Así es la nueva ley del juego: cerco al fraude y más protección para jugadores en riesgo

El pleno del Senado ha aprobado la reforma de la Ley del Juego que refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude de apuestas, a través del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma), y que amplia la protección de los jugadores en riesgo.

La reforma, que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, ha salido adelante de forma definitiva con 146 votos a favor y 113 abstenciones, mientras que se han rechazado las 22 enmiendas que permanecían vivas y que se han debatido en el pleno de esta mañana.

En concreto, las diez del Grupo Parlamentario Democrático del Senado (GPD); dos del Grupo Mixto; una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC); tres del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu (GPERB); una del Grupo Nacionalista (GPN) y cinco del Grupo Parlamentario Popular.

Estas son las claves del nuevo texto y qué cambia con la reforma:

1 - Almacenamiento de datos por posible fraude

Trata de formalizar con rango de ley un instrumento técnico, gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el llamado Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma), en el que se almacenarán por un tiempo máximo de un año datos de personas que puedan haber incurrido en algún tipo de comportamiento o posible fraude vinculados a la competición.

A esta red de cooperación interactiva y accesible por vía telemática se podrán adherir todas las entidades interesadas en erradicar el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas: el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los operadores del juego y las fuerzas de seguridad del Estado y autonómicas.

2 - Publicidad sometida a “responsabilidad social”

La publicidad de los operadores de juego se deberá hacer bajo el principio de “responsabilidad social”, con lo que quedarán prohibidas:

―Las que inciten a actitudes o comportamientos antisociales o violentos de cualquier tipo, discriminatorios por razones de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión o convicción, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

― Las que inciten a actitudes o comportamientos humillantes, denigratorios o vejatorios y las que relacionen de forma positiva o atractiva las actividades de juego con actividades o conductas ilícitas o perjudiciales para la salud pública.

― Las que den lugar a daños económicos, sociales o emocionales, desacrediten a las personas que no juegan u otorguen una superioridad social a aquellas que juegan, sugieran que el juego puede mejorar las habilidades personales o el reconocimiento social o incluyan contenido sexual y vinculen el juego a la seducción, el éxito sexual o el incremento del atractivo.

― Las que presenten el juego como indispensable, prioritario o importante en la vida.

3 - Registro de usuarios prohibidos

El Gobierno pondrá en marcha un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (registro de prohibidos) e instará a las autoridades autonómicas a que interconexionen la información de sus correspondientes registros.

4 - Cerco a las ‘cajas botín’ en videojuegos

El Gobierno establecerá unas directrices, en el ámbito digital para el uso más seguro y responsable de los “activos digitales no fungibles”, es decir las cajas botín o mecánicas de monetización de los usuarios de videojuegos.

Los ‘botines’ se reciben a cambio de un pago con moneda virtual del videojuego al superar retos, aunque también, si no se quiere esperar a conseguirla se puede obtener con dinero real.

5 - Sanciones de 150 a un millón de euros

Con la reforma además se modificará la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ya se reformó hace siete meses, para que las sanciones que se impongan se puedan adecuar a la capacidad económica de la empresa infractora, siendo estas efectivas y disuasorias.

Las infracciones podrán ser de leves (entre 150 y 10.000 euros), graves (entre 10.001 y 100.000) hasta las muy graves (de 100.001 a 1.000.000 euros), en las que se el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios por un plazo máximo de cinco años.

El debate en el Senado

Entre las propuestas de los populares estaba la de aprobar un plan nacional de actuación en el sector del juego que fijara criterios homogéneos en relación a la prevención de los usuarios y la publicidad, y que garantizara la libertad de empresa en la economía de mercado.

Así lo ha planteado los populares Bienvenido de Arriba, al igual que Patricia Rodríguez, quienes han considerado un “despropósito legislativo del Gobierno” el que haya aprovechado esta reforma “más o menos consensuada” para “meter con calzador” enmiendas para modificar otra ley, la de consumidores y usuarios.

El debate ha servido a los populares para criticar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyo mayor valor ha sido, según De Arriba, “convertirse en el mayor promotor de polémicas, pero cuyo resultado ha sido la nula gestión de los interés y derechos de los consumidores”.

“Entiendo que le tengan mucho enfado al Ministerio de Consumo -le ha replicado el socialista Alfonso Escudero- porque este ministro lleva tres años y medio aguantando una carga tremenda por parte del PP, pero les pido que no tenga nada que ver su predisposición antiministerio con el apoyo a esta reforma”.

ERC y Bildu piden subir el gravamen al sector

También se han rechazado las enmiendas de Esquerra Republicana-Bildu y las del grupo de Izquierda Confederal, que habían propuesto, entre otras cuestiones, subir el tipo de gravamen al sector del juego al 30%. “Seguirá tributando menos, incluso, que los servicios funerarios o que una bicicleta u otros servicios”, ha advertido Josep Rufà, quien ha ahondado en los índices de ludopatía.

Escudero cree que hoy ‘no tocaba’ esa cuestión, pero cuando se den las circunstancias para hablar de ese asuntos, el PSOE -ha dicho- estará “a la altura”.

Tampoco se han incorporado las enmiendas del GPD, entre ellas las de Ciudadanos, que planteaba, entre otras medidas, que existiera una serie de controles de edad antes de que se empezarán a jugar y que se establecieran unos límites diarios de pérdidas para evitar que una persona que pueda entrar en una conducta impulsiva pueda arruinarse por no poder parar, según Miguel Sánchez López.

El grupo socialista ha agradecido las aportaciones que este grupo hizo en el Congreso, pero ha rechazado las enmiendas actuales al considerarlas reiterativas y que contradicen el espíritu de la ley del juego y ponen en peligro los acuerdos con las comunidades autónomas.

Los socialistas también han rechazado las presentadas por Vox, en una de las cuales, según Escudero, se pretende “impedir el acceso a la información de las policías autonómicas”, que reconocen los Estatutos de Autonomía.