Cinco años de lucha contra la exclusión
Este mes abril se han cumplido cinco años de una de las decisiones más significativas y crueles adoptadas por el gobierno del Partido Popular. Cuando en 2012 la crisis económica azotaba con mayor virulencia, optó por castigar a los más débiles. Así, restringió el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, como si esa condición administrativa implicara la supresión de derechos. Gobernar conlleva decidir. Cuando en situaciones difíciles, como una crisis económica, en vez de proteger al vulnerable se le penaliza, se establecen prioridades, se impone una ideología y se retrata una manera de ver y articular la sociedad. En estos tiempos de interesadas confusiones y postverdades, hay que dejar más claro que nunca que hay diferentes maneras de hacer política. Abismos entre unas y otras.
Cuando hace dos años, el Gobierno valenciano del cambio comenzó su andadura, la primera acción fue restablecer la universalidad de la asistencia sanitaria. ¿Es lo mismo restringir un derecho que recuperarlo? Más de 16.000 personas que se quedaron excluidas del sistema por las decisiones del PP, tienen garantizada ahora, con independencia de su situación, la atención sanitaria en la sanidad de la Comunitat. La respuesta del Gobierno de Rajoy fue interponer un recurso contra la Generalitat valenciana sustentado en las diferentes competencias de las Administraciones. En marzo del pasado año, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar, tal y como habíamos solicitado desde la Generalitat Valenciana a la espera de sentencia.
Hasta entonces, antes y después, hay que dejar claro que, para el Gobierno presidido por Ximo Puig, no hay competencia que esté por encima de aquella que restituye los derechos de la ciudadanía, y ha obrado en consecuencia. La sanidad ha de ser un derecho universal que no atienda a condiciones de origen ni a condicionantes económicos. La concreción de este principio fue el decreto de julio de 2015, que abría un nuevo camino en la sanidad pública de esta Comunitat después de más de veinte años de abandono, recortes y privatizaciones.
Cuando el Gobierno central restringe derechos y el Gobierno de la Comunitat Valenciana los fortalece y amplía, deja las diferencias marcadas y las prioridades claras. Aunque Rajoy en el Debate del Estado de la Nación de 2014 calificaba la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular como la mejor de la UE, prevalece la tozudez de los hechos.
Aun cinco años después, y aunque en la Comunitat Valenciana se haya articulado una solución, es necesario seguir exigiendo la derogación del Real Decreto 16/2012 de la exclusión sanitaria. Que no fue una medida de eficiencia o sostenibilidad, sino una medida de exclusión y desigualdad que perjudica la salud individual y comunitaria.
Ni los recursos en los tribunales del Gobierno de la derecha, tanto por la universalidad como contra las ayudas frente al copago, ni las críticas carentes de argumentos y sobradas de decibelios del PP en la Comunitat van a desviar el camino de recuperación de derechos del gobierno del cambio. Con la salud de las personas no se juega. La sanidad pública valenciana es hoy más fuerte, más justa y más solidaria de lo que era hace dos años. Ese es el objetivo y, sin duda, norte de un camino hacia una sanidad 'de' y 'para' todos y todas.
