Abolición o regulación de la prostitución: un falso debate

Escribía el filósofo Michel Foucault que ‘el poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo’. Todas las tareas, en mayor o en menor medida, utilizan el cuerpo como vehículo, como árbitro que ordena y dispone la propia fuerza de trabajo. Podríamos decir que el cuerpo funciona como un elemento organizador en el reparto del poder entre el individuo y la sociedad. Pero también parece evidente que hay trabajos o partes del cuerpo con las que se realizan esos trabajos que nos abocan a unos debates de alta tensión: tal es el caso, por ejemplo, de la prostitución.

Más importante que defender la legitimidad de unas posturas u otras es el marco en el que se inserta el debate en torno al trabajo sexual. Cuando se plantean dos posiciones dicotómicas y por ende mutuamente excluyentes —abolición o regulación— se nos obliga a abandonar el pensamiento crítico, a obviar la realidad material, y a abrazar una serie de consignas donde lo importante no es tanto garantizar derechos para prostitutas o perseguir la trata con fines de explotación sexual sino machacar a la posición contraria, erigirse como la única autoridad moral con capacidad de construir mejores sociedades.

Planteamiento que nos lleva, directamente, a un escenario bélico, donde lo de menos es escucharse, donde lo más importante es colonizar el pensamiento de la otra parte.

Frente al neoabolicionismo, que defiende multas para los clientes aunque no para las putas, y el regulacionismo, que defiende inspecciones y controles haciendo que las trabajadoras sexuales pierdan capacidad de agencia, se encuentra la postura proderechos, que despenaliza todo el entorno de la trabajadora sexual y hace que la actividad se rija por las leyes generales del trabajo. Frente al modelo neoabolicionista sueco, o el modelo regulacionista alemán, se encuentra el modelo proderechos de Nueva Zelanda. ¿Pero qué repercusiones han tenido uno u otro modelo en los cuerpos y vidas de las prostitutas?

En su informe de mayo de 2016, Amnistía Internacional pone voz a una trabajadora sexual sueca —modelo neoabolicionista— que afirma que “si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Solo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo”. Una trabajadora sexual de Noruega —modelo neoabolicionista—, donde comprar servicios sexuales es ilegal pero venderlos no, afirma que “fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”.

En los modelos neoabolicionistas se penaliza todo el entorno de la trabajadora sexual, lo que acaba repercutiendo en su seguridad y en su capacidad de decisión. Bajo este modelo, las trabajadoras sexuales seguirán ejerciendo la prostitución, pero en peores condiciones y con menos seguridad. En una legislación donde todo tu entorno laboral es considerado punible, si un cliente te agrede, te extorsiona o te viola, tienes mayor reticencia a la denuncia, porque también repercutiría en ti misma, en tu estigma y en tu seguridad.

Es curioso que España, que es un país teóricamente abolicionista, haya hecho empresarios a los proxenetas en el 2000 con la legalización de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) —con el beneplácito del PSOE, abanderado actualmente de las posiciones neoabolicionistas—. En cambio, cuando se ha intentado crear un sindicato de trabajadoras sexuales esos mismos partidos y modelos teóricos pusieron el grito en el cielo. ¿Qué abolicionismo es este que hace empresarios a los proxenetas mientras señala como algo peligroso la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales?

Muchas de las prostitutas no tienen papeles ni residencia en el país donde ejercen y denunciar supondría la expulsión del país o, en el mejor de los casos, problemas con la justicia o con la policía. ¿Por qué la actual propuesta neoabolicionista del Ministerio de Igualdad de España no contempla la derogación inmediata de la Ley de Extranjería? ¿Qué supuesta protección es esa que pone el cuerpo de las prostitutas migrantes como garante de su abolicionismo?

Por otra parte, en el modelo regulacionista, que se acerca mucho a los modelos higienistas de finales del XIX, la regulación de la prostitución se justifica en base a cuestiones de salubridad y de repercusión económica en el país y en una supuesta mejora de vida de la propia trabajadora sexual. En estos modelos, la patronal sigue explotando a las prostitutas, controlando sus cuerpos a través de inspecciones y, finalmente, sometiendo a la trabajadora sexual a un mercado salvaje con una capacidad de agencia mermada, donde solo puede decidir en base a un abanico de posibilidades que le ofrece el estado a través de la patronal. El modelo regulacionista de la prostitución no protege a las prostitutas ni garantiza sus derechos, lo único que hace es fiscalizar sus vidas y sus cuerpos, al margen de sus intereses y de su agencia.

¿Qué alternativa hay a esta aparente dicotomía? El modelo proderechos que implementó Nueva Zelanda en 2003. En este país, es legal vender servicios sexuales a partir de 18 años y el trabajo sexual en la calle es legal. En el proceso que llevó a despenalizar el trabajo sexual en Nueva Zelanda, el colectivo de prostitutas del país tuvo un lugar protagónico en el proceso. ¿Con qué colectivo de trabajadoras sexuales se ha reunido el Gobierno de España?

Años después de la despenalización en Nueva Zelanda, se encargó un Comité de Revisión de la Ley de Prostitución que concluyó que “la industria del sexo no ha aumentado en tamaño, y muchos de los males sociales vaticinados por quienes se oponían a la despenalización de la industria sexual no se han hecho realidad”. En cuanto a los datos, el 90% de las trabajadoras sexuales creían que la ley les había dado empleo, derechos legales y de salud y seguridad. Un 64% encontró más fácil rechazar clientes. Y el 57% dijo que las actitudes de la policía hacia las trabajadoras sexuales habían cambiado para mejor.

En el modelo proderechos, la trabajadora sexual puede crear cooperativa y gestionar su propio burdel —es decir, no hay un empresario que fiscalice su trabajo— así como también ejercer en la calle, sin tener que esconderse —en el mejor de los casos—. En este modelo no se regula el trabajo sexual de una manera especial o diferente, se rige por las leyes generales del trabajo, y se despenaliza todo lo que rodea al mismo, contribuyendo así a reducir también el estigma ‘puta’ que rodea todo el discurso sobre prostitución y que repercute directamente en el cuerpo de las trabajadoras sexuales.

Definitivamente, debemos ser cuidadosos con la utopía. Si la pensamos como un destino, lo más probable es que pretendamos imponer ‘nuestra utopía’ al resto de la sociedad. Si efectivamente queremos garantizar derechos para las trabajadoras sexuales y reducir la trata con fines de explotación sexual, el modelo proderechos, con los datos en la mano, es el camino material —y no utópico— más eficaz para ello.

A las posturas regulacionistas de la prostitución les diría que como hijas del capitalismo salvaje que son, las seguiremos combatiendo sin descanso. A las posturas abolicionistas les preguntaría por qué les parece que lo ético es pedir la abolición del trabajo sexual y no aspirar a la abolición de todo el trabajo. ¿Qué clasismo es ese que señala solo como problemático el trabajo sexual y no todo el trabajo —fuente intrínseca de explotación de nuestros cuerpos y vidas—?

Personalmente, no entro en la lógica abolicionista o regulacionista de la prostitución que tanto se necesitan y que tanto se retroalimentan. Mi postura es proderechos, que es, por el momento, la mejor estrategia para garantizar derechos y proteger de abusos y explotación. Otro día seguiremos hablando de por qué genera tanta tensión el trabajo sexual y no otros trabajos que también están feminizados, precarizados y en los que la mujer también pone el cuerpo, como el trabajo doméstico, el trabajo rural o el trabajo textil. Pero de momento, sigamos insistiendo en escapar de este escenario dicotómico y violento en el debate sobre prostitución en el que lo importante es colonizar la postura de la otra y no proteger los cuerpos y vidas de las trabajadoras sexuales.