Cataluña, al límite del derecho
España está destinada a un choque institucional en el próximo mes, cuyos efectos traspasarán el referéndum de Cataluña del 1 de octubre, su celebración y su resultado.
Pese a la opinión negativa del Consejo de Garantías Estatutarias, se ha admitido a trámite y votado la proposición de "Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república" que han presentado las CUP y Junts pel Si que pretende resolver el tránsito a la independencia una vez celebrado el referéndum y obtenido un respaldo suficiente por parte de la ciudadanía catalana. Con posterioridad al debate, se firmó la convocatoria del referéndum que se realizará en el increíblemente plazo breve de menos de un mes.
Por su parte, desde la Moncloa la respuesta ha ido, como suele ser habitual, por el anuncio de los correspondientes recursos y denuncias ante la Fiscalía. Las idas y venidas veraniegas sobre la aplicación del artículo 155 dentro del Partido Popular nos depararán material suficiente en ese mes.
El problema que hay es que, de entrada, el Gobierno de Rajoy ha planteado hasta el día de hoy la reivindicación del referéndum catalán como una cuestión jurídica, como si se tratara de un recurso contra la calificación de un Registrador de la Propiedad. Más aún, durante la tramitación del Estatuto de Autonomía se ausentó en el Parlamento catalán y su respuesta consistió en la interposición del recurso de inconstitucionalidad que concluyó con la sentencia que ha generado tantos problemas. Desde 2012 su única respuesta ha sido jurídica, con recursos sucesivos que, pese a haberlos ganado, no han hecho sino incrementar el problema político.
La cuestión catalana no es un problema jurídico
En su momento, Rubio Llorente reconocía tanto la dificultad de hacer un referéndum como la conveniencia de alterar el ordenamiento jurídico para que pudiera ser posible. El artículo que publicó en EL PAIS en 2012 (cuando todo estaba empezando y el Estado tenía unas cartas mucho mejores que las actuales) lo describía con precisión:
Y hay que saber qué mayoría hace falta y si es sobre censo o votantes o aspectos que ahora son relevantes como el plazo entre la convocatoria y la consulta y los mecanismos de participación y debate. Dependiendo del resultado, habría que determinar ciertas cuestiones de forma consensuada y aplicando el sentido común para no caer en las leyes de la estupidez humana de las que nos habló Miguel Presno hace algunos meses.
El derecho y los límites que marcan a los particulares y a los poderes públicos no pueden obviar la función central que tiene de cauce para la resolución de conflictos, como el que ahora tenemos en aquella Comunidad autónoma. Cuando el derecho no encuentra solución para resolver un problema estructural, como es el catalán, es que nos encontramos ante los límites del derecho, ante su propia incapacidad para la resolución de una controversia. Y ahí o hacemos algo (cambiar el derecho, lo que en nuestro caso será cambiar la Constitución) o el conflicto se habrá enquistado, política y socialmente, que es lo que está ocurriendo ahora. Por ello, lo planteado en su momento por Rubio, el cambio del ordenamiento jurídico para encontrar una solución política, es lo más razonable. Dicho de otro modo, un cambio constitucional.
Porque ¿ofrece alguna solución el ordenamiento jurídico que resuelva la cuestión política que seguirá estando ahí? Aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la Comunidad autónoma catalana será la noticia más desastrosa para el propio Estado, que garantizará una mayoría absoluta y con una participación mayor el día que se vuelva a reconstituir.
¿Aplicar tipos penales por mantener una posición política de carácter independentista? En mi opinión, una solución muy defectuosa sería crear mártires políticos en los dirigentes a los que se condene penalmente. O, en el mismo sentido, declarar el estado de excepción en Cataluña no parece que sirva para eliminar el deseo de votar sobre la independencia.
La continuación del proceso y una hipotética mayoría del sí a la independencia en el referéndum tampoco resultará muy relevante salvo que sea contundente y haya una altísima participación. Podría ocurrir que la proclamación unilateral de la República Catalana no tenga reconocimiento internacional y que las instituciones de España siguieran funcionando tal cual -o al menos aparentando- el día 2.
El recordatorio de que hay que hacer política no es baladí. Y hacer política no consiste en las declaraciones altisonantes que de forma reiterada vemos en los medios de comunicación.
El recordatorio de que es el Gobierno central el que tiene más obligaciones para solucionar el problema no es gratuito teniendo en cuenta que ciertas competencias constitucionales las tiene él y sólo él. La política tiene que servir para gestionar un marco de convivencia que resulte satisfactorio y que hoy ha padecido mucho. La política, la que debería haberse hecho desde hace años en la Moncloa, tiene que servir, entre otras cosas, para conseguir que parte de los catalanes que se han separado de España puedan volver a ella. Pero, sobre todo, la Política tiene que servirnos para solucionar un problema que está condicionando políticamente la vida en España en los últimos diez años y que amenaza muy seriamente con enturbiar la convivencia social.
