Códigos éticos en los clubes deportivos: necesidad y urgencia

El caso del Eldense debería significar un antes y un despúes en la exigencia de cumplimiento ético de los clubes y federaciones deportivas. La preocupación generada por el caso de amaño de partido, en el que también había un componente de interferencia de un fondo de inversión en la gestión del club, ha hecho saltar las alarmas en las instituciones deportivas españolas, en especial, las futbolísticas. Según unas declaraciones del director de Integridad y Seguridad de la Liga de Fútbol Profesional, el amaño antes citado en un categoría, recordemos no profesional, es "solo la punta de un iceberg". Nosotros nos atrevemos a señalar que de enormes proporciones y del que todavía no nos hemos dado cuenta de su amenaza.

Es cierto que los peligros para el deporte no solo provienen de la corrupción, de las apuestas ilegales, sino también del riesgo de dejar la gestión fáctica de los clubes a fondos de inversión más preocupados por los beneficios económicos que de los resultados deportivos. Con el incremento de la comercialización del deporte, los clubes ya no pueden decidir con autonomía sobre la configuración de la organización, las reglas y las formas de realización de los campeonatos, ni tampoco sobre sus preceptos éticos. Está mucho más sometido a las leyes del mercado.

A esto hay que añadir la preocupación por la violencia en los recintos deportivos protagonizados por los aficionados, muchos de ellos padres, los insultos -sexistas, racistas, xenófobos- dirigidos al colectivo arbitral. Esta acumulación de episodios de violencia y amaños obliga a preguntarse si los clubes de fútbol de categorías inferiores disponen de un código ético y, si lo tienen, se dignan aplicarlo. De hecho, en muchas ocasiones, las directivas miran hacia otro lado cuando una de sus "estrellas" se comporta de manera zafia o directamente ofensiva o, incluso, a veces, salen en su defensa a destiempo, implicando indecorosamente al club en las fechorías de sus empleados. Es llamativo y ofensivo el silencio de los propios clubes que son los que deberían sancionar las conductas desbocadas y al no hacerlo incurren en una clara responsabilidad.

Conciencia y medidas contra tales lacras hace tiempo que se han tomado, sobre todo por parte de instancias gubernativas o federativas que han promovido leyes o códigos disciplinarios. Pero quizá haya que explorar nuevas formas de actuar para conseguir el resultado deseado que, probablemente, nunca sea la erradicación total de esos comportamientos, pero sí al menos, el descenso de su intensidad y gravedad.

En este sentido, una medida deseable sea la incorporación de una idea que ya se aplica en otros ámbitos: la corresponsabilidad de los propios clubes en la prevención de los comportamientos indeseados. En el ámbito penal esta idea ya está vigente a través de los conocidos como "programas de cumplimiento", mediante los cuales las empresas pasan a tener un papel activo en la identificación de los riesgos delictivos que amenazan su actividad, así como en su persecución y sanción. A través de esta "autorregulación" la empresa se alinea junto a los poderes públicos en una tarea que es de su interés que alcance los fines deseados: el descenso de las infracciones que amenazan su propia actividad. Al margen está otro beneficio que obtienen las empresas que hayan adoptado tales programas de cumplimiento: la exoneración o atenuación de la pena si se imputa a la persona jurídica como tal.

De hecho, los programas de cumplimiento ya se exigen por la Liga de Fútbol Profesional para los clubes que militan en las categorías profesionales del fútbol español. Pero lo que aquí propugnamos no es solo la extensión de los programas de cumplimiento al resto de clubes deportivos, para así mejorar ostensiblemente la prevención de las lacras antes mencionadas, sino también la inclusión en tales programas de cumplimiento de un mapa de riesgos más amplio que el señalado por el Código Penal, pues de esa lista de delitos solo unos pocos pueden ser cometidos por los clubes deportivos.

No hay nada que impida que los programas de cumplimiento aborden de manera sistemática todos los riesgos de los que son susceptibles padecer: corrupción, amaños en sus distintas versiones, violencia (física y verbal), dopaje, protección de menores, promoción del juego limpio, etc. Son también muchos los agentes a los que habrá que concienciar de dicha necesidad: directivos, entrenadores, monitores, deportistas y, también, aficionados. Todos ellos deberían ser conocedores e interiorizar las obligaciones emanadas del eventual código ético que se adopta así como de los deberes concretos que establezcan en el programa de cumplimiento. Y una parte de ese cometido debería corresponder a los clubes directamente -y a las federaciones, indirectamente. Aunque resulte una obviedad, para que un programa de compliance pueda servir para exonerar de responsabilidad penal a un club éste ha de adoptar las medidas necesarias para que se cumpla de tal modo que, si no se han adoptado aquéllas, pueda ser sancionado en tanto que persona jurídica que no ha realizado correctamente su labor de control y vigilancia.

La tarea no es sencilla pues posiblemente la dimensión de dichos códigos deba variar según el tamaño y los recursos de los clubes y para ello habrá que reclamar el auxilio de las federaciones. Son muchas las "fugas" que habrá que tapar, pero son mucho más graves los peligros que hay que abortar si es que pretendemos que los padres sigan llevando a sus hijos a un club para que practique su deporte favorito o que los aficionados vayan al estadio con la inseguridad de cómo acabará el partido que se disponen a ver.

Las federaciones deberían ser las principales interesadas en la implementación de códigos éticos en sus clubes y el cumplimiento de los mismos por parte de aquéllos ya que el comportamiento inadecuado de uno de sus miembros perjudica la imagen de todo el sector.