Las claves del asalto de ganaderos en Lorca

El pasado lunes el debate sobre las macrogranjas alcanzó un nuevo punto de tensión en España con el asalto de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca (Murcia). En el interior del Centro de Desarrollo Local de dicho municipio se iban a debatir una serie de medidas para reducir el impacto de este tipo de explotaciones. No pudo ser así. La irrupción de una treintena de personas que sortearon el cordón policial obligó a que se cancelase el pleno.

En los últimos días, se han sucedido las críticas a un incidente que el propio alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, comparó con el asalto al Capitolio estadounidense por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. No obstante, y desde entonces, se han abierto numerosos interrogantes. ¿Quién está detrás de la protesta y qué responsabilidad legal tienen?, ¿qué se debatía exactamente en el Ayuntamiento? o ¿cuál es el peso de las macrogranjas en la localidad?

Lo que se iba a debatir en Lorca

Más allá del mero debate sobre macrogranjas sí o no, es necesario destacar que el Pleno de Lorca iba a someter a votación una moción con la que introducir una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El objetivo de la propuesta era el de establecer limitaciones para alejar del casco urbano las nuevas granjas porcinas que se creasen en el municipio.

La moción partía de un acuerdo que suscribieron todos los grupos municipales y ganaderos en junio 2020. Concretamente, supone que no puedan construirse a menos de 1.500 metros de los núcleos de población, centros educativos o sanitarios. Tampoco podrán instalarse a menos de 500 metros de manantiales y fuentes naturales o a 100 metros de cauces fluviales.

De ahí que para poder proceder a su aprobación fuese necesaria la autorización de una amalgama de organismos de distintos niveles como la Confederación Hidrográfica del Segura, la Mancomunidad de Canales del Taibilla o las direcciones generales de Ordenación del Territorio, de Ganadería, de Medio Ambiente; estas últimas dependientes del Gobierno regional del popular Fernando López Miras. El propio regidor de Lorca explicó el lunes que todos ellos avalan la medida, si bien es cierto que han propuesto recomendaciones en base a la legislación que deben cumplir las macrogranjas.

Sin efecto para las anteriores explotaciones

Una de las claves de la moción que finalmente no pudo debatirse en Lorca es que no afecta a las explotaciones ganaderas existentes. De hecho, ni siquiera afecta a las de ganado bovino, ovino o caprino, únicamente a las de cerdos. Además, a estas últimas solo les impide su ampliación si se encuentran en alguno de los supuestos antes mencionados. Es decir, la actual actividad económica de las firmas no se vería perjudicada por la aprobación de la moción.

Qué supone la ganadería para la economía de Lorca

La importancia del sector ganadero, fundamentalmente porcino, es enorme para esta localidad murciana de unos 96.000 habitantes. Es su principal motor económico y supone el 50% de toda la carne de cerdo que produce la Región de Murcia. Según ha podido recabar El País, en Lorca existen cerca de 1,5 millones de cabezas de porcino repartidas en unas 1.500 granjas, de las que entre 600 y 700 tienen más de 2.000 cabezas cada una. En términos de grandes explotaciones, y según los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) que recoge el Datadista, el municipio cuenta con 40 explotaciones de porcino de cebo y 10 de madres reproductoras.

El quién es quién dentro de la protesta

El día de la moción había sido convocada una manifestación de la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Lorca (Adespolorca). No obstante, la treintena de personas que irrumpieron en el edificio municipal no representaban a este colectivo que reúne a cerca de 800 profesionales. Formaban parte de un grupo que se separó del cerca de medio millar de manifestantes tras sortear por la fuerza el cordón de la Policía Local. Así, accedieron hasta la cuarta planta entre gritos y amenazas de incendiar el edificio.

Dos ediles presentes aseguraron a la Cadena SER que recibieron amenazas de muerte por parte de algunos de los asaltantes. Se trata de José Luis Ruiz Guillén (PSOE), concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, y Pedro Sosa, concejal de Izquierda Unida. “Nos gritaron ‘gandules, os vamos a matar’”, aseguró Sosa en ‘Hora 25’.

Por otra parte, ya han comenzado a salir a la luz declaraciones de algunos de los implicados en el asalto. Según ha dado a conocer La Sexta, dos de ellos forman parte de las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Además, tal y como desveló Radio SER Murcia, uno de los asaltantes ha mostrado su arrepentimiento y ha denunciado una campaña de desinformación y manipulación. Se trata de Pedro Giner, gerente de la quesería lorquina El Roano, quien ha reconocido sentir vergüenza ante las imágenes. “Nos dijeron unas cosas que no coincidían con la realidad”, aseguró.

La responsabilidad legal de los implicados en el asalto

De momento, se han producido cuatro detenciones en el marco de los hechos y se ha identificado a seis personas. El primero en declarar es un ganadero que ya ha sido puesto en libertad condicional con cargos después de que se entregara él mismo a las fuerzas del orden. Lo hizo tras conocer que su rostro era visible en distintos documentos gráficos captados en cámaras y teléfonos móviles. Este miércoles, otros tres participantes han prestado su declaración tras el arresto.

Con todo, se esperan nuevas detenciones, puesto que la Policía Nacional y la Local están analizando múltiples imágenes y grabaciones para tratar identificar a todos los participantes en el tumulto. Las grabaciones están siendo cotejadas con las de las cámaras de seguridad del edificio del Centro de Desarrollo Local, El objetivo es el determinar cómo y por orden de quién se desató el asalto de los ganaderos al interior del inmueble.

El Ayuntamiento de Lorca ya ha anunciado que se personará en la causa judicial contra los asaltantes mediante la interposición de una querella criminal. Los servicios jurídicos del ayuntamiento han emitido un informe que recoge que el asalto al pleno y los actos de protesta previos pueden ser constitutivo de delito en aplicación de los artículos 505, 514, 550 y 556 del Código Penal. En esos artículos están tipificados delitos de coacciones y amenazas a corporaciones locales, contra el ejercicio de la legítima libertad de reunión, de incitación al odio, resistencia y desobediencia grave a la autoridad.

La posición de Partido Popular

Otra de las claves de este incidente ha sido la postura del Partido Popular al respecto. En un primer momento, su representante a nivel local mostró su apoyo a los ganaderos, pero justificando en cierto modo lo sucedido. Su reacción ha sido la de descargar la culpabilidad en el PSOE.

El portavoz del PP y exalcalde de Lorca, Fulgencio Gil, había asegurado tras los incidentes que su partido rechaza “cualquier altercado que se haya producido, pero que “en ningún caso debe distorsionar la legítima protesta de los ganaderos”. Además, en un vídeo compartido en redes sociales también había opinado que “el campo ha estallado contra los continuos ataques del PSOE” afirmando que “no se puede gobernar permanentemente de espaldas a la gente”.

No obstante, en el plano autonómico, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado este miércoles su condena por los actos violentos. La misma línea en la que se ha pronunciado el líder del PP, Pablo Casado. “Nosotros condenamos cualquier actitud violenta”, ha precisado para puntualizar que “eso lo separo a que compartimos las reclamaciones pacíficas de los agricultores y ganaderos”.