Chile: Contra la violencia, un nuevo pacto social

Por Dante Contreras, Alfredo Joignant, Diana Kruger, Ignacio Cáceres, Luis Valenzuela, María Luisa Méndez, Paula Luengo, Roberto González y Valentina Paredes:

La secuencia crecientemente intensa de protesta y movilización social que hemos presenciado durante los últimos días obliga a examinar las bases sobre las cuales pensamos la cohesión social en Chile.

Nuestra vida en común, como en muchas sociedades contemporáneas se ordena cada vez más en torno a la experiencia de la desigualdad. La fisonomía de Santiago, por ejemplo, es el resultado de décadas de segregación socio-espacial que implica largos trayectos para llegar a casa. Lo que hemos visto estas últimas horas es que el límite de la tolerancia a múltiples expresiones de la desigualdad se movió de forma contundente y aparentemente definitiva.

Elementos subjetivos como las percepciones de desigualdad y pertenencia pueden afectar la confianza en las instituciones y la democracia. De forma importante, la percepción de que el voto tiene alguna influencia –o es un deber ciudadano–, ha venido decayendo sostenidamente en los últimos años, del mismo modo que la confianza en las instituciones. Las investigaciones del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) han evidenciado que este malestar incluye una creciente crítica a las elites y a quienes encarnan la autoridad o el poder.

En la búsqueda de soluciones, la CEPAL ha sostenido que los tres pilares de la cohesión social democrática actual debiesen ser la inclusión social, la gobernanza y la pertenencia. Este último ámbito, “la pertenencia”, resulta altamente desafiante pues involucra no sólo la reducción de brechas materiales, sino que re-pensar el lugar de lo subjetivo, de la autonomía y de la dignidad de las personas.

Reconocer la demanda de un trato más digno será fundamental para enfrentar los desafíos de la cohesión social actual en Chile.

Las ciencias sociales han demostrado que la tolerancia y justificación de la desigualdad en Chile ha estado anclada en la experiencia de movilidad social de corto recorrido experimentada por una parte no menor de la población. Sin embargo, la percepción de la desigualdad, que tradicionalmente ha sido muy significativa entre las personas más ricas, en la última década se ha agudizado también entre los pobres.

Por otra parte, el principio de la meritocracia, cuya aceptación se ha extendido, enfrenta hoy el desafío de demandas por mayor seguridad frente al futuro laboral incierto, problemas médicos, etc. Y se ha visto fuertemente debilitado por la constatación de privilegios asociados a los grupos más altos. Las personas perciben que estos grupos realizan pocos esfuerzos para mantenerse en su posición y transmitirla a sus hijos; y cuentan con una protección ante las dificultades y los riesgos que el resto de la población no tiene.

Así, el discurso del esfuerzo personal, de “levantarse más temprano”, se tambalea, incapaz de legitimar vivencias dolorosas derivadas de formas de discriminación arbitraria e incertidumbres. Es un saber extendido que Chile es un país donde cerca del 25% del ingreso que genera la economía lo capta el 1% más rico de la población, lo que corre intersectándose con la concentración del poder político, la sobrerrepresentación de los grupos de mayores ingresos y un sistema educativo segregado y estratificado desde la educación primaria.

No cabe duda que las demandas desafían no sólo al actual gobierno, sino que tensionan a un Estado enflaquecido o débil en muchos frentes, que fue cediendo paulatina y sostenidamente su protagonismo como actor cohesionador. Por ello, fortalecer este rol, evitando cualquier idealización ingenua, es un paso clave para mirar adelante como sociedad. Reformas sociales redistributivas aún no vistas podrían ayudar a desanudar el entramado de la desigualdad, el conflicto y la cohesión social democrática e inclusiva.

Debemos centrar la mirada en lo que llamamos “lo blando”, “lo subjetivo”, la vivencia cotidiana de frustración y falta de trato digno. La tarea es salvar los obstáculos que impiden que el tercer pilar de la cohesión social, “la pertenencia”, tenga un espacio satisfactorio y un horizonte futuro.

Si no confrontamos de forma decidida la desigualdad, la segregación y la falta de oportunidades con un nuevo pacto social, se seguirá erosionando la convivencia en el país. U

na convivencia social democrática se basa en crear las condiciones que minimizan la probabilidad del recurso de la violencia. Las instituciones tienen aquí un papel central, como agentes coadyuvantes en la producción del vínculo social con fuertes bases cívicas. Para ello, es urgente convocar a una conversación sincera, profunda y socialmente inclusiva.

Los próximos días estarán cargados de situaciones que no solo tensionarán a las autoridades, sino que afectarán nuestra cotidianeidad y las relaciones con otros.

Será fundamental evitar discursos simplificadores y que polaricen las posiciones. Todo lo que podamos hacer en el sentido de facilitar la convivencia en los distintos espacios de interacción microsocial será la base para la generación de nuevos pactos que ayuden a abordar los desafíos de cohesión arriba mencionados.

Chile lo merece, y el Gobierno en particular y la sociedad en su conjunto, deben ponerse a disposición de forma generosa para superar esta situación.