América Latina, donde la lucha es mujer

Lento pero seguro. Así es el paso de las mujeres de América Latina en su pelea por la plena igualdad que en la última década y, en particular, en los últimos cinco años, ha cosechado triunfos históricos: las leyes sobre feminicidios, el reconocimiento del derecho al aborto, las uniones de parejas del mismo sexo, la revisión de miles de casos de indígenas esterilizadas...

Es el suyo un movimiento que escapa de etiquetas, con la mirada en el medio urbano y también en el rural o selvático, comprometido con los pueblos originales y con los afrodescendientes, en el que pesan tanto las heterosexuales como las lesbianas o las transexuales. Quieren lo mismo.

En un momento de ebullición social general en el continente, la marea morada y verde ha destacado por estar muy bien articulada y por poner sobre sus hombros causas generales de sus respectivos países. Van mucho más allá del género, hacen comunidad. La pelea es por todas y por todos, de la educación al medio ambiente, pasando por la justicia social y, claro, por el fin de la violencia machista o los derechos reproductivos y sexuales. Por eso las mujeres son ahora un innegable actor político de primer orden.

De dónde venimos

La situación en el subcontinente dista de ser ideal. De los 25 países del mundo con tasas más altas de asesinatos de mujeres, 14 son de América Latina y Caribe. Una mujer es asesinada cada dos horas en la zona por el simple hecho de ser mujer, según datos de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). Son unas 3.500 asesinadas por año. La tasa de impunidad de estos crímenes supera, además, el 95%.

Acumula también la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes (66,5 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, sólo superada por el África subsahariana) y lejos de recortar cifras, crecen los alumbramientos entre menores de 15 años. Y soporta algunas de las normas más restrictivas en cuanto al aborto, con duras penas de cárcel en El Salvador, Honduras, República Dominicana o Nicaragua incluso para abortos espontáneos, sin que haya acceso a anticonceptivos o a educación sexual, en entornos de abuso y de altísima violencia machista. De los 36 países de América Latina y Caribe sólo seis permiten y garantizan a las mujeres interrumpir sus embarazos sin importar las causales siempre que estén dentro del lapso que no ponga en peligro su salud.

Una reciente resolución del Parlamento Europeo, impulsada por la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, constata que la violencia física o sexual se ha incrementado drásticamente en América Latina durante la pandemia de coronavirus (un 60% más de llamadas de emergencia). Y el Fondo de Población de Naciones Unidas prevé millones de nuevos casos de violencia, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y embarazos no deseados.

Cerca del 70% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia, la tasa de participación laboral femenina es de apenas la mitad que la masculina y apenas el 8% de los CEO son mujeres.

Los logros

Es verdad, queda mucho. Hablamos en general de conquistas que en Occidente se dan por seguros desde hace años, si no décadas, asentadas para mujeres como las europeas o las norteamericanas. Y, sin embargo, pese al camino por recorrer, la potencia transformadora de la lucha de las latinoamericanas y su capacidad de poner sus demandas en la agenda política y en la ciudadana están admirando al mundo.“No te sorprendas. Esta es la tierra de las guerrilleras. La que cubre los cabellos de Berta”, recordaba una pintada en las protestas universitarias de Bogotá (Colombia), el alusión a Berta Cáceres, la activista ambientan asesinada en Honduras en 2016.

“En América Latina el cambio de cultura del patriarcado está ocurriendo, pero lento, y el principal indicador de aquello es la violencia de género, en esta región el machismo mata”, afirmó la pasada semana la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), Ana Güezmes, durante una reunión regional. Subraya que en la zona hay “ganas de avanzar” y que da pasos constantes “en materia de equidad, en materia de tratados y en participación política”.

Los logros como ese se suman con esfuerzo y alegría en prácticamente todos los países. Argentina ha sido en 2020 el que ha llevado la voz cantante, con la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo, en una votación agónica que encogió el corazón del mundo.

El país acumula leyes recientes como la Micaela (2017) para capacitar en género y en violencia machista a personas que trabajen en el sector funcionarial (por más que se sigan dando casos, por ejemplo, como el de la joven Úrsula, asesinada por su expareja, policía, y cuyas denuncias taparon los colegas de uniforme del asesino) o la ley Brisa (2018), que garantiza la cobertura económica para los hijos que hayan perdido a su progenitora por violencia de género. La famosa etiqueta Ni una menos viene de allá también, de las primeras protestas de 2015. Argentina, ahora, ya no tiene miedo a hablar de “travesticidio” si es lo que hay tras un crimen.

Chile, en los tres últimos años, ha aprobado normas contra el acoso callejero, ha implantado vetos en los reguladores a la educación sexista y no inclusiva y ha vivido la toma de campus universitarios al grito de “rebelión contra el patriarcado” que han marcado la pauta en el resto del continente. Es el único país donde hasta se ha creado una formación ex profeso, la Alternativa Feminista (PAF), que ha liderado el cambio de la Constitución que aún era un legado del dictador Augusto Pinochet, un articulado que por primera vez en el mundo estará “escrita por igual número de hombres y mujeres”, señala la ONU. Un partido que nace en Las Tesis, ese grupo que ideó la performance de Un violador en tu camino, que se ha bailado y se ha gritado de Honk Kong a Madrid.

México, donde se acuñó la palabra feminicidio, justamente en las arenas de Ciudad Juárez, aprobó el pasado noviembre la ley Olimpia, un conjunto de reformas que modifican el Código Penal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de reconocer las agresiones digitales y castigar las prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las personas, especialmente niñas y mujeres. Es histórico, porque nunca antes, a escala nacional, se había hecho cuajar un articulado avalado por todas las organizaciones feministas.

El país apuntala los pasos dados en 2019 con el primer registro nacional de agresores sexuales y las protestas masivas en el DF, que obligaron a decretar por primera vez la Alerta por la Violencia contra las Mujeres, un mecanismo de auxilio. Importantes han sido también los movimientos de mujeres dentro de la “primavera” social de los dos últimos años.

Colombia ha dado también saltos importantes. No es que tenga una alcaldesa feminista y lesbiana en Bogotá, la carismática Claudia López, sino que en estos años ha tipificado el feminicidio en su código penal (2015), con penas de 20 a 40 años, y ha introducido rectificar el sexo en el DNI y en el registro civil tanto a hombres como a mujeres.

Perú, por su parte, ha roto tabúes y ha logrado justo estos días reabrir el caso contra el expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas a mujeres, ha aprobado normas para prevenir y sancionar el acoso en espacios públicos (que denuncia haber sufrido siete de cada 10 mujeres), ha establecido protocolos policiales en casos de desapariciones de mujeres y hasta se ha disculpado por negar aborto terapéutico a embarazadas que lo requerían.

En Ecuador tienen ya una ley que pretende prevenir y erradicar la violencia machista, en Puerto Rico se condena a los primeros políticos por violación (ya no hay nadie impune), y Paraguay se despereza, saca a la calle a miles de mujeres como nunca antes y hasta grita en guaraní “roikovese ha roikoveta”, algo así como “queremos vivir y vamos a vivir”, el “vivas nos queremos” local.

En Brasil pocos avances. Las brasileñas reclaman protección y, qué menos, un presidente diferente a Jair Bolsonaro, misógino declarado. Ahora pelean con un nombre en la memoria, el de Marielle Franco, la activista negra de las favelas, lesbiana y peleona, asesinada en 2018. No hay justicia, no hay respuestas, y su caso se ha convertido en un icono de todo lo que está pendiente: la justicia social, la igualdad, la seguridad. Se denuncian amenazas personales que en comunidades rurales que acaban en violencia sexual o en acoso a los propios hijos.

El pasado febrero, feministas de todo el continente se reunieron en el Foro Social Mundial y constataron lo que cuesta cada conquista y las dificultades añadidas de los últimos tiempos, como el coronavirus, el fortalecimiento de movimientos contrarios impulsados desde la ultraderecha o los movimientos católicos y el aumento de Gobiernos conservadores en América Latina.

Todo eso ha frenado la oleada que se venía cuajando desde 2018, especialmente, tanto en los social, en la calle, como en lo legislativo, en las cámaras de representación. El consejo general, sororidad aparte, es no ceder ni un palmo y seguir insistiendo en que el bien de las mujeres es el bien común. “El feminismo no va por un cauce distinto ni por un horizonte distinto, sino que es una potencia que logra reabrir el escenario de la revuelta”, señalan.