Las claves del plan de choque del Gobierno para paliar la crisis del precio de la luz
El Ejecutivo espera reducir un 22% el recibo de la luz para cumplir con el compromiso de Pedro Sánchez de que a finales de año cueste lo mismo que en 2018.
El Gobierno se ha visto obligado a sacar este martes la artillería pesada para intentar ganar la guerra de la luz. España vive desde junio una crisis energética provocada por el alza constante y sin precedentes de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que se mueven por encima de los 150 euros por megavatio hora (MWh). Es más, este miércoles superará los 170 euros.
La escalada de precios está empezando a tener un impacto importante en el bolsillo de los españoles. Muestra de ello es el incremento interanual de 3,3% del Índice de Precios de Consumo (IPC), cuatro décimas más que en julio, y que deja la tasa más alta desde el otoño de 2012, según ha difundido este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Gobierno es consciente de que enfrenta una inquietud social cada vez mayor y, por eso, ha decidido tomar cartas en el asunto.
¿Qué es lo que ha aprobado el Gobierno?
El Ejecutivo ha dado luz verde en un decreto ley a la suspensión, hasta final de año, del impuesto a la producción eléctrica. Además, ha rebajado el impuesto especial a la energía del 5,1% al 0,5%, que es la tasa impositiva mínima que exige la legislación de la Unión Europea. Este no es el primer cañonazo impositivo del Gobierno, pues ya rebajó el IVA del 21 al 10%,
El decreto armado por la coalición de Gobierno contempla, como anunció este lunes el presidente, Pedro Sánchez, sustraer los “beneficios extraordinarios” de las empresas energéticas para “redirigirlos a los consumidores”. También limita el precio del gas, uno de los principales desencadenantes del aumento del precio de la electricidad, marcando un umbral a la tarifa de último recurso, un indicador que regula trimestralmente el Gobierno.
Las compañías eléctricas deberán devolver las ganancias extra que están logrando por la escalada del precio de la luz, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 31 de marzo de 2022 y que supondrá 2.600 millones. El montante se usará para reducir los cargos que pagan los usuarios en la factura.
Además, empresas como Endesa, Iberdrola o Naturgy estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado. De esta manera, las comercializadoras independientes y los grandes consumidores podrán adquirirla. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año.
Entre las medidas se incluye un paquete destinado a la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya en vigor.
Además, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden. “Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños”, zanja el Ministerio.
¿Cómo van a afectar estas medidas en el bolsillo?
Según explica Transición Ecológica, este plan tendrá “repercusión inmediata” en la factura de los consumidores, bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajan los cargos a repercutir en las tarifas.
“Estos importes se han revisado y actualizado hasta fin de año, de manera que los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales. Ello permitirá rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria. Adicionalmente, sobre esta disminución se repercutirá la menor presión fiscal”, explica el Ministerio.
El Ministerio explica que la previsión es que las medidas provoquen una rebaja mensual de un 22% en la factura de un consumidor hasta final de año. Esa rebaja llegará al 30% gracias al recorte del IVA (del 21% al 10%) aprobado en junio.
¿Cómo ha reaccionado el mercado?
Las medidas han incidido negativamente en el sector, cuyo índice ha perdido el 1,65% este martes en Bolsa que ha terminada lastrada en conjunto porque las empresas energéticas tienen gran peso.
Según informa Efe, de los grandes valores, han destacado la caída del 1,71 % de Iberdrola (sexto puesto por pérdidas del IBEX), mientras que Banco Santander ha bajado el 0,74%; BBVA el 0,3% y Telefónica el 0,28%, Han subido Inditex, el 2,31% (segunda mayor alza del IBEX) y Repsol, el 0,58%.
Nada más arrancar la sesión de este martes, las principales compañías energéticas habían empezado a caer y a mostrar números rojos antes de que el Ejecutivo detallara sus planes. Endesa ha liderado las pérdidas con un descenso del 1,76%, seguida de Solaria (-1,68%), Iberdrola (-0,93%) y Repsol (-0,44%).
Pasadas las 16.30, Endesa se dejaba un 4,86%, Solaria un 0,23%, Iberdrola un 1,71% y Repsol era la única en verde (+0,95%).
¿Y las compañías eléctricas?
Las compañías eléctricas han valorado negativamente el paquete de medidas del Ejecutivo y han amenazado con cerrar todo el parque nuclear como respuesta.
Además, el Foro de la Industria Nuclear Española también ha expresado su rechazo al proyecto sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y ha señalado que ambas medidas “ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”.
En el otro lado se encuentra el sindicato UGT, que tilda el plan de “insuficiente”. En un comunicado, la organización de trabajadores asegura que “el Gobierno tiene más margen dentro del mercado eléctrico para tomar medidas eficaces, ambiciosas y suficientes que reduzcan el precio de la luz”. Por eso, propone “la creación de una empresa pública de la energía que regule el sistema eléctrico”.
¿Qué dicen las organizaciones de consumidores?
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra que se haya puesto “de una vez por todas el foco en los ingresos extraordinarios que tienen las tecnologías como la nuclear, hidráulica e incluso algunas plantas de generación eólica”.
En un comunicado, la OCU recuerda que ha pedido desde hace años medidas que garanticen una remuneración justa para las plantas que necesitan cubrir elevados costes para generar electricidad, sin que ello suponga beneficios extraordinarios para el resto del mix energético.
“Estas medidas, junto a las impositivas (reducción del IVA y eliminación del Impuesto de electricidad), son parte fundamental del decálogo de propuestas que OCU plantea para conseguir una factura más justa. Aún falta que el Gobierno garantice una seguridad jurídica en estas medidas, de forma que, en contra de lo que ha ocurrido con otras reformas, la Justicia no las revoque”, zanja.
