Ciudadanos desbloquea la derogación de la Ley Mordaza

Lo denunció a principios de mes Amnistía Internacional: el "uso abusivo" de las leyes de España ha disparado el número de condenados por enaltecer el terrorismo o por humillar a las víctimas en Internet. Ha habido 119 casos desde 2011, más de la mitad concentrados en los dos últimos años. Artistas, creadores, periodistas, usuarios de las redes sociales... Caen y son "silenciados" por las nuevas normas, más estrictas, o acaban autocensurándose, limitando su propia libertad de expresión. La ONG señala claramente dos culpables: los nuevos artículos introducidos en el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

A esta última, si avanza en el Congreso de los Diputados el proceso que trata de derogarla, le pueden quedar poco más de nueve meses de vida. El PP ya no tiene la mayoría absoluta de antaño y los partidos de la oposición -que mayoritariamente tienen el articulado recurrido en el Tribunal Constitucional- se han unido para tumbar una de las leyes más polémicas de la pasada legislatura.

La maquinaria ha echado a andar gracias a dos proposiciones de ley, una del PSOE (que quiere borrar toda la norma y volver a la Ley Corcuera) y otra del PNV (que plantea retocar 44 de los 54 artículos). Ambos textos llevaban tiempo debatiéndose pero si ahora han salido adelante es porque Ciudadanos ha dado su brazo a torcer, se ha abstenido en la votación del primer texto y ha dicho sí al segundo.

Los naranjas eran la llave: durante ocho meses, el partido de Albert Rivera ha ido de la mano del PP en las diversas peticiones en la Mesa de la Cámara Baja para prolongar sucesivamente los plazos de enmiendas. Así, prórroga tras prórroga, la parálisis se hacía en costumbre. Era imposible sacar adelante esta derogación o la de la prisión permanente revisable.

Sin embargo, el distanciamiento entre populares y ciudadanos de las últimas semanas a causa de Cataluña, la ley electoral, la financiación de las formaciones, la equiparación salarial de cuerpos policiales y otras cuitas del presupuesto -por poner sólo un puñado de ejemplos- ha llevado a los de Rivera a tensar la cuerda y alinearse con el resto de la oposición contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. También con la Ley Mordaza.

¿Pero qué es la Ley Mordaza?

La Ley Mordaza, aprobada en marzo de 2015 y que entró en vigor en julio de ese año, es un articulado que incluye 44 conductas, divididas entre muy graves, graves o leves, que pueden ser sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros. Con ellas, se supone, se trata de ganar en seguridad, pese a que organizaciones de derechos humanos como la propia Amnistía Internacional, de profesionales como Reporteros Sin Fronteras o de juristas como Jueces para la Democracia la rechazan por "excesiva", "contraria a las libertades", "escasamente democrática" o "limitante de derechos esenciales". Hasta el Defensor del Pueblo y la ONU se han quejado de las penas excesivas que contempla.

Los puntos esenciales de la norma son los que siguen:

Protestas sin permiso: Quien organice movilizaciones no autorizadas puede afrontar multas que van desde los 30.001 hasta los 600.000 euros, en función de dónde se hagan. Por ejemplo, se consideran muy graves y se penan con las multas ya citadas las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en "infraestructuras o instalaciones donde se presten servicios básicos para la comunidad" y sus inmediaciones, una de las formas clásicas de protesta de algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace, por ejemplo. Son graves -de 601 a 30.000 euros- la perturbación del orden; las concentraciones no comunicadas frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos; obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, que traducido, como apunta la plataforma No Somos Delito, equivale a tratar de parar un desahucio pacíficamente; la desobediencia o resistencia a la autoridad, como una sentada; negarse a disolver una manifestación -que puede ser insistir en la sentada-; la intrusión en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia u obstrucción en su funcionamiento. Y finalmente son consideradas leves (de 100 a 600 euros) las manifestaciones y reuniones no comunicadas; incumplir el itinerario previsto en una manifestación; faltar el respeto a las fuerzas de seguridad; okupar, lo cual incluye casos como plantarse en una oficina bancaria y decir "de aquí no me muevo hasta que negociemos este desahucio"; y escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

Movilización desde las redes sociales: El llamamiento en redes como Twitter, Facebook o Instagram a iniciar una manifestación que no tenga permiso también será multado, con cantidades similares a las de quien convoque por otras vías. Escribir un tuit o hacer un retuit de la convocatoria de una protesta, aunque sea con un fin informativo, puede conllevar una acusación de terrorismo, por extensión, porque no sólo las acciones de resistencia como paralizar un desahucio estarán consideradas actos de terrorismo, sino también difundir públicamente "mensajes (...) que (...) por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo". Con en el caso anterior, hacerlo a través de internet o las redes sociales será un agravante.

Fácil disolución: La indefinición de la Ley de Seguridad Ciudadana permite que la policía pueda hacer una libre interpretación del texto para disolver una protesta, denuncian sus opositores. Se podrá alegar siempre que existía una situación de emergencia y basta con que haya una persona con cualquier objeto que se considere peligroso (una bandera, una pancarta), para que la Policía decida disolver la reunión por presunta alteración del orden.

Irrumpir en actos públicos: Quien haga aparición en actos como mítines, espectáculos deportivos o de tipo religioso será penado con entre 601 y 30.000 euros. Mismo importe tiene la sanción para quien se niegue a ser identificado por la policía.

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Fotos no: Se condena la utilización no autorizada de imágenes de agentes que pudieran poner en peligro la seguridad personal o familiar de los policías de las instalaciones protegidas o que puedan poner en riesgo una operación. determinada. Está prohibido el "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La norma considerará grabar o fotografiar a la policía y difundir las imágenes, falta grave, multada con hasta 30.000 euros. El texto hace mención al "respeto a la libertad fundamental a la información" en este artículo, pero la inclusión de este punto en el artículo 36 genera serias dudas sobre las consecuencias de publicar imágenes de abusos policiales en las redes sociales, por ejemplo. Los agentes sí pueden grabar a las personas "de acuerdo con la legislación vigente en la materia".

Frenar un desalojo: Quien impida un desalojo (sea con una resolución administrativa o judicial) estará penado con multas de entre 601 y 30.000 euros, como las de las protestas no autorizadas.

Cuidado con el DNI: El documento nacional de identidad debe estar bien custodiado por el propietario, dice la ley, por eso se pena a quien lo pierda tres veces. En caso de no tenerlo si es solicitado por las autoridades y no está dentro de las pertenencias que un transeúnte lleva encima y no haber denunciado su robo o pérdida, también se considera una falta.

Sin consumo de alcohol en la calle (botellona): Beber en la vía pública puede ser castigado con hasta 600 euros según esta ley. Si quien bebe es menor de edad, la cantidad deberán abonarla sus padres, no se perdona.

Marihuana, tampoco: Fumar un cigarro de marihuana en locales o en transporte público, es decir, en umn espacio no privado, es perseguido con multas que van desde los 601 hasta los 30.000 euros.

Abandonar muebles en la vía pública: Obstaculizar las calles con mobiliario, coches abandonados, contenedores, neumáticos u otros objetos tampoco está ya permitido.

Punteros láser: Se considera falta muy grave (de 30.001 a 600.000 euros) proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores de transporte público.

Lista negra: La ley prevé que se cree un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana "a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia". Al igual como las personas condenadas por un delito -y condenadas por el juez- tienen en su expediente antecedentes penales, las que cometan una infracción administrativa también quedan ahora registradas.

Balance de actuación

Según los datos aportados por el Ministerio del Interior, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado habían impuesto 285.919 multas -por un importe total de más de 131 millones de euros- en los dos primeros años de aplicación de la norma. El mayor número de denuncias por aspectos regulados por la Ley Mordaza son por asuntos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas en lugares públicos, aunque también se han registrado casi 23.000 sanciones por "faltas de respeto y consideración" a agentes del orden y casi 16.500 por desobediencia, por valor de 3,47 y 10,15 millones de euros, respectivamente. En total, unos 13,5 millones en sanciones a ciudadanos que se han enfrentado a la autoridad.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) denunció en su momento el rápido incremento de estas multas: en 2016 los agentes impusieron 12.094 multas por "desobediencia y/o resistencia a la autoridad", lo que supone una media de 33 sanciones cada día, frente a las 4.311 multas que hubo en los seis primeros meses de vigencia de la ley en 2015, una media de 24 cada día.

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¿Qué se quiere cambiar? ¿Quiénes lo quieren cambiar?

En el verano de 2015, inmediatamente después de la entrada en vigor de la ley, el texto fue recurrido al Tribunal Constitucional por PSOE, IU, UPyD y el Grupo Mixto, prácticamente toda la oposición de aquel momento. Las formaciones argumentaban que la norma estaba "prevista para frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones" de los ciudadanos, con afán de control más que de seguridad.

Como aún no hay resolución al respecto, el PNV y el PSOE decidieron, en paralelo, presentar sendas proposiciones de ley en la Cámara Baja, que hace días salieron adelante con los votos en contra del PP (131). Las dos propuestas deben ir ahora a comisión, donde los grupos han de acordar un único texto refundido. Por eso se cree que no estará listo hasta finales de este año, porque hay muchas enmiendas que analizar y mucha terminología que cuadrar al gusto de todos. Una vez que se tenga el texto remozado, debe pasar al Senado.

Lo que defienden los socialistas, en palabras de su portavoz en la materia, Antonio Trevín, es derogar los artículos "lesivos" para los ciudadanos, "pura paranoia autoritaria", a su entender. Se centran sobre todo en acabar con la disposiciones que permiten que a los periodistas se les requise el material gráfico que tomen en una concentración; imposibilitar los registros personales en lugares públicos, "dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública", denuncian; acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las Fuerzas de Seguridad o impedir las devoluciones en caliente, también incluidas.

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Ciudadanos, que ha presentado un centenar de enmiendas, ha defendido a través del diputado Miguel Ángel Gutiérrez la necesidad de "reforzar las garantías de los ciudadanos en casos de registros corporales, en relación al agente que puede practicar esos registros e incluyendo la prohibición de la desnudez". "La situación de urgencia no puede justificar, en ningún caso, el incumplimiento de estas garantías mínimas de la dignidad de todo ciudadano", añaden. No tiene tan claro que haya que cambiar las disposiciones sobre las fotos a los policías o las protestas ante edificios representativos, por ejemplo, y, por otro lado, ha ampliado el debate, abogando por añadir más "conductas sancionables" ahora no contempladas, como que el abandono o maltrato de animales domésticos o asilvestrados sea considerado infracción grave.

Unidos Podemos, por su parte, ha presentado 65 de enmiendas al texto del PSOE y cerca de medio centenar al del PNV. La suya es una postura que va más allá de los detalles: rechazan de plano el fondo de la ley, la preponderancia de la supuesta seguridad sobre las libertades y derechos del ciudadano. Pero también sus detalles marcan la diferencia: quieren impedir el uso de pelotas de goma por parte de cuerpos policiales, que los agentes estén obligados a identificarse si se lo pide un ciudadano, que no haya necesidad de informar de una manifestación, que sea obligatorio avisar de cuándo se va a efectuar una carga, que se deje difundir las fotos de agentes y, por supuesto, nada de devoluciones en caliente. Un todo que tumbar, muchos añadidos que hacer.

Con este panorama en los principales partidos del arco parlamentario, el PP cree que puede estar relativamente tranquilo. Casi ha mostrado más su enfado en público por el cambio de jugada de Ciudadanos que por el hecho en sí de que sigue adelante la derogación de la Ley Mordaza, a tenor de las declaraciones del portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Es "delirante y contradictorio", dijo, que Ciudadanos pida por un lado la equiparación salarial de policías y guardias civiles y, por otro, permita la derogación de una ley que trata de proteger a esos mismos agentes. "Lamento que se hayan unido a los grupos de izquierda y se haya sumado a esta misma fiesta", denunció.

Los populares creen que las desavenencias entre la oposición harán imposible cuajar un único texto. Aspiran a que se hagan algunas modificaciones -algo a lo que se mostraron dispuesto hace ya dos años, justo tras su entrada en vigor- pero manteniendo el espíritu de una norma impulsada por uno de los ministros más duros que ha tenido Rajoy, Jorge Fernández Díaz. De momento, como mínimo, el texto se va a ver sometido a un debate intenso, lejos del rodillo rápido que sirvió para su aprobación por mayoría absoluta, sin fisuras. Los tiempos han cambiado.

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