Chile vota su nueva Constitución: un impulso social lastrado por dudas que auguran un no

“Apruebo” o “rechazo”. Son las palabras entre las que 15 millones de chilenos con derecho a voto deberán elegir este domingo, 4 de septiembre, en la votación del plebiscito de su nueva Constitución. Un texto cuajado durante el último año por los integrantes de la llamada Convención Constitucional y que surgió como respuesta al estallido social de 2019, que viene a fijar numerosos cambios respecto al articulado actual y que incluye derechos inéditos hasta ahora.

Está pensada para dejar atrás lo dictado por la dictadura de Augusto Pinochet, para modernizar el estado, para hacerlo más inclusivo, igualitario y ecológico. El problema es que en estos meses de debate el texto final acordado está generando dudas entre el electorado, que quería cambio pero quizá no este, y por eso las encuestas barruntan un no.

De acuerdo con la ley electoral, para ser aprobada la nueva Carta Magna debe alcanzar el 50% más uno de los votos. En caso de ser rechazada, se mantendrá la vigente, que ha sido modificada una cincuentena de veces en los últimos 40 años. Todos los sondeos coinciden en ubicar hoy la opción “rechazo” al frente de la intención de voto, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia con el “apruebo” de entre 4 y 12 puntos.

Lo que dice el nuevo texto

En sus casi 400 artículos, el texto avanza hacia un estado social de bienestar, que incluye a los pueblos originarios como estado plurinacional, propone la descentralización, protege la naturaleza, reforma el modelo de estado y cambia los derechos de propiedad de recursos comunes ahora privatizados, como el agua.

Además, defiende una vivienda digna para todos, potencia la Sanidad y la Educación pública, progresa hacia un sistema de pensiones más justo y busca la equidad en el que es uno de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medioambiente y engrosar los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los temas principales de la propuesta.

Estos son sus puntos esenciales:

Estado plurinacional y ecológico

“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”. Así comienza el primer artículo de la propuesta nueva Constitución chilena, dando una primera idea de los cambios profundos que defiende.

El carácter “plurinacional” supone el reconocimiento de 11 pueblos y naciones: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk’nam. A su vez, crea las bases parta desarrollar las Autonomías Regionales Indígenas e instrumentos de consulta que sólo pueden aplicarse a cuestiones “que puedan afectar directamente” a esas comunidades. El ejercicio de estas facultades no puede poner en riesgo la unidad del Estado.

Reconocimiento de los pueblos originarios

El texto acepta la autonomía y derechos, planteando garantías en términos territoriales con el reconocimiento de espacios, tierras, culturas, educación, salud, creencias y lenguas de todos los pueblos indígenas.

La naturaleza y el derecho humano al agua

La propuesta establece que el agua sea un recurso esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Por ello, es deber del Estado proteger las aguas en todos sus estados y fases, además de su ciclo hidrológico.

La Agencia Nacional de Agua tendrá un carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es la encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados.

Proteger la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción es otro de sus retos.

Paridad, diversidad, igualdad, no discriminación y vida libre de violencia

La Carta Magna permite resguardar y hacer cumplir los derechos humanos. Sustenta la condición de igualdad en la participación en la sociedad y la política independiente del sexo, género u orientación sexual.

Asegura la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Erradica la violencia por parte del sistema de justicia. Consagra una vida libre de violencia hacia la niñez, mujeres y diversidades/disidencias sexuales.

Se pasa de una “república democrática” a una “democracia paritaria”, lo cual implica que las mujeres deberán ocupar al menos el 50% de todos los órganos del Estado, para lo cual plantea tomar medidas a fin de concretar la igualdad sustantiva y la paridad. De acuerdo con María Elisa Quinteros, que ha presidido la Convención Constitucional, esta es “la primera Constitución paritaria del mundo”.

Derecho a la educación

La Constitución reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación y que esta es un deber primordial e ineludible del Estado. Garantiza la libertad de enseñanza, comprendiendo la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes “a la educación de calidad”.

Se reconocen además tres funciones educativas; la investigación, la docencia y la colaboración con la sociedad. Sitúa en el centro a la educación pública. Propone una universidad estatal por región, reforzando el desarrollo descentralizado y considerando las “necesidades comunales, regionales y nacionales”.

Desde el Ejecutivo central -que fue elegido en diciembre pasado- defienden las bondades del texto, pese a su margen de mejora. “Creo que es positivo. Es un avance. Creo que aborda temas que, no solamente para Chile sino para el mundo, son muy importantes. Tiene una visión de armonía entre desarrollo y cuidado del medio ambiente que era muy ajena a las constituciones del siglo XX. Incorpora una perspectiva feminista, que es fundamental. Establece un catálogo de derechos tremendamente importante, al cual hay que avanzar de manera progresiva: los derechos de los trabajadores, la distribución de los recursos y el poder en todo el territorio y no solo en Santiago. Tengo una buena opinión del borrador. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, y es parte del debate. Pero es un paso grande”, ha dicho el presidente Gabriel Boric esta semana, en una comentada entrevista en Time.

Lo comparte “punto por punto” Javier Contreras, un joven activista de Punta Arenas afincado en Santiago de Chile, que participó en las movilizaciones de 2019 desde su papel de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que hoy es agente de seguros. Habla de “felicidad indescriptible” cuando en 2020 los chilenos abogaron por el cambio constitucional y niega que los redactores hayan llevado al extremo el sentir de la ciudadanía. “En absoluto, hablamos de un país que necesitaba una reformulación desde la raíz. Se han cumplido los pasos: se pidió un cambio en las calles, eso llegó a las instituciones, ellas han hecho su labor de forma reglada y creo que han sintetizado plenamente las necesidades de este país”, dice.

Y las cita: “democracia con un sistema libre de vicios del pasado, igualdad real de la mujer, respeto y dignidad de trato a los pueblos originarios, olvidados durante décadas, y una manera de proteger nuestro patrimonio, o sea, nuestra tierra, desde el punto de vista del ecologismo, que es único en las constituciones del mundo”.

Explica que apenas quedará un 23% de textos constitucionales previos, porque “este régimen es otro”, y defiende que “con las garantías sociales que se añaden Chile pasa página y trata a todos sus ciudadanos, de verdad, por igual”. Entiende que hasta ahora había un margen de “discrecionalidad” fruto “de la dictadura”, que impedía “no sólo la igualdad de trato, sino de oportunidades”.

Se refiere sobre todo a los indígenas, que son la mayor piedra de toque de este cambio. De acuerdo con la última encuesta de Feedback, difundida a mediados de julio, existen dos asuntos clave que espinan a quienes tienen dudas sobre e texto: la idea de que “no todos van a ser iguales ante la ley” (39%) –los chilenos y los pueblos originarios– y la premisa de que “con la plurinacionalidad Chile corre el riesgo de dividirse” (31%). Los derechos de los indígenas en un país con el 13% que se reconoce como tal ha sido, por lejos, uno de los temas que se han discutido con mayor fuerza tanto en la redacción de la nueva Constitución como en el período de campaña.

Contreras niega la mayor. Entiende que no es que se vaya a sobredimensionar o priorizar a los indígenas, sino que se los pone “en su lugar, el que no han tenido antes”. Es “ajustar una deuda pendiente con los mapuches sobre todo”.

No obstante, tanto Boric como los partidos que respaldan al Gobierno de izquierdas se han comprometido a introducir cambios a la Constitución si el domingo se impone la opción del rechazo, si es eso lo que desean los ciudadanos. Estas fuerzas han buscado abrir la puerta a “mejoras” después de que surgieran varias objeciones sobre esta a nueva división del estado plurinacional y el nuevo sistema judicial y revisar las aplicaciones de los “Estados de Excepción”, este último caso muy sensible especialmente en el sur, donde hay conflictos con sectores de la comunidad originaria mapuche.

Las dudas de sus detractores

Para el profesor de la Universidad de Los Andes Juan Ignacio Brito, el ansia de cambio era clara, “pero no de este cambio”. La necesidad de una Convención, dice, tuvo un enorme aval popular, rondando el 80%, pero “luego se generaron algunas mayorías en la elección de los convencionales -los redactores del texto- que pienso que fueron mal leídas por esa misma mayoría que fue electa, creyendo que el mandato era un mandato refundacional, y no un mandato reformista”. De ahí surgieron una serie de “equívocos” que han acabado resultando en un documento que califica de “bastante radical e incluso una amenaza de la propia substencia de Chile como una nación única”.

Sostiene que ha habido una “acumulación” de incidentes que “fueron evidenciando que había un grupo de convencionales que estaban por una solución muy radical, muy extrema, que no se condice con la tradición constitucional chilena ni con la voluntad misma de la gente que quiere cambios”, que todo eso se ha ido viendo en el último año y no se ha hecho nada por enmendar la ruta.

Cita expresamente entre los artículos que más disgustan el del “estado plurinacional, los “sistemas de justicia paralelos, la solicitud obligatoria de la venia indígena para toda clase de proyectos o la eliminación del Senado como cámara verdaderamente controladora”. Producto, dice, de “mentes enfervorizadas, que son las que ocuparon los escaños en la Convención mayoritariamente y que no quisieron escuchar a nadie”. “Venían con un plan y no supieron y no quisieron escuchar las advertencias, porque desde marzo ya se ha venido viendo el rechazo en las encuestas y pese a eso nunca quisieron moderar el contenido de la Constitución. Siguieron hacia delante, huyeron hacia delante y creo que terminaron condenando el texto”, lamenta al teléfono.

Entiende que si hay un no al documento no será un paso atrás de la ciudadanía por el cambio, sino una respuesta a quienes dieron, desde su redacción, “pasos mucho más delante de lo que se pensaba”. “Creo que nunca nadie en Chile pensó que había que dividir a Chile, que la manera de resolver el problema de los indígenas era simplemente crear 12 nacionalidades nuevas dentro del país y crear sistemas de justicia paralelos”, expone con contundencia.

Lo que sí se quería, matiza, “es que se hiciera un cambio, especialmente en términos de solidaridad, con ciertas garantías sociales que efectivamente puedan cumplirse, pero no de un régimen que pateara el tablero, simplemente, y creara unas condiciones absolutamente nuevas que por lo demás parecen muy fuera de las tradiciones chilenas y de la manera en que Chile ha resuelto sus problemas”.

Si gana el rechazo, lo tomará como “un llamado a la sensatez” para el Gobierno y los demás defensores del texto. “Necesitamos cambios, es verdad, algunos profundos, pero no estos. No vamos a comulgar con ruedas de carretas. Esto no resuelve los problemas que tenemos que resolver y, además, es posible que genere otros que pueden ser muy graves”, advierte. Todo esto, denuncia, “sazonado” además con una serie de actos que mostraron “una suerte de desafecto” hacia la nación chilena y a sus símbolos que le entristece y preocupa.

Si se echa para atrás la Constitución, explica, se acordó que volvía a regir la antigua, la vigente hoy en día. Existe consenso en las fuerzas políticas en que es necesario el cambio, sostiene, “sea con un nuevo texto o una profundísima reforma del que ya existe”. Eso tiene que definirlo el Congreso, porque el poder constituyente reside en la Cámara. “Si se convoca una nueva elección para elegir una convención o se inicia un proceso de cambio con otras características lo decide el Congreso. Podría hacer la reforma, tiene el poder para hacerlo, vamos a ver qué es lo que hay. Probablemente, habrá algún tipo de convocatoria, no del mismo estilo de la de 2020, que fue muy ideologizada, con cupos especiales para indígenas o independientes, una experiencia fallida”, augura.

Los ciudadanos quedarían desencantados pero Brito indica que quien tendría una situación “incómoda” sería Boric. “Se la ha jugado muy abiertamente, incluso en el borde de lo legal, diría yo, en términos de intervencionismo, por la opción apruebo. Boric es un presidente que ahora tiene baja popularidad en Chile, a pesar de llevar poco tiempo, la ha perdido muy rápido, tiene a su alrededor un grupo muy inexperto que ha cometido errores sustantivos y repetidos, casi constantes. Esto viene a sumar, va a quedar a cargo de un proceso que nunca quiso liderar”, entiende.

Plantea que el ejecutivo de izquierdas “básicamente va a estar contaminado durante toda su gestión o al menos un largo tiempo, por la incertidumbre constitucional” y eso sumado a la inflación y el riesgo de recesión “va a complicar aún más la vida al Gobierno”.

¿Y la calle? Es posible que también. Entiende también periodista que es de esperar que haya contestación en la calle al resultado. El Partido Comunista ha dicho que va a defender el sí, recuerda. “Sería otro problema para el presidente”, asume. “Mi impresión es que si quiere salvar el Gobierno va a tener que buscar templanza, acercándose más al centro izquierda”, ahonda.

Los indecisos con una de las incógnitas de esta cita, en la que el voto ha vuelto a ser obligatorio tras años de no serlo. Ahora, señala Brito, las encuestas -esas que se conocen por redes sociales porque legalmente no se pueden publicar en las dos semanas previas al plebiscito- dicen que se cifra entre un 13 y un 14% el número de los que son saben qué votar. “Da la impresión de que es gente que definitivamente no va a ir a votar”, dice, aunque supuestamente haya multas por no hacerlo, que históricamente no se han puesto. Habrá que ver quién se queda en casa, si jóvenes o adultos mayores, si pueden o no esos polos inclinar la balanza a una de las dos partes.

La respuesta, cuando cierren los colegios electorales en esta jornada histórica para Chile.