Caligrafía presupuestaria
La caligrafía más fiable de la política de un Gobierno son sus Presupuestos. La traslación a números de las prioridades conforma la foto fija de lo que será su gestión. El contraste entre el triunfalismo del actual Ejecutivo central con los recursos que se asignan a partidas como sanidad o servicios sociales resulta tan elocuente como lo son los datos. En 2011, año de severa crisis económica, la partida sanitaria se elevaba a 4.263 millones de euros. En 2017, cuando, según el presidente del Gobierno, somos la envidia de Europa por la supuesta recuperación, será de 4.093 millones de euros.
Es decir, el más alto presupuesto sanitario de las Legislaturas de Rajoy, en una coyuntura internacional mucho más favorable, estará 170 millones por debajo del aprobado por el Gobierno socialista en un clima económico mucho más adverso. No hay casualidades cuando de lo que se trata es de distribuir los recursos públicos. No lo es que, por ejemplo, el Gobierno valenciano del cambio cuente para este ejercicio con más de 6.000 millones para sanidad, el presupuesto más alto de su historia, ni tampoco que, en dos años, haya aumentado en casi 600 millones esta partida. Tampoco tiene nada que ver con el azar que justo este incremento coincida en volumen con los recortes que en los dos últimos años de gestión acometió el Gobierno del Partido Popular.
La brújula presupuestaria también permite seguir el rastro geográfico de los recursos. En este caso resulta curioso, con las comillas que se quiera, ver que la Comunitat Valenciana es de las autonomías peor paradas por las directrices de Moncloa, con un recorte del 33%. Es decir, partidismo por encima de la equidad. Una forma de castigo a los adversarios que pagan los ciudadanos y ciudadanas con una infrafinanciación que, lejos de solucionarse, se consolida sin más motivo que la discrepancia política. Frente a la demanda de suficiencia financiera para las comunidades autónomas y de igualdad, reiterada en fechas recientes por el president Ximo Puig, la respuesta del Gobierno central es la negativa y negociar el cupo vasco a cambio de escaños para salir adelante.
Esta visión reduccionista de lo que debería ser y no es una política de Estado, redunda en la desigualdad territorial. No será por falta de alternativas. Cabe recordar que, en febrero de este año, desde el Gobierno valenciano se propuso una batería de medidas para articular el nuevo modelo de financiación autonómica. Entre los ocho criterios fijados estaba la armonización fiscal de las comunidades autónomas y el reparto equitativo del esfuerzo para la reducción del déficit. El objetivo prioritario sería garantizar a toda la ciudadanía la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad y con la calidad propia de sus esfuerzos tributarios.
Una política presupuestaria que antepone los intereses partidistas al bien común va justo en la dirección contraria. Hacer recaer la carga del déficit en partidas tan sensibles como la sanidad o los servicios sociales denota una forma de gestionar diametralmente opuesta a la que este Gobierno del cambio lleva a cabo en la Comunitat Valenciana. La confrontación con esa forma de distribuir el dinero público se ha concretado en hechos. La recuperación de la universalidad en la asistencia sanitaria o las ayudas frente al copago farmacéutico son claros ejemplos de ello. También es paradigmático que, contra esas dos medidas, el PP haya interpuesto recursos en los tribunales. Otra forma tan significativa como los presupuestos de hacer política.
