Claves de la reforma constitucional
Con renovado ímpetu, desde determinados sectores políticos y académicos se insiste en la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución, con el fin de adecuarla a los nuevos tiempos, una vez que vamos camino de que la misma cumpla cuarenta años. La crisis catalana, lógicamente, ha acentuado la urgencia de esa modificación, por lo que hace a su dimensión territorial, desde el convencimiento de que a través de ella se puede contribuir decisivamente a superar las dificultades del momento actual.
Pues bien, sin negar la importancia de la reforma, creo que tampoco conviene exagerar su trascendencia, no vaya a ser que acabemos, ¡por fin!, reformando un día la Constitución y descubramos al día siguiente, con gran frustración, que los problemas políticos a los que queríamos poner término con ella se resisten a desaparecer.
Y es que, desde luego, la reforma de un texto jurídico-político tan fundamental como lo es una Constitución puede servir para afrontar carencias, insuficiencias o deficiencias que se han ido detectando o manifestando con el paso del tiempo, pero por sí sola no pone fin necesariamente a problemas que tienen, sobre todo, una raíz política profunda. Aunque es verdad que reformar la Constitución es también hacer política, al más alto nivel, en la medida en que en la Norma constitucional se regulan las más fundamentales cuestiones que rigen la vida pública de un Estado, no es menos cierto que la política no se agota ahí.
Rebajadas de este modo las expectativas, lo que quizás pueda ayudar a desdramatizar la tensión que en nuestro país, de manera tan inexplicable como inevitable, se genera cada vez que se habla de reformar la Constitución, tenemos que preguntarnos a continuación qué es lo que queremos modificar, por qué y para qué.
Lo primero que conviene aclarar es que aquí vamos a centrar la atención en la reforma de la Constitución territorial, es decir, en la modificación únicamente de algunos preceptos que regulan la organización territorial de nuestro Estado, al entender que el "núcleo duro" de la Norma Fundamental sigue siendo hoy, igual que en 1978, perfectamente válido: Estado democrático de Derecho de cariz social, en el que se encuentra garantizado un generoso catálogo de derechos fundamentales, y en el que partiendo de la unidad o integridad territorial, se reconoce, sin embargo, la diversidad de las distintas nacionalidades y regiones, dotadas de una amplia autonomía.
Al mismo tiempo, es oportuno reconocer que el hecho de que la propuesta de reforma se centre en los aspectos territoriales no quiere decir que no sean necesarias, o, al menos, convenientes, otras modificaciones, como la que se refiere a la inserción de una cláusula que refleje la incorporación de España a la Unión Europea; o la que pretende, con prudencia, la "fundamentalización" de ciertos derechos ahora menos protegidos, como, por ejemplo, el derecho a la salud, o, dado el caso, el derecho a una muerte digna; sin olvidar, por supuesto, la que acabaría con el último resquicio de desigualdad formal entre hombres y mujeres, en el terreno de la sucesión a la Corona.
Acto seguido habría que preguntarse qué necesidad real hay de reformar la Constitución territorial. Pues bien, aun a riesgo de simplificar, creo que son dos los tipos de razones que aconsejan hacer tal cosa. Uno, de carácter más técnico, porque no está en la Constitución todo lo que debería estar, o lo que está o bien ha quedado obsoleto o bien resulta insuficiente o deficiente.
Desde luego, hay tres cuestiones principales necesitadas de una mejor regulación constitucional: clarificación del reparto de competencias entre el Estado central y las Comunidades autónomas; conversión del Senado en una genuina cámara de representación de las voluntades autonómicas, al estilo del Bundesrat alemán; e introducción de los principios fundamentales del sistema de financiación autonómica (corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial y "ordinalidad").
Aunque sea mucho más controvertida, habría una cuarta cuestión que, tal vez, también pudiera incorporarse al texto constitucional: el reconocimiento de que España es una nación integrada por diferentes naciones, sin que ello suponga poner en cuestión, en modo alguno, el principio de unidad del Estado y de soberanía del pueblo español.
El segundo tipo de razones tiene un carácter más político, si es que entendemos que para afrontar la grave crisis política que atravesamos, cuyo exponente más agudo lo representa en los últimos tiempos el desafío independentista catalán, puede ser muy útil discutir y, en el mejor de los casos, llevar a cabo una reforma constitucional, con la que se consiga renovar o actualizar un gran pacto político que en estos momentos se encuentra en cuestión, o debilitado.
La reforma constitucional puede ser, en efecto, un factor importante que ayude a superar la crisis política que atravesamos, pero, desde luego, no puede ser el único. En último término, de lo que se trataría es de ir modificando paulatinamente nuestra cultura política, democrática e institucional, con el fin de ir logrando mayores cotas de exigencia ciudadana, que impidan la reproducción de algunos de los males que han aquejado la vida pública española en los últimos lustros (corrupción; manipulación política, que ha llevado a la polarización de las diferentes posturas partidistas, dificultando hasta el extremo el acuerdo sobre las cuestiones de Estado; falta de transparencia de la actuación pública e insuficiente rendición de cuentas; etc.).
Asimismo, si hablamos de reforma de la Constitución española me parece que también es importante tener clara esta idea: Es un grave error plantear la reforma constitucional con el único fin de dar satisfacción a una parte de la sociedad y de las fuerzas políticas presentes en una determinada Comunidad autónoma (llámese Cataluña, u otra). Por el contrario, tal propuesta de reforma constitucional ha de hacerse pensando en el conjunto del Estado, es decir, en aquellas cuestiones que son susceptibles de mejora a nivel competencial, institucional, financiero, y, en su caso, simbólico, para todo el Estado español, incluido, por supuesto, cada uno de los territorios que lo integran.
Finalmente, asumiendo las dificultades que tiene en nuestro país acometer una tarea tan prolija como la relativa a la reforma de la Constitución, por temor a no encontrar el consenso necesario para ello, me parece, sin embargo, que no hay que despreciar la capacidad de modulación de ciertas posturas políticas que puede tener la introducción en el debate público, político y social, de una propuesta de reforma constitucional como la que se ha puesto en marcha con los trabajos de la Comisión creada en el Congreso de los Diputados a tal efecto. Y es que ha llegado el momento de que empecemos a andar para saber si somos capaces de llegar a buen puerto.
