos, bienes inmuebles o cosas. De este modo, se les reconoce su naturaleza de seres vivos “sintientes” y establece las bases para que, por ejemplo, los tribunales puedan determinar a quién corresponde la custodia en caso de separación o divorcio.

No es la primera vez que este debate se plantea en el Pleno, pero sí la definitiva. En el año 2017 se aprobó por unanimidad la tramitación de un proyecto propuesto por los ‘populares’ en el mismo sentido, pero finalmente no llegó a puerto.

“Un anacronismo legal”

Desde las asociaciones animalistas celebran este paso, pero critican el “anacronismo legal” en el que nuestro país estaba sumido hasta la fecha ya que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contempla esta definición desde hace tiempo.

“El legislador español debe asumir la realidad y las necesidades actuales del momento que vivimos, amoldar la legislación a la sociedad contemporánea y al reconocimiento, afecto y respeto que se merecen los seres vivos con los que compartimos vida e incluso convivencia”, argumentan desde el Observatorio de Justicia y Defensa Animal.

A su vez, los cambios en la Ley Hipotecaria aspiran a impedir que las hipotecas puedan extenderse a los animales y evitar también que sean bienes “embargables”.

Para Eva Ramos, abogada de PACMA, a pesar de todo la medida llega tarde. “En bienestar y protección animal nuestro país siempre está a la cola, es una muestra del desinterés en este sentido”. “Todo suma, pero lo que estamos haciendo en España en 2021 ya estaba recogido en el TFUE donde se indicaba a los Estados que tenían que dar un trato a los animales en consonancia a lo estipulado desde hace años”, añade.

Más proyectos en marcha

A la espera del visto bueno de la parte socialista para su aprobación en Consejo de Ministros, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también ha redactado el anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los animales.

Comunidades y Ayuntamientos llevan tiempo regulando para ofrecer una mayor cobertura en este sentido, pero el resultado hasta la fecha ha sido un conglomerado heterogéneo de normativas según el ámbito territorial. Ahora, la nueva ley pretende buscar la homogeneidad a nivel estatal.

“El principal objetivo no es tanto garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”, apunta el documento, “por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica a los que se deban unas condiciones por su capacidad sentir, sino nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia”.

Asimismo, ésta busca implementar mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono en nuestro país, estableciendo un marco común en todo el territorio español, implicando a los poderes públicos y a la ciudadanía en el respeto a todos las especies.

Desde la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) valoran el proyecto de forma positiva. “Nosotros participamos en la presentación del borrador el pasado 6 de octubre porque siempre hemos defendido la necesidad de un marco legal de ámbito nacional, porque las legislaciones autonómicas son dispares y, en ocasiones, han quedado obsoletas”, comenta a El HuffPost Encarna Carretero, trabajadora del departamento de Comunicación de la asociación.

“Su adopción es totalmente necesaria, oportuna y está plenamente justificada”, añade. “Llevamos más de 30 años trabajando por la defensa y el bienestar de los animales y nunca habíamos estado tan cerca de obtener un logro tan importante”, confiesa.

Para Carretero, la iniciativa contiene medidas tan esenciales como la unificación de registros, la gestión de los animales abandonados, el establecimiento de listados positivos o la prohibición animales salvajes en los circos.

Además, la nueva norma también pone coto a la cría descontrolada de animales, a la de animales exóticos o a las peleas de gallos con sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros.