Calvo niega que la elección de Delgado responda al intento de controlar la Fiscalía, pero teme una "oposición irracional"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado este lunes que la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado responda a la voluntad del nuevo Ejecutivo de querer controlar la Fiscalía. “En ningún momento hemos pretendido eso”, ha asegurado Calvo en conversación informal con la prensa tras tomar posesión de su cargo en el Palacio de la Moncloa.

Calvo ha puesto en valor el perfil de Delgado para este puesto al tratarse de una fiscal de reconocido prestigio, pero ha reconocido que el Gobierno se teme de los partidos de la derecha una “oposición irracional”.

Lo cierto es que el paso directo de Delgado del Gobierno de Justicia a la Fiscalía General del Estado supone una decisión sin precedentes y le permitirá controlar, entre otros asuntos, la fase de ejecución de la sentencia del “procés” independentista en Cataluña al dirigir la labor de los fiscales del caso, en fase de ejecución tras dictarse la sentencia por sedición.

Delgado sustituirá en el cargo a María José Segarra, si bien su llegada a la Fiscalía General no es automática y deberá ser precedida de ciertos trámites que detalla tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal. Según ambas normas, Delgado deberá ser nombrada por el Rey una vez oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

Ambos trámites se dirigen a chequear si el candidato cumple con determinados trámites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y no tienen capacidad real de vetar la decisión del Gobierno.

Una vez éstos pasos se cumplimenten, Delgado pasará directamente a dirigir el Ministerio Público, donde prima el principio de jerarquía. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigió la acción de la Abogacía del Estado, que en la causa del “procés” se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petición de condena de rebelión por la de sedición -que fue la que obtuvo el aval del tribunal-, e informando después a favor de que el ex líder de ERC, Oriol Junqueras pudiera cumplimentar los trámites para ejercer de europarlamentario. Delgado salta del Gobierno a la Fiscalía General, donde podrá controlar la ejecución de la sentencia del “procés”.

La posición de la Fiscalía en este asunto podría cambiar, ya que la elección de Delgado por Sánchez parece obedecer al objetivo de superación de la “deriva judicial” del conflicto independentista en Cataluña al que se comprometió presidente del Gobierno en el debate de investidura.