La jueza archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M
Considera que no hay indicios de delito de prevaricación administrativa por parte de José Manuel Franco.
La titular del Juzgado de Instrucción n1 51 de Madrid, Carmen Rodrígue-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” entre el 5 y el 14 de marzo.
También señala que Franco “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”. Añade que tampoco “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19″.
La magistrada ha tomado esta decisión tras escuchar este miércoles a Franco, que acudió a declarar en calidad de investigado, y a un total de 18 testigos que comparecieron después, entre ellos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; siete funcionarios del organismo y 10 promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.
A ello se suma la batería de diligencias de investigación que ha ordenado desde el 23 de marzo, cuando acordó admitir a trámite la denuncia de un particular, como los informes al médico forense adscrito al juzgado y a la Guardia Civil.
Ante esta decisión cabe interponer recurso ante la propia juez o ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En su declaración del miércoles, Franco aseguró que antes del 8 de marzo no había “ningún elemento” para prohibir la manifestación del Día de la Mujer, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y siempre se cumplió la ley.
Sus argumentos fueron similares a los defendidos luego, como testigos, por tres miembros de su gabinete: el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
“En absoluto puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento, que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, además cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con un derecho fundamental”, ha sostenido ante la jueza, según ha relatado los periodistas a la salida de los juzgados.
Los testigos niegan haber recibido presiones
La jueza también escuchó a varios de los convocantes de manifestaciones para aclarar el contenido de esas conversaciones con los trabajadores de la Delegación y la mayor parte de ellos, a preguntas de la Abogacía del Estado, ha negado haber recibido presiones para desconvocar, han informado fuentes jurídicas.
“Interpreté que me invitaban a cancelarla. No me dieron la orden de cancelarla”, ha explicado a los medios Moisés Fernández, de CGT Madrid, al ser cuestionado por estas presiones.
En cambio, otros como Luis Concha del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, suspendieron sus actos un día antes de su celebración, el 11 de marzo, sin haber recibido comunicación previa de la Delegación del Gobierno.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, ha advertido a la jueza que la Guardia Civil hizo una “mala interpretación” de la declaración que prestó ante los agentes que la citaron.
“Según lo que se entendía (en el informe), yo había cancelado la protesta por una llamada, pero no era así”, ha precisado, al tiempo que ha explicado que la Delegación pidió que enviara un documento para confirmar la cancelación de la protesta.
También han rechazado haber recibido presiones María Teresa Martínez, de la plataforma Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe y Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón.
Otros comparecientes como Santiago de la Iglesia del sindicato Oficios Varios del Sur CGT ha reconocido haber recibido la llamada de Delegación del Gobierno para que se replantearan una protesta.
“Les dijimos que no la íbamos a cambiar pero al día siguiente al ver el estado de alarma entendimos que la participación iba a ser menor y la cancelamos por prevenir problemas”, ha explicado a los medios.
Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja, ha recordado que entre el 12 y el 14 de marzo recibió llamadas de personal de la Delegación del Gobierno para que cancelara una “tractorada” convocada para el 24 de marzo.
Ante la negativa a desconvocar esta marcha, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla a fecha del 16 de marzo por la pandemia del coronavirus.
