¿Certificado verde?: con garantías, gratuito y no discriminatorio

Se cumplen 70 años del Tratado de París de 18 de abril de 1951, en el que todo empezó. Es el punto de partida de esa “historia de un éxito” con la que a menudo se explica la experiencia de superación a escala continental de los devastadores conflictos de la primera mitad del siglo XX que nos explicó Tony Judt. La CECA (MontanUnion, como se le conoce en la jerga del núcleo fundador francoalemán), aunque oficialmente caducada en 2002, fue en su día el embrión de la integración supranacional luego jalonada en los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957 (TCEE y T. de Euratom) y sus sucesivas revisiones (Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa...). Se trata, a lo que se ve, de una construcción siempre abierta e imperfecta, que, como un work in progress, se encuentra desde entonces incursa en una permanente “crisis de crecimiento”, en modo que pareciera que “Europa” es una idea aún hoy pendiente de “una reforma (más) de los Tratados”.

Coincidiendo con este aniversario, se lanza la Conferencia sobre el futuro de Europa comprometida por la Comisión Von der Leyen (VDL) en la investidura de su presidenta ante el Parlamento Europeo (PE). Se ha dispuesto para ello una plataforma digital que convoca al conjunto de la ciudadanía europea (ONG, activistas, universidades, think tanks...). Aunque el objeto de la conferencia no incluye la reforma de los Tratados, es inevitable que la expectativa generada desemboque en reformas institucionales que mejoren el actual proceso de decisión (superar la unanimidad, refuerzo de la dimensión exterior de la UE).

Cuando la Unión Europa se enfrenta así a un enésimo reto de madurez y voluntad, puede afirmarse que si hay un ámbito en que su proclamada vocación de relevancia global manifestada se pone realmente a prueba, ese es el desafío impuesto por la pandemia, crucial punto de inflexión que marca un antes y un después. Hemos glosado muchas veces el significado político del aumento formidable de la potencia de fuego del Marco Financiero Plurianual (MFF) 2021/2027, junto al NextGeneration EU —750.000 millones de euros de endeudamiento común: el plan de recuperación de cuyos fondos pende tanto en España— y el reglamento de condicionalidad al estado de derecho. Este arsenal ha conformado un paquete de respuesta no solo inédito hasta ahora, sino distinto (y mejor) al arbitrado en su día ante la Gran Recesión en 2010 mediante la criticada política de austeridad (austerity-only policy) que tanto daño causó a la ciudadanía europea y a la entera causa de esta UE cuyo proyecto se remonta a aquel Tratado de París de 1951.

Ahora, el reto mayor es cómo implementar a tiempo —y con éxito— la estrategia diseñada por la Comisión VDL para la negociación con las grandes farmacéuticas y la firma de contratos de producción y distribución de vacunas, a las que hemos fiado la esperanza de dejar esta pesadilla atrás. El malestar espoleado por los sucesivos retrasos y gruesos incumplimientos de los calendarios pactados suscita dos líneas de crítica de las que se hace eco el Parlamento, y que hago mías como presidente de la comisión LIBE (competente sobre Schengen y derechos fundamentales) y ponente del llamado certificado verde.

De un lado, la falta de transparencia ha multiplicado las teorías conspirativas que ven en los extraordinarios beneficios (e incremento del valor bursátil) de las grandes farmacéuticas una difusa sospecha de causalidad de la prolongación (si es que no del “origen”) de la crisis de la covid como seísmo económico y social cuyos estragos están todavía por cuantificar. De otro, crecen las voces —entre las que me cuento— que apelan a los mecanismos de emergencia e intervención coercitiva de la UE y sus Estados miembros para facilitar la licencia obligatoria del derecho de propiedad intelectual e industrial de las patentes de vacuna y multiplicar el ritmo de producción y distribución —muy por debajo del contratado y publicitado— para decepción de millones que ven así retrasarse la ansiada luz al final de túnel.

Como corolario de esta perturbadora mescolanza de fatiga de pandemia y hartazgo generalizado de las medidas unilateralmente impuestas por los Estados para restringir la más preciada libertad de la ciudadanía europea, la libre circulación (derecho fundamental, art. 45 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE), ha arrancado esta semana en el Parlamento Europeo (PE) el debate sobre el certificado verde digital (Green Certificate), conocido en algunos medios como pasaporte covid con una terminología tan inapropiada como equívoca. No es tal cosa el certificado verde con un objeto acotado por sus limitaciones, se trata tan solamente de una herramienta provista de datos y alcance homogéneos en todos los países que aspira a estimular la recuperación de confianza —en la actualidad tan maltrecha, tanto entre los Estados como en la ciudadanía— a la hora de “atreverse” a intentar “moverse”, esto es, viajar de nuevo dentro del espacio de libre circulación (arts. 21, 45 y 67 a 89 del TFUE). Porque esa confianza es sustrato de la restauración de Schengen y, consiguientemente, de la libre circulación que tanto echamos de menos (con insufrible intensidad desde que la hemos perdido), desde nuestra convicción como legisladores de que sin ella no habrá recuperación económica ni reparación de las desigualdades sociales exasperadas por la pandemia.

Desde el Parlamento hemos fijado, en su procedimiento legislativo por la vía de urgencia —solicitado por la Comisión para su aprobación en junio— las enmiendas a la iniciativa que estimamos más relevantes: financiación pública para eliminar el riesgo de su costo discriminatorio con cargo al bolsillo de la ciudadanía; garantía de derechos de la privacidad y protección de datos con limitación del propósito, y utilización de esos datos de vacunación o inmunidad; y establecimiento de un marco temporalmente limitado (sunset clause) de validez del instrumento, con un mandato de revisión a la vista de sus resultados.

Una consideración importante para el Parlamento. Resulta simplemente intolerable que, en medio de los estragos producidos por esta crisis, prospere irrefrenablemente el volumen de negocio de las grandes farmacéuticas y laboratorios privados que practican pruebas de covid.

Los test que son obligatorios no son, sin embargo, gratuitos, de modo que el efecto disuasorio o paralizante que tienen sobre la iniciativa de transitar entre las fronteras interiores de la UE se ha hecho incrementalmente cada vez más discriminatorio a medida que se ha prolongado la situación, toda vez que solo pueden emprender la aventura de ejercitar de nuevo la movilidad entre fronteras interiores de la UE aquellos que pueden pagar los costes escandalosamente prohibitivos de las PCR o pueden hacerse reembolsar.

¿Acaso tiene sentido, por poner solo un ejemplo, que la en la actualidad sea más caro el test negativo de covid —que, no se olvide, es obligado— que un billete de ida y vuelta Canarias/Madrid con descuento de residentes? ¿Es eso aceptable, o justo? Si la respuesta es no, está claro que ante este problema la UE debería intervenir legislativamente, proporcionando en su caso los créditos presupuestarios para remover barreras de discriminación estrictamente económicas por causa de poder de pago.

El crédito de la UE se juega mucho en este envite. Desde luego el exterior, pero también su legitimidad interna ante la ciudadanía.